Exige un consejero de la CRAC que Eliseo Villar explique en la asamblea de hoy el desvío de recursos

*El coordinador de Cochoapa, David Bracamontes no puede ser vocero porque no es una autoridad reconocida, dice Sabás Aburto

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Sabás Aburto Espinobarro exigió al coordinador de San Luis Acatlán (desconocido en una asamblea en Espino Blanco), Eliseo Villar Castillo, que responda hoy en la asamblea que convocó en Juchitlán sobre el fraude a la institución comunitaria, las detenciones de sus propios compañeros y de la fuga de los retenidos.
En una llamada a la redacción, el también activista de la región Montaña cuestionó las versiones que ha manejado Villar Castillo y “su incondicional”, el coordinador de la Casa de Justicia de cochoapa, David Bracamontes Chona en la prensa sobre los conflictos internos de la CRAC.
Exigió que en la asamblea “que convocó de forma irregular” diga cuál es el monto real del fraude al sistema de seguridad y justicia comunitario porque en enero mencionó que eran poco más de 400 mil pesos, y para febrero dijo que era de 760 mil pesos, y que habría tomado del subsidio que corresponde a la Casa de Justicia de El Paraíso, pero que muchas comunidades no han recogido por las diferencias internas.
Insistió en que explique por qué no consultó a los órganos de la CRAC para utilizar ese fondo, y que sólo dio a conocer por la presión que ejercieron las autoridades comunitarias.
“Que explique por qué no quiso informar de ese fraude ante la asamblea regional en Horcasitas el 9 de marzo, por qué se opuso a que la comisión investigadora (de dicho fraude) diera su informe en la asamblea regional, y también que aclare las declaraciones contra el gobierno del estado, ¿en qué asamblea regional se le autorizó para confrontar al gobierno del estado declarando el plan ABC?”.
El plan ABC se refiere al discurso que dio Villar Castillo a poco tiempo de que fue nombrado coordinador regional en un mitin de maestros en Chilpancingo el 11 de abril de 2013, donde amagó al gobierno del estado con la intervención de la Policía Comunitaria sino atendía las demandas del magisterio.
Aburto Espinobarro denunció que ahora quiere responsabilizar de esas declaraciones al excoordinador Pablo Guzmán Hernández, y al abogado Valentín Hernández Chapa.
También demandó una explicación sobre la fuga del exregidor de San Luis Acatlán, Fidel Lozano el 1 de septiembre del año pasado.
Recordó que en la asamblea del 31 de agosto Villar Castillo esperó a que terminara la asamblea de autoridades para hablar con la mesa de debates sobre el exregidor, que fue acusado de violación, en lugar de incluirlo en el orden del día de la sesión.
Pidió que escucharan a sus familiares porque ya había pagado varios miles de pesos, y la joven presuntamente agraviada “andaba festejando”, pero indicó que la reeducación de Fidel Lozano se acordó en una asamblea regional, y la asamblea también debía decidir sobre su libertad.
“Como no se dio la liberación en esa asamblea porque no los incluyó en el orden el día, Fidel reveló cómo Villar preparó su fuga”, mencionó.
También indicó que la Casa de Justicia de Cochoapa, en Ometepec, no ha sido reconocida por la CRAC ni se encuentra incluida en el reglamento.
Precisó que tampoco se encuentra la Casa de Justicia de El Paraíso, pero ésta sí fue aprobada en asamblea regional.
Consideró que Villar y Bracamontes Chona constituyeron la nueva Casa de Justicia sin acuerdo con la asamblea porque ya se preveía que iban a salir huyendo de San Luis Acatlán. En este sentido, aseguró que Bracamontes, quien se ostenta como el coordinador de la Casa de Justicia de Cochoapa, tampoco puede ser vocero de ningún coordinador de la Policía Comunitaria, porque no es una autoridad reconocida.
Entre otras irregularidades señaló que Villar ha sido juez, policía y comandante en el caso del fraude a la CRAC porque él mismo pidió a la secretaria que elaborara una orden de aprehensión y encabezó a un grupo para detener a Uriel Álvarez Pacheco, y citó a Eduardo Lemus en San Luis Acatlán para detenerlos por el desfalco.
Recordó que en la asamblea del 31 de agosto pasado se le ordenó a Villar que repusiera el dinero que había tomado de la Casa de Justicia de El Paraíso, que para entonces dijo que sólo era un mes pero siguió entregando dinero a Uriel y Eduardo Lemus hasta alcanzar los 760 mil pesos.
Reconoció que no saben cuánto dinero había en la Casa de Justicia de El Paraíso, porque sólo Villar sabe cuánto entregaba a cada una.
Señaló que en esta asamblea puede haber comisarios y coordinadores amenazados por Villar, porque intimida cuando las autoridades tienen opiniones distintas a las suyas.
Por ejemplo, indicó que después de la asamblea de 31 de agosto, Aburto Espinobarros recibió una llamada de extorsión para que entregara 8 millones de pesos, pero esa información sólo la tenían dos personas de la CRAC que estaban enterados de que había una solicitud de 7.9 millones de pesos a la federación para cubrir una deuda con la Financiera Rural.
Señaló que ante esta crisis están realizando una campaña de información en las comunidades sobre los acuerdos de la asamblea, con una grabación de declaraciones de coordinadores para que la gente tenga elementos y tenga una postura razonada “porque lo que se maneja en los medios no es suficiente”.
Reconoció que esta situación está afectando la dinámica de la Policía Comunitaria, particularmente de las personas en proceso de reeducación que están en las localidades, pero confió en después de este conflicto la CRAC saldrá fortalecida.