Impunidad y corrupción atentan contra los derechos humanos, alertan en foro

*En Guerrero, gran cantidad de asesinatos y atentados “ahí están esperando que se les haga justicia”, dice especialista

Karina Contreras

Mientras exista un ambiente de impunidad y corrupción en el sistema de impartición de justicia es muy difícil que los derechos humanos se respeten, se dijo en el foro “Seguridad Pública, Impartición de Justicia y Derechos Humanos” que se realizó en Acapulco.
No basta la reglamentación de los derechos humanos, que aunque es obligación del Estado que se garantice, es importante también que la sociedad se involucre, pues no hay estructura de gobierno que aguante la presión de la gente, se expuso.
En la mesa con el tema de los derechos humanos estuvieron el catedrático del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, René Jiménez Ornelas; el presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y en representación de organizaciones sociales, Urbano Lucas.
Jiménez Ornelas subrayó que la defensa de los derechos humanos debe pasar y tiene que pasar por el esfuerzo colectivo de todos, es decir, sociedad, legisladores, funcionarios, académicos, estudiantes, pues “vamos a darnos cuenta que si no pensamos en colectivo la tarea va a ser muy difícil, tardada”.
Dijo que ya basta que las autoridades sigan hablando que los homicidios dolosos van a la baja, cuando los generadores de las cifras cambiaron la tipología del delito doloso a otro tipo de homicidios.
Subrayó que “la información tiene que ver con el derecho humano a saber qué está pasando, en la media que profundicemos en conjunto, de participación ciudadana, vamos a conocer más los problemas, tenemos que conocer a fondo la violencia social para poder defender los derechos humanos”.
Insistió en que se requiere visualizar íntegramente el problema, desde las opiniones de la comunidad, de las que se saquen de los foros para poder entender y así poder defender.
Dijo que se tiene que enfrentar el tema de la trata de personas en Acapulco, la cual no nada más es sexual, sino laboral en mujeres, niños, jóvenes, porque son violación a los derechos humanos, a su libertad.
Mientras que Urbano Luca indicó que hoy los derechos humanos las autoridades los ven como moda, sin conocer de fondo lo que significan, y comentó que no es un asunto de moda sino que es una obligación que tiene el Estado.
Agregó que aunque hay avances importantes como la reforma a la Constitución del 2011, donde se incorporó la obligatoriedad del Estado mexicano de respetar los derechos internacionales, donde realmente radica el problema es en la impartición de justicia, pues la gente piensa que si hay dinero de por medio hay justicia.
Urbano Luca dijo que también está la impunidad en la que quedan muchos delitos, y subrayó que en Guerrero hay una gran cantidad de asesinatos y atentados por solo el hecho de pensar de manera diferente, y “ahí están esperando que se les haga justicia”.
Ejemplificó el caso de la desaparición en diciembre del 2011 de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, que fueron bajados del autobús donde viajaban, o el asesinato del diputado perredista Armando Chatarrería Barrera.
También está la injusticia en las policías comunitarias, pues ante el poco esfuerzo que hace el gobierno para garantizar seguridad empezaron a surgir las policías comunitarias y entonces se empezó a detener a los principales líderes de estos grupos, como Nestora Salgado y actualmente hay 12 dirigentes detenidos, recordó.
O la impunidad en que está el caso del perredista Guillermo Sánchez Nava que en el 2001 fue golpeado por una brigada del PRI, citó también.
Dijo que hay familias de desaparecidos, de quienes han sido víctimas de violación de los derechos humanos, que han hecho un peregrinar no sólo de un año sino que tuvieron que pasar 35 años para que encontraran justicia, no en el país, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Rosendo Radilla, aunque llevan cinco años esperando que se cumpla la resolución por parte del Estado.
Urbano Luca indicó que ante ese ambiente de impunidad y corrupción es muy difícil que “se pueda encaminar o se pueda transitar a un estado en donde los derechos humanos se respeten; en donde la impartición de justicia no se da y en estos casos yo creo que se requiere el involucramiento de todos, pero el principal responsable de promover y respetar los derechos humanos es el Estado”.
Finalizó diciendo que se requiere de una transformación realmente profunda del sistema de impartición de justicia, pues mientras no se castigue es una invitación para que sigan cometiendo este tipo de delitos, “el problema central está en erradicar la terrible corrupción  y la impunidad en el que se maneja el sistema de justicia”.
Por su parte, el presidente interino de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, dijo que muy poco se puede desligar de los derechos humanos y subrayó que los derechos humanos es responsabilidad de todos, no nada más de las instituciones creadas, pues la sociedad debe involucrarse en la difusión de los derechos humanos y poco a poco se está dando en diversos ámbitos.
Sobre el tema de la trata de personas dijo que es un fenómeno que poco se ha atendido.
Añadió que aunque hay leyes para sancionar, no se ha creado el consejo que viene en la ley,
Dijo que la Codehum trabaja en el tema porque es su responsabilidad, y que ha propuesto crear  de una vez el consejo de la trata de persona, pero no tuvo éxito, pero que ha seguido haciendo la tarea y trabajando con algunas organizaciones.
Indicó que también tienen que hacer su parte los padres y la sociedad, y “juntos revertir algunos de los números que son verdaderamente lamentables”.
Mientras que en la mesa de Procuración de Justicia, donde estuvo el director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Anáhuac, Antonio Núñez Ochoa, se dijo que la impartición de justicia está mal, pues actualmente 90 por ciento de los delitos quedan impunes y que el fenómeno se agudiza por un contexto de pobreza y desigualdad social.
Los ponentes explicaron que en México existen más de 50 millones de pobres y 11 millones de ellos en pobreza extrema, y persiste el desempleo, malos servicios educativos y falta de vivienda.
Además, los “medios de comunicación atienden la farándula, pero no cumplen con su labor formativa e informativa de ciudadanía”.
Señalaron que dicho contexto provoca la aplicación discrecional de la justicia, pues se castiga a quienes no cuentan con recursos para defenderse, mientras los poderosos mantienen sus privilegios y evaden la aplicación de la ley, y los gastos superfluos, el dispendio o la mala conducción económica de la clase política quedan sin castigo.
Núñez Ochoa dijo que las policías comunitarias surgen porque las autoridades han perdido legitimidad y que cuando las autoridades olvidan los valores queda “el sagrado derecho de la rebelión”.
Finalmente al clausurar el foro, el diputado federal Sebastián de la Rosa dijo que los resultados de éste serán entregados a la Cámara de Diputados y a las comisiones de cada uno de los temas para su conocimiento.
El foro fue organizado por el Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Públicas de la Cámara de Diputados en el salón Las Palmas del hotel Copacabana.