No es válida su destitución, dice Villar; los opositores son minoría

Alberto Rodríguez Guzmán

Juchitán

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, (destituido hace una semana por otro grupo de la misma CRAC, y que desde entonces no había aparecido públicamente), declaró que ésta es una institución reconocida porque la Ley 701 ampara al proyecto comunitario, y no proceden las demandas en contra de las autoridades comunitarias por privación ilegal de la libertad.
Confirmó que hay ocho demandas de amparo que presentaron familiares de los detenidos que se encontraban en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, por el delito de privación de libertad de los presos.
Indicó que los 31 detenidos que estaban en San Luis Acatlán y el 31 de marzo fueron trasladados, se encuentran en la Casa de Justicia de Cochoapa, municipio de Ometepec, pero que los familiares no han querido ir a visitar a sus presos.
“Los delitos por los que se les acusa están comprobados y registrados, por lo que no podemos dejarlos en libertad, se tiene que cumplir con su proceso de reeducación, no me preocupa lo que digan. Porque los detenidos se encuentran en buenas condiciones y se les ha dado buena atención, por seguridad de ellos decidimos llevarlos a Cochoapa, es mentira que no dejamos ver a sus familiares, si no han visto a sus detenidos es porque no han querido”, detalló Eliseo Villar.
“El equipo que los esta grillando, (refiriéndose al grupo encabezado por el consejero de la CRAC Valentín Hernández Chapa), sí dejó libres a los tres detenidos por el caso de desvío de los 760 mil pesos para la compra de armas, ya que se comprobó que ellos cometieron el fraude y al dejarlos en libertad el proceso de la investigación se atrasó, en lugar de continuar con el proceso de investigación decidieron hacerse cómplices de los delincuentes y dejarlos en libertad”, dijo Villar.
Aseguró que las declaraciones de los coordinadores que tienen tomada la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, sobre su destitución como coordinador regional, no está avalada por una asamblea regional, y por lo tanto no es válida.
Detalló que su destitución se acordó en la asamblea del 22 de marzo, pero no?es válida porque tal acción se debe de realizar con las cinco casas de justicia y en ese caso sólo estuvo Espino Blanco, y el resto de las autoridades comunitarias no reconocen lo que se pactó en la reunión encabezada por Abad Gracía Gracía.
Explicó que sólo una reunión regional puede desconocer a una Casa de Justicia.
Detalló que en San Luis Acatlán se tienen 47 comunidades en la CRAC, pero que el grupo de Valentín Hernández Chapa, desde el asalto a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán,?el 18 de marzo, sólo se quedó con 14 comunidades.
Villar recalcó que él como coordinador aún tiene mayoría de las comunidades y que  están muy interesadas en saber quién es el responsable del desvío de dinero para la compra de armas.