Investigar a fondo la violencia en Parotillas, demanda el arzobispo

*La emboscada a policías comunitarios de Cacahuatepec “complica el acercamiento, comunicación y la búsqueda de mejores condiciones para que en esa zona se tenga una vida normal”, advierte Garfias Merlos

*Pedirá el Cecop un préstamo para armas para defenderse de los gravilleros, dice Suástegui

*Fueron heridos de bala, responden familiares de uno de los detenidos que trabajan en una empresa que explota el río Papagayo

Investigación a fondo del enfrentamiento  en Parotillas, pide Garfias a autoridades

*Lamenta el arzobispo la emboscada de hombres armados contra policías comunitarios de Cacahuatepec el viernes pasado. “Esto complica el acercamiento, comunicación y la búsqueda de mejores condiciones para que en esa zona se tenga una vida normal”, señala

Aurora Harrison

El arzobispo Carlos Garfias Merlos lamentó los hechos en la comunidad de Parotillas, donde policías comunitarios de Cacahuatepec fueron emboscados por hombres armados, y pidió que las autoridades investiguen para conocer qué sucedió y tener una información oficial.
En conferencia de prensa, el arzobispo indicó que la autoridad, la Policía Comunitaria y los vecinos de las comunidades donde ocurrió el enfrentamiento tienen derecho a saber qué sucedió, y que si alguien tiene responsabilidad que se proceda por las vías legales.
Al preguntarle si considera que el gobierno minimiza la situación porque el problema del Cecop con las empresas gravilleras no es nuevo, respondió que “creo que se está atendiendo, hasta donde tengo noticias hay acercamiento, la presencia del gobierno del estado, están en diálogo y eso es buena señal, pero se deben sentar a platicar y proceder de forma debida contra quien haya cometido una actuación impropia”.
El arzobispo agregó que se debe de investigar a fondo el enfrentamiento y que se sepa qué fue exactamente lo que sucedió para que haya una información oficial, “porque el hecho de que se hagan señalamientos contra una persona sin tener la seguridad, en vez de resolver el problema lo puede complicar más”.
Al preguntarle por las reuniones para armonizar a la Policía Comunitaria, indicó que “es muy lamentable el hecho, eso complica y dificulta el proceso de acercamiento, de comunicación, la búsqueda de pacificación y tener mejores condiciones para que en esta zona se pueda tener una vida normal y pueda haber una relación adecuada”.
Ojalá, dijo, pueda lograrse el entendimiento con los integrantes del Cecop “para generar condiciones, dar apoyo, corresponsabilidad conjunta y que haya claridad en lo que sucedió para que haya paz y armonía entre los habitantes de las comunidades”.
Del video en redes sociales donde aparecen tres policías turísticos golpeando a un hombre, Garfias Merlos declaró: “creo que cuando se tenga evidencia y objetividad hay que proceder de la forma correspondiente, hay que hacer las denuncias e ir a las instancias para todos cualquier expresión de la tortura siempre será condenable”.
“Es muy lamentable que se den ese tipo de hechos y lo que vamos avanzando en el esfuerzo de crear condiciones de seguridad y paz pareciera que se retrocede o genera el recelo y desconfianza en la comunidad, creo que es importante que se conozca de forma precisa y clara que fue lo que ahí sucedió” puntualizó.
El arzobispo aclaró que él no tiene porqué definir si debe de continuar o no el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Alfredo Álvarez Valenzuela, “hay que proceder ante las autoridades correspondientes”, y dijo que todas las evidencias se tienen que presentar ante las autoridades ministeriales.
En su comunicado de prensa, el arzobispo hizo un llamado a los prestadores de servicios  a atender a los turistas con “un verdadero sentido humano porque eso es una carta de recomendación y las autoridades deben poner las mejores condiciones e seguridad para los visitantes”.
“Entramos a la temporada de vacaciones que, según se ha previsto por las autoridades, va a significar una afluencia abundante para Guerrero; esta temporada tiene un grande valor para nuestros destinos turísticos que están ubicados a los largo de nuestras costas, sobre todo en Acapulco por la derrama económica que ocasiona”, dijo.
El arzobispo señaló que más allá de las consideraciones económicas de la temporada, es necesario que se atienda con “verdadero sentido humano, que a su vez va a reforzar la economía en nuestras comunidades. Sabemos que cuando los turistas se sienten bien atendidos y respetados suelen regresar”.

Pedirá el Cecop un préstamo para armas para defenderse de los gravilleros, dice Suástegui

Mariana Labastida

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y de la Policía Comunitaria aprobaron, en asamblea, que pedirán un préstamo para la compra de armas y cartuchos y así estar preparados para que no los vuelvan a emboscar como el viernes pasado. También votaron por recuperar las tierras ocupadas por la gravillera Kimbar el miércoles.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, vestido con camisola y chaleco antibalas militar, indicó que ya se tiene una lista de los “buitres y chacales” de los pueblos, y advirtió que estarán listos ante cualquier ataque que pueda venir de los dueños de las gravilleras.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz Cruz, dijo que estarán al pendiente de la investigación que haga la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el ataque a los policís comunitarios el pasado viernes para que se sigan los cauces legales, y consideró que hay suficientes elementos para mandar al reclusorio a los cinco detenidos.
En la asamblea en la cancha techada de la comunidad de La Concepción, el vocero relató a los asistentes los hechos del viernes en el que resultaron heridos de gravedad un policía comunitario y dos opositores, por lo que consideró que ya empezó la guerra con el propietario de la empresa gravillera Kimbar, al que prohibieron que siguiera trabajando, Humberto Marín Molina.
Suástegui Muñoz enfatizó que se requieren armas y parque porque “la guerra ya está declarada”, que se tomó la comandancia, e indicó que les llegaron armas, sin especificar el número ni de dónde provienen, así como la posibilidad de un préstamo para la compra de más armamento y cartuchos, lo cual fue puesto a consideración de la asamblea que lo aprobó.
Se le preguntó de dónde vendrían las armas, pero no respondió.
“Es un préstamo que tenemos que pagar, a ver si después no pagamos con cárcel”, dijo Suástegui Muñoz, a lo que la gente propuso que se venda grava y arena.
El opositor afirmó que hay gente interesada en comprarles el material, “por eso nos atrevemos a pedir el dinero prestado”, y dijo que cuando se tenga se indicará a la asamblea cómo se solicitó, quiénes son los avales, cuándo hay que pagarlo y qué se hará con el.
Resaltó que muchos hombres y mujeres sin armas se enfrentaron a quienes tenían armas de “grueso calibre” el pasado viernes, pero “ya no vamos a exponer a los policías a que vayan sin armas, la policía tiene que ir con armas y los pocos que llevaban no tenían parque. Yo les prometo que más tardar en esta semana tendremos en la comandancia suficientes armas para cualquier operativo”, y se comprometió Suástegui Muñoz a conseguir más chalecos antibalas como el que él portaba.
También se convocó a elaborar un rol para ya no dejar la comandancia ni los retenes solos y estar atentos a los llamados, “si algo vuelve a pasar que baje toda la gente” y no como ocurrió el pasado viernes donde al parecer algunos policías comunitarios que fueron agredidos huyeron en lugar de quedarse.
En la asamblea también se votó para que el miércoles se recuperen las tierras que ocupa la gravillera Kimbar, que se abran caminos al río y se pueda transitar por los mismos para la extracción de material pétreo.
Suástegui Muñoz recordó que “uno de los acuerdos era que si el gobierno soltaba a Domingo Bailón y sus buitres el pueblo iba a hacer justicia”, y dijo que “es la misma advertencia que le hacemos a Valle y la misma copia que le hacemos a Cadena”.
Informó que la Policía Comunitaria hizo una investigación y se tiene una lista de “buitres, caciques de la gente en los últimos 30 años se a enriquecido de Cacahuatepec”.
De la inspección que hicieron peritos de la PGJE, Suástegui Muñoz explicó que los vehículos que se encontraron están remarcados, que al parecer son robados, y por eso solicitó una investigación seria de los hechos y que caiga el peso de la ley; “pero que no quede fuera Humberto Marín, tiene que ser castigado, él es el autor intelectual de todo lo que pasa el día de hoy”.
Agregó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero “tiene que estar al pendiente de que se castigue a los asesinos, dar con el paradero de los otros sicarios que huyeron y meter a la cárcel a Humberto Marín, de lo contrario el gobernador es cómplice de este narcotraficante”.
Suástegui Muñoz informó que el policía comunitario herido, Lorenzo Ángel Lázaro, está grave, que hoy será operado porque tiene la mandíbula quebrada, y que en la misma sala se encuentran internados, en el hospital Donato G. Alarcón, algunos de los detenidos, así como Domingo Bailón Dorantes y sus hermanos que están custodiados por policías ministeriales.
Lorenzo Ángel fue uno de los tres heridos y no cuatro, como habían informado en un principio los integrantes del Cecop; el otro herido fue el conductor de la camioneta donde iban los policías comunitarios, Nemesio Valeriano Moreno, y una vecina de la comunidad de Parotillas, Yuliana Merino, de quien se sigue sin tener información de su estado de salud.
En su participación, Rogelio Téliz informó luego de visitar al policía comunitario herido, que ayer por la mañana había dado su declaración al Ministerio Público que acudió al hospital, que según lo que saben, dada la situación de los hechos del viernes, que la PGJE tendría que consignar la averiguación a un tribunal por la gravedad de las lesiones, y “consideramos que hay los elementos suficientes para que se pueda mandar al reclusorio a las personas que agredieron a los comunitarios”.
Agregó que estarán vigilantes de que la acción penal se tramite por los cauces legales, que a la procuraduría le corresponde investigar y serán coadyuvantes por si se requieren pruebas para que se tenga un buen final con el castigo a las personas responsables.

Sobre las órdenes de aprehensión

Los asistentes preguntaron de las órdenes de aprehensión, a lo que Téliz Cruz dijo que están paradas, que no les dieron información en la PGJE, “así se la lleva el estado, prácticamente esas averiguaciones previas están volando y vamos a presentar los amparos”.
De la demanda contra las gravilleras, indicó que se puso una denuncia popular en Profepa donde les pidieron que se den puntos exactos de la invasión y de los metros cúbicos que se explotan, lo cual, dijo, es responsabilidad de la dependencia realizar la investigación, y alertó que se corre el riesgo “porque siempre va a respaldar a la gente que tiene recursos”.
En declaraciones a reporteros, Téliz Cruz dijo que hay desconfianza del Cecop de que el proceso se vuelva contra ellos porque en otras ocasiones ha ocurrido, pero que los hechos “están claros”, que hay pruebas como la de radizonato de sodio a los detenidos, que al parecer dio positivo, con lo que los incriminan de “haber disparado” y que “no debe de haber ningún riesgo más que la procuraduría cumpla con su trabajo”.
“La Procuraduría no tiene que abrir otra investigación en agravio a la Policía Comunitaria de Cacahuatepec”, enfatizó el abogado, quien agregó que a los efectivos sólo les hace falta la toma de protesta pero que ya fueron reconocidos por la CRAC.
Indicó que “el estado sabe que no ha realizado su labor preventiva de delitos, por eso Cacahuatepec se ha organizado, no cumplió con brindar garantías, se sabe que estas personas son especiales y pudieran agredir al movimiento”, y que la ida del personal de la Procuraduría fue un “gesto justo, no quería que existiera un estallido social más fuerte que no le conviene”.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, alertó que pueden venir otras provocaciones contra los policías comunitarios, y convocó también a que lean el reglamento para que no se cometan irregularidades.
Finalmente se habló de la reconstrucción de escuelas, lo cual dijeron los opositores, les están pidiendo terrenos de donación y como no se tienen propondrán que los compre la Secretaría de Educación en Guerrero.

Fueron heridos de bala por comunitarios, acusan familiares de uno de los detenidos

Carlos Moreno A.

Mujeres de la familia de Domingo Bailón Dorantes, uno de los cinco detenidos el viernes en la comunidad de Parotillas, tras la emboscada contra policías comunitarios opositores a La Parota y hombres armados, afirmaron que si fueron heridas por disparos de los guardias civiles
El viernes por la tarde, en Parotillas resultaron heridas cuatro personas, tres de ellos policías comunitarios y una opositora a La Parota, así como cinco personas detenidas tras un enfrentamiento después de que policías comunitarios fueron emboscados por hombres armados que, aseguran los opositores a la presa La Parota, tienen relación con los empresarios gravilleros.
Los detenidos son Domingo Bailón Dorantes y sus hermanos Gabriel, Pedro y José, así como Carlos Bailón Hernández, de 70 años.
En conferencia de prensa en el Zócalo, la hermana de Domingo, Juana Bailón Dorantes, quien iba vendada, acusó al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, por la detención de su hermano y sus tíos, así como que ella esté herida al igual que su cuñada Teodora Valeriano Marcos y su sobrina Deyanira Bailón.
En dicha conferencia estuvo presente un familiar del gravillero Humberto Marín, Horacio Pineda Marín, quien llegó acompañado de los familiares de Domingo Bailón Dorantes.
Juana contó que su hermano fue aprehendido en un retén de la Poli-cía Comunitaria en el poblado La Concepción y que ahí lo encañonaron, y “el señor Suástegui le hizo comer (a Domingo Bailón) popó y agallas de pescado, le tiraron huevos, tomates y todo lo que tenían a la mano”.
Dijo que luego del ataque de los comunitarios, Domingo Bailón llevó a los pasajeros del taxi colectivo a su destino y después llegó a su casa, donde minutos después llegaron unos 50 policías y comenzaron a disparar.
Aseguró que ahí fueron heridas ella (Juana Bailón), su cuñada y su sobrina, “entonces nosotros corrimos a escondernos como pudimos, pedimos la ayuda”.
Juana Bailón agregó que trabaja en la gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín, “y desde el 27 de enero no nos han dejado laborar, nos sacaron de ahí”.
Indicó que “el coraje que tiene Suástegui” es porque la familia Bailón no lo apoya y sí al gravillero Marín, “porque él nos dio trabajo, el pueblo de Parotillas no lo apoya a él (Suástegui)”.
Juana Bailón denunció que Suástegui Muñoz ha acudido a dicho poblado y “amenaza a los pobladores con la quema” de sus viviendas, e insistió en que no apoyan ese movimiento. “Nos amenaza porque viene a pedir ayuda pero no vemos nada de eso. Es el coraje que tiene porque ayudamos a Humberto Marín”.
Dijo que entre las personas que iban en la camioneta donde estaban los policías comunitarios cuando llegaron a su casa en Parotillas, están Nemesio Valeriano Moreno, que es tío de Suástegui Muñoz, y sus hijos José Valeriano e Isabel.
La hermana de Domingo, que iba vendada del tobillo derecho, señaló que “la bala me traspasó el pie” y que su sobrina Deyanira, de 24 años, tiene otra herida en la pierna que salió en un glúteo, mientras que a su cuñada Teodora “le tocó una bala en la mejilla”.
Explicó que no ha tenido comunicación con su hermano y que Suástegui Muñoz les dice a los pobladores y a los que no están de acuerdo con su movimiento que “a él no le pueden hacer nada porque es amigo de Manuel Añorve (diputado federal priista) que según es compadre del presidente (Enrique Peña Nieto) y se siente protegido por él”.
Indicó que también Suástegui les ha dicho a los pobladores que el secretario de Desarrollo Rural del estado, Humberto Zapata Añorve, le aseguró que el gobernador Ángel Aguirre Rivero le quitará las órdenes de aprehensión.
Por separado, la esposa de Domingo Bailón, Teodora Vale-riano, quien tenía collarín en el cuello, indicó que ayer por la mañana tuvo contacto con su esposo que está en el hospital Donato G. Alarcón, en Ciudad Renacimiento “está detenido. Lo están curando”.
Denunció que quienes los atacaron fueron directamente el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, Nemesio Valeriano y sus hijos Isabel y José.
Dijo que presentaron su declaración de hechos el mismo viernes por la noche, donde según  Teodora, un agente del Ministerio Público de Costa Azul fue al hospital de La Marina donde estaban internadas.