Víctor Cardona Galindo

PÁGINAS DE ATOYAC

*El primer centenario de Rosendo Radilla Pacheco (Sexta parte)

Desde los setentas la lucha por la presentación con vida de los desparecidos ha sido permanente. Pero uno de los años que más sobresalió en esa actividad fue 1994. El 10 de julio de ese año, un grupo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), acudió a casa Guerrero para entrevistarse con el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, donde exigieron la libertad de José Guadalupe Guzmán, uno de sus líderes que estaba prisionero, y un pliego petitorio que contenía: agua potable, despensas, cartón para el techo de viviendas, carreteras, puentes y el drenaje, a todo esto Figueroa dijo que sí, pero cuando llegaron al punto de la presentación de los desaparecidos políticos la negociación se rompió, el gobernador los amenazó y abandonó las pláticas.
El líder de la OCSS Benigno Guzmán contó en esa ocasión a la revista Proceso: “Le presentamos el pliego al gobernador. Dijo que a Lupe lo iban a liberar, y que el agua, las despensas y el cartón, las carreteras, el puente, el drenaje, todo eso nos lo iba a dar. A todo dijo que sí. Cuando llegó el punto de la presentación de los desaparecidos políticos, el gobernador dijo que mucho pedíamos a los desaparecidos y que a esos ya se los había llevado la chingada, que ya no tenían vuelta”.
Por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) la última semana de mayo se conmemora la Semana Internacional de Detenido Desaparecido y el 30 de agosto el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Por eso el 30 de agosto de 1994 el comité Nacional Independiente (CNI) encabezado por Aurelia Pérez Cano y Tita Radilla Martínez realizaron una marcha de las instalaciones preparatoria 22 al Zócalo, al grito de: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Leonel Aguilera escribió en El Sol de Acapulco el 31 de ese mes: “sin importarles la lluvia que caía, los familiares de detenidos y desaparecidos iniciaron su marcha frente a las instalaciones que ocupa la escuela preparatoria número 22 acompañados de un equipo de sonido con el que lanzaban consignas contra el gobierno, recorriendo la calle principal de esta cabecera municipal”.
Ese día pidieron a la alcaldesa María de la Luz Núñez Ramos que les gestionara una reunión con Carlos Salinas, solicitud que venían haciendo desde el 18 de mayo de ese año. Ahí estuvieron Elpidia Moreno González que reclamó la presentación con vida de los estudiantes Román Roque Moreno de 24 años detenido el 6 de febrero de 1976, Santiago Roque Moreno de 25 años fue detenido el 11 de julio de 1978, Leónides Moreno González y Laurencio Moreno González este último detenido el 5 de julio de 1975 en Acapulco por la Policía Judicial Militar.
Eufrasia Castillo de Jesús busca a su hermano Roberto Castillo de Jesús campesino de San Juan de las Flores detenido en el centro de la ciudad de Atoyac. Bajando del mercado lo agarró la judicial el 24 de julio de 1974. Tenía 33 años y cinco hijos. Lo llevaron a un retén de Tecpan donde estuvo cerca de dos semanas. “Mi mamá lo vio después en un retén, todo golpeado. Platicaron y al día siguiente, cuando le llevaba ropa limpia, ya no lo encontró. Desde entonces nadie nos da razón de su paradero”. Declaró Eufrasia Castillo de Jesús, a Maribel Gutiérrez.
Sus familiares buscan a Flavio Morales y Getulio Rebolledo Ocampo quienes fueron detenidos y luego desaparecidos en el cateo que el Ejército realizó a la comunidad de San Andrés de la Cruz el 23 de septiembre de 1974. Ese día Felipe Castillo también fue llevado detenido al cuartel de Atoyac, ahí platicó con su hijo Roberto que estaba prisionero. Luego soltaron a don Felipe y de Roberto jamás se volvió a saber.
Ya para 1999 la Afadem había presentado denuncias formales ante la PGR con la asesoría de los abogados Ernesto López Saure y Enrique González Ruiz. Al año siguiente con la detención de Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, el movimiento de los familiares se fortaleció porque tenían la esperanza de que ahora sí se hiciera justicia.
Por eso el 10 de septiembre 2000 en Atoyac se realizó una reunión plural de familiares de desaparecidos que exigieron castigo para Acosta Chaparro. Se levantaron muchos testimonios en los que se rememoró cómo en los setentas el mayor Escobedo, los capitanes Alcaraz y Barajas eran amos y señores de la sierra.
En esta asamblea se hicieron presentes luchadores sociales como Juan García Costilla, Eloy Cisneros y Octaviano Santiago Dionicio quienes fueron perseguidos, encarcelados y torturados por Acosta Chaparro. Los líderes de izquierda sumaron sus fuerzas a la lucha que aquí venían organizando Tita Radilla, Marcos Loza e Isaías Martínez quienes en ese entonces cada 15 días con los demás familiares de la Afadem exhibían 100 fotos de desaparecidos en el Zócalo de Atoyac y levantaban testimonios.
Ese día los familiares reclamaron que en los medios se haya dicho que Acosta Chaparro combatió a la guerrilla. “Eso no es cierto, lo que hizo fue sacar de sus casas a campesinos, estudiantes y profesionistas inocentes”.
Después los familiares y luchadores sociales formaron el  24 de septiembre del 2000 un comité al que llamaron Comisión de la Verdad para esclarecer las desapariciones. Esa reunión que se llevó a cabo en La Cueva del Club de Leones fue moderada por Marcos Loza Roldán hijo del desaparecido político Pablo Loza Patiño.
El sacerdote Pedro Rumbo Alejandri dijo: “Todos los que luchan por la justicia y por la democracia están en el reino de Dios”, eso en la misa que ofició el primero de octubre del 2000 en El Rincón de las Parotas al cumplirse 27 años de la represión a esa comunidad en la que fueron detenidos y desparecidos muchos campesinos a manos del Ejército. Por eso el sacerdote agregó en  el sermón: “que la democracia es el poder del pueblo y todo poder emana de Dios, por eso cuando se lucha por la comunidad se está en gracia de Dios”; llamó a orar por el regreso de los desaparecidos y por el descanso de los difuntos, al mismo tiempo hizo hincapié en trabajar para poner los cimientos de una sociedad más justa, donde todos tengan para vivir en sus pueblos, educación, medicinas y mejores viviendas.
Mientras se desarrollaba la misa afuera de la capilla se instaló una mampara con 140 fotos de los desaparecidos y una manta que decía: “Desaparecidos presentación. Exigimos respeto a los Derechos Humanos, civiles y políticos”, mientras una comisión encabezada por Tita, Isaías y Marcos Loza, levantaban testimonios.
Luego en ese mismo octubre del 2000 en una misa ofrecida en la parroquia de Santa María de la Asunción el sacerdote Pedro Rumbo Alejandri resaltó que “la riqueza política y militar debe ser en beneficio de todos los ciudadanos… el Evangelio invita a no apegarse a la riqueza material porque ciega el corazón y provoca injusticias”, eso lo dijo ante unos 50 familiares encabezados por Tita Radilla, Isaías, Hilario y Wilibaldo Rojas, quienes instalaron en el portal de la iglesia una exposición fotográfica de los desaparecidos.
El 23 de octubre de 2000 por la noche, dirigentes del PRD y familiares de desaparecidos presentaron ante la delegación estatal de la PGR de Chilpancingo una denuncia penal contra el mayor retirado Elías Alcaraz Hernández, por los delitos de genocidio, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y lo que resulte en agravio de civiles a quienes se les secuestró y torturó en la década de los setentas.
Familiares de desaparecidos encabezados por Enrique González Ruiz se reunieron con diputados federales, el 28 de octubre del 2000, estuvieron los legisladores del PAN: Pablo Arnaud Carreño, Saúl Yoselovitz y Gumersindo Álvarez, así como los del PRD: Norma Reyes Terán, Genoveva Domínguez, Petra Santos y Miguel Bortoni. Esa reunión fue moderada por Joel Iturio Nava hijo del desaparecido Doroteo Iturio de Jesús y Andrea Radilla Martínez hija de Rosendo Radilla. Al final se hizo una marcha que llegó hasta las instalaciones del Colegio de Policía antes el 49 Batallón de Infantería ahora Ciudad de los Servicios.
El 29 de noviembre del 2000, la Afadem entregó el primer paquete de denuncias a la PGR. Y el 20 de marzo de 2001 realizó una marcha con la participación de los integrantes de la Afadem, que partió del Zócalo de Acapulco y llegó a las oficinas de la PGR para ratificar 13 denuncias de 21 que se habían puesto con anterioridad asesorados por Enrique González Ruiz.
Luego el 22 de marzo de 2001 miembros del Afadem entre los que se encontraban Angelina Reyes Hernández, Marcos Loza y Eufrasia Castillo ratificaron 12 denuncias ante Eduardo Chávez Fragoso, agente del Ministerio Público federal en Acapulco y el 3 de abril del 2001 veinte integrantes de la Afadem ratificaron sus denuncias ante el Ministerio Público federal por desaparición forzada mismas que se adjudican a Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo.
En la celebración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido el 24 de mayo del 2001 la Afadem realizó un plantón en Zócalo de Atoyac y otro el 26 y 27 en Acapulco.
Al conmemorarse el Día Internacional del Detenido Desaparecido en agosto del 2002 se realizó una marcha mitin a las instalaciones del Colegio del Policía, el acto estuvo encabezado por Julio Mata Montiel, Tita Radilla, Ranferi Hernández Acevedo, Hilario Mesino, Graciela Mijares esposa de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga 23 de Septiembre; Alicia del Río del Comité de Madres de Detenidos y Desaparecidos de Chihuahua, Aurelia Pérez Cano de la casa de Investigación y Documentación de Violaciones a los Derechos Humanos A.C.
También familiares de desaparecidos políticos realizaron el 25 de mayo de 2003 un mitin en la entrada del cuartel de la 27 Zona Militar, donde responsabilizaron al Ejército de ser el culpable de las desapariciones forzadas en la década de los setentas. Fue en el segundo día de la Semana Internacional del Detenido Desparecido cuando los integrantes de la Afadem marcharon desde la entrada de la comunidad de El Ticuí hasta la 27 Zona Militar, donde exigieron que el Ejército saliera de las comunidades porque es signo de represión.
Los manifestantes colocaron en la entrada principal del cuartel, más de 100 fotos de los desaparecidos por el Ejército y sobre el puente del canal realizaron un mitin donde pidieron su presentación con vida. Los soldados reforzaron la entrada a las instalaciones militares, tomaban fotos y videos de todos los movimientos de los manifestantes. Ese día le tocó a Rosendo Radilla Martínez leer un manifiesto, donde señaló al Ejército mexicano como el principal responsable de las violaciones de los derechos humanos.
Meses después desde el jueves 27 de noviembre 2003, militares vestidos de civil entregaron citatorios, firmados por el capitán Ernesto Medina León, en calidad de representante del Procuraduría General de Justicia Militar, donde se requería la presencia de los familiares para recabar testimonios y comenzar el desahogo de la causa penal 1723/2002 en contra Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo por homicidio calificado cometido contra de civiles en la Base Aérea Número Siete de Pie de la Cuesta.
Con estos citatorios la Procuraduría de Justicia Militar citó a comparecer a más de 200 personas de Atoyac, que venían denunciando a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, como responsables de la desaparición de sus familiares.
El documento fue redactado en las oficinas de la 27 Zona Militar, ubicadas en la comunidad El Ticuí, y dejaba claro que la comparecencia sería en las oficinas que la Procuraduría Militar instaló en la ciudad de Atoyac. Los familiares consideraron esta acción una violación a los derechos humanos y porque evidenciaba que el fuero militar estaba por encima de la justicia civil que ejercía en ese momento la Fiscalía Especial.
Tita Radilla y su organización se negaron a acudir a la Procuraduría Militar. “No vamos a comparecer ante la instancia que desapareció a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Se trata de una pantomima para proteger a los militares responsables de estas atrocidades. El caso se tiene que ventilar ante la justicia civil, porque no hemos interpuesto ninguna denuncia ante justicia militar”.
Finalmente, integrantes del Comité de Familiares de Desaparecidos de los Setentas encabezado por Eleazar Peralta Santiago, que se formó en ese tiempo y cuyo principal objetivo ha sido la indemnización económica, fueron los únicos que acudieron al llamado de la Procuraduría Militar.