Incumple Aguirre el envío de maíz y otros acuerdos con los damnificados de La Montaña, denuncian

*Emplazan afectados al gobernador para que formalice una reunión el martes en Tlapa

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña denunció, mediante una carta enviada al gobernador Ángel Aguirre Rivero, el incumplimiento de acuerdos que asumió con la agrupación que van desde la dotación de granos básicos principalmente maíz, hasta las reuniones programadas para la evaluación del avance de la agenda que tiene que ver con la reconstrucción en las comunidades.
La agrupación emplazó al gobernador para que formalice una reunión para el próximo martes 8 de abril en Tlapa con funcionarios de las distintas dependencias de su gobierno encargados de dar respuesta a sus demandas.
Mientras tanto, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien ha acompañado al Consejo, declaró en entrevista telefónica que “es inconcebible” que a casi siete meses de los daños ocasionados por las lluvias de la tormenta tropical Manuel aún no exista un plan emergente que garantice la reubicación de las familias que fueron desplazadas de sus comunidades por los daños que sufrieron y que los tres órdenes de gobierno ni siquiera cumplan con las demandas más urgentes de las comunidades de La Montaña.
En la carta fechada el 3 de abril, los representantes del Consejo le plantean las “inconsistencias e incumplimientos de los compromisos asumidos por los distintos representantes de dependencias del gobierno del estado de Guerrero, que fueron asignadas por usted para atender los planteamientos más urgentes de este Consejo, a casi siete meses del paso de Ingrid y Manuel por nuestro estado”.
Por ejemplo, en el caso del programa de abastecimiento extraordinario de granos básicos, denominado Que Llueva Maíz, autorizado el 17 de febrero en Casa Guerrero por el gobernador y que, después, el 19 de ese mismo mes, anunció que para su distribución sería a través de Diconsa en 174 comunidades de 13 municipios, el cumplimiento ha sido parcial, pues la distribución comenzó el 18 de marzo y sólo en cinco almacenes, ubicados en Ometepec, Ayutla, Atlixtac, Tlapa y San Luis Acatlán.
Se dijo que la distribución total sería en  semana y media, sin embargo, “al día de hoy” (3 de abril), se tiene un rezago en la entrega de los granos en un 48 por ciento de los pueblos, “situación que ha generado desconcierto entre las comunidades del Consejo”, dice la carta.
Recuerdan que el 7 de marzo, representantes de los gobiernos estatal y federal, encabezados por Pablo González Villalba, se comprometieron a que el 24 de marzo entregarían los dictámenes para 12 comunidades desplazadas dirigidos por Protección Civil, en colaboración con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), y que informarían sobre los censos de viviendas con que cuentan las diferentes dependencias de gobierno, para cotejar estos datos con la información recabada por las comunidades del Consejo, pero denunciaron que esa reunión no se llevó a cabo y que se pospuso para el 1 de abril en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) de Tlapa, pero los representantes de las dependencias estatales y federales volvieron a cancelar la reunión “por razones que desconocemos”.
El documento agrega: “ante esta desatención y rompimiento de los acuerdos, el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña urgimos su intervención para que dicte las instrucciones necesarias para subsanar esta situación y en breve se cumplan con los acuerdos establecidos, los cuales tienen una repercusión directa en la vida de las familias de las comunidades del Consejo”.
Finalmente lo emplazan para que formalice una reunión con los titulares de las respectivas dependencias estatales y federales encargadas de atender a la población damnificada en la región, para el próximo martes 8 de abril a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la Casa Católica de la ciudad de Tlapa.
Proponen que en esa reunión los funcionarios den respuesta a sus demandas, como la entrega completa de la dotación extraordinaria de granos básicos a las 87 comunidades del Consejo que aún no han recibido la primera entrega; la programación y correcciones para el segundo mes del programa de entrega extraordinaria de granos básicos correspondiente a abril; la entrega de los dictámenes acordados de las comunidades desplazadas y de los planes de reubicación.
También piden respuesta para ese día con respecto a la revisión y cotejo de los censos de viviendas con la información recabada por el Consejo de Comunidades Damnificadas para subsanar las inconsistencias de la información oficial, “tomando en cuenta los planteamientos de las familias que perdieron sus viviendas”.
Exigen asimismo, información sobre programas de reconstrucción de viviendas que sufrieron daños estructurales; el pago a los productores de maíz, café y jamaica, cuyos cultivos fueron siniestrados y no han sido atendidos por las dependencias correspondientes.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, cuestionó que a casi siete meses de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel, el gobierno federal y estatal no cuenten con un plan “claro y preciso” para cumplir las demandas más urgentes de las comunidades de la región de la Montaña.
Denunció por ejemplo que actualmente no todas las comunidades que sufrieron daños cuenten con un dictamen del Cenapred y de Protección Civil, “es inconcebible que a casi siete meses de los daños, no haya un plan emergente para garantizar una estancia digna de los desplazados”, declaró Barrera Hernández.
Denunció que las familias damnificadas no tienen todavía certeza de la adquisición de los terrenos a donde se van a ir a vivir y dijo que esto obedece a que no hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
“Los presidentes municipales acostumbran a cooptar a los dirigentes para que desistan de sus demandas; el gobierno del estado da respuesta pero a mediano y a largo plazo, mientras que el gobierno federal, responde que sí pero que son los ayuntamientos y el gobierno estatal los que tienen que adquirir el terreno para la reubicación”, explicó Abel Barrera.
Advirtió que el Consejo está viendo como un tema central la exigencia a las autoridades que cumplan sus compromisos y que van a exigir garantías de que en verdad les van a construir sus casas, y que ya no quieren ver más indolencia y piden que se empiece cumpliendo con la distribución de los granos básicos.
Informó que comunidades como San Marcos, Metlatónoc, El Tepeyac, Malinaltepec y otras de Acatepec, por su propia cuenta están buscando su reubicación, sin estudios para determinar qué tan seguro es a donde se van a ir. Otras familias están reconstruyendo sus casas, algunas más están regresando al mismo lugar de donde salieron a pesar de los riesgos.