Pedirá el Cecop un préstamo para armas para defenderse de los gravilleros, dice Suástegui

Mariana Labastida

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y de la Policía Comunitaria aprobaron, en asamblea, que pedirán un préstamo para la compra de armas y cartuchos y así estar preparados para que no los vuelvan a emboscar como el viernes pasado. También votaron por recuperar las tierras ocupadas por la gravillera Kimbar el miércoles.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, vestido con camisola y chaleco antibalas militar, indicó que ya se tiene una lista de los “buitres y chacales” de los pueblos, y advirtió que estarán listos ante cualquier ataque que pueda venir de los dueños de las gravilleras.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz Cruz, dijo que estarán al pendiente de la investigación que haga la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el ataque a los policís comunitarios el pasado viernes para que se sigan los cauces legales, y consideró que hay suficientes elementos para mandar al reclusorio a los cinco detenidos.
En la asamblea en la cancha techada de la comunidad de La Concepción, el vocero relató a los asistentes los hechos del viernes en el que resultaron heridos de gravedad un policía comunitario y dos opositores, por lo que consideró que ya empezó la guerra con el propietario de la empresa gravillera Kimbar, al que prohibieron que siguiera trabajando, Humberto Marín Molina.
Suástegui Muñoz enfatizó que se requieren armas y parque porque “la guerra ya está declarada”, que se tomó la comandancia, e indicó que les llegaron armas, sin especificar el número ni de dónde provienen, así como la posibilidad de un préstamo para la compra de más armamento y cartuchos, lo cual fue puesto a consideración de la asamblea que lo aprobó.
Se le preguntó de dónde vendrían las armas, pero no respondió.
“Es un préstamo que tenemos que pagar, a ver si después no pagamos con cárcel”, dijo Suástegui Muñoz, a lo que la gente propuso que se venda grava y arena.
El opositor afirmó que hay gente interesada en comprarles el material, “por eso nos atrevemos a pedir el dinero prestado”, y dijo que cuando se tenga se indicará a la asamblea cómo se solicitó, quiénes son los avales, cuándo hay que pagarlo y qué se hará con el.
Resaltó que muchos hombres y mujeres sin armas se enfrentaron a quienes tenían armas de “grueso calibre” el pasado viernes, pero “ya no vamos a exponer a los policías a que vayan sin armas, la policía tiene que ir con armas y los pocos que llevaban no tenían parque. Yo les prometo que más tardar en esta semana tendremos en la comandancia suficientes armas para cualquier operativo”, y se comprometió Suástegui Muñoz a conseguir más chalecos antibalas como el que él portaba.
También se convocó a elaborar un rol para ya no dejar la comandancia ni los retenes solos y estar atentos a los llamados, “si algo vuelve a pasar que baje toda la gente” y no como ocurrió el pasado viernes donde al parecer algunos policías comunitarios que fueron agredidos huyeron en lugar de quedarse.
En la asamblea también se votó para que el miércoles se recuperen las tierras que ocupa la gravillera Kimbar, que se abran caminos al río y se pueda transitar por los mismos para la extracción de material pétreo.
Suástegui Muñoz recordó que “uno de los acuerdos era que si el gobierno soltaba a Domingo Bailón y sus buitres el pueblo iba a hacer justicia”, y dijo que “es la misma advertencia que le hacemos a Valle y la misma copia que le hacemos a Cadena”.
Informó que la Policía Comunitaria hizo una investigación y se tiene una lista de “buitres, caciques de la gente en los últimos 30 años se a enriquecido de Cacahuatepec”.
De la inspección que hicieron peritos de la PGJE, Suástegui Muñoz explicó que los vehículos que se encontraron están remarcados, que al parecer son robados, y por eso solicitó una investigación seria de los hechos y que caiga el peso de la ley; “pero que no quede fuera Humberto Marín, tiene que ser castigado, él es el autor intelectual de todo lo que pasa el día de hoy”.
Agregó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero “tiene que estar al pendiente de que se castigue a los asesinos, dar con el paradero de los otros sicarios que huyeron y meter a la cárcel a Humberto Marín, de lo contrario el gobernador es cómplice de este narcotraficante”.
Suástegui Muñoz informó que el policía comunitario herido, Lorenzo Ángel Lázaro, está grave, que hoy será operado porque tiene la mandíbula quebrada, y que en la misma sala se encuentran internados, en el hospital Donato G. Alarcón, algunos de los detenidos, así como Domingo Bailón Dorantes y sus hermanos que están custodiados por policías ministeriales.
Lorenzo Ángel fue uno de los tres heridos y no cuatro, como habían informado en un principio los integrantes del Cecop; el otro herido fue el conductor de la camioneta donde iban los policías comunitarios, Nemesio Valeriano Moreno, y una vecina de la comunidad de Parotillas, Yuliana Merino, de quien se sigue sin tener información de su estado de salud.
En su participación, Rogelio Téliz informó luego de visitar al policía comunitario herido, que ayer por la mañana había dado su declaración al Ministerio Público que acudió al hospital, que según lo que saben, dada la situación de los hechos del viernes, que la PGJE tendría que consignar la averiguación a un tribunal por la gravedad de las lesiones, y “consideramos que hay los elementos suficientes para que se pueda mandar al reclusorio a las personas que agredieron a los comunitarios”.
Agregó que estarán vigilantes de que la acción penal se tramite por los cauces legales, que a la procuraduría le corresponde investigar y serán coadyuvantes por si se requieren pruebas para que se tenga un buen final con el castigo a las personas responsables.

Sobre las órdenes de aprehensión

Los asistentes preguntaron de las órdenes de aprehensión, a lo que Téliz Cruz dijo que están paradas, que no les dieron información en la PGJE, “así se la lleva el estado, prácticamente esas averiguaciones previas están volando y vamos a presentar los amparos”.
De la demanda contra las gravilleras, indicó que se puso una denuncia popular en Profepa donde les pidieron que se den puntos exactos de la invasión y de los metros cúbicos que se explotan, lo cual, dijo, es responsabilidad de la dependencia realizar la investigación, y alertó que se corre el riesgo “porque siempre va a respaldar a la gente que tiene recursos”.
En declaraciones a reporteros, Téliz Cruz dijo que hay desconfianza del Cecop de que el proceso se vuelva contra ellos porque en otras ocasiones ha ocurrido, pero que los hechos “están claros”, que hay pruebas como la de radizonato de sodio a los detenidos, que al parecer dio positivo, con lo que los incriminan de “haber disparado” y que “no debe de haber ningún riesgo más que la procuraduría cumpla con su trabajo”.
“La Procuraduría no tiene que abrir otra investigación en agravio a la Policía Comunitaria de Cacahuatepec”, enfatizó el abogado, quien agregó que a los efectivos sólo les hace falta la toma de protesta pero que ya fueron reconocidos por la CRAC.
Indicó que “el estado sabe que no ha realizado su labor preventiva de delitos, por eso Cacahuatepec se ha organizado, no cumplió con brindar garantías, se sabe que estas personas son especiales y pudieran agredir al movimiento”, y que la ida del personal de la Procuraduría fue un “gesto justo, no quería que existiera un estallido social más fuerte que no le conviene”.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, alertó que pueden venir otras provocaciones contra los policías comunitarios, y convocó también a que lean el reglamento para que no se cometan irregularidades.
Finalmente se habló de la reconstrucción de escuelas, lo cual dijeron los opositores, les están pidiendo terrenos de donación y como no se tienen propondrán que los compre la Secretaría de Educación en Guerrero.