Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Jesús Reyna, narcogobierno en Michoacán

Muy poco asombro causó la detención del secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, acusado de vínculos con el narcotráfico. Lo verdaderamente asombroso es que hasta ahora haya sido aprehendido (arraigado, en la formalidad judicial) y que a pesar de las acusaciones que públicamente lo señalaban como cómplice del cártel de Los Caballeros Templarios, haya podido ser gobernador interino y después ocupar nuevamente la Secretaría de Gobierno.
La información proporcionada por la Procuraduría General de la República le atribuye nexos con el grupo de Enrique Plancarte, el jefe templario ultimado por fuerzas gubernamentales la semana pasada en una población del estado de Querétaro, en cuyas posesiones fueron encontradas pruebas concretas sobre esos nexos. Pero la voz popular hasta lo emparenta con Servando Gómez Martínez, el líder del grupo criminal.
Reyna García fue detenido en Morelia por la PGR el viernes y trasladado a instalaciones de la Subprocuraduría?Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la?ciudad de México, donde por largas horas fue interrogado. El ex funcionario michoacano no convenció a sus interrogadores o no pudo refutar las pruebas que lo incriminan –presumiblemente evidencias de llamadas telefónicas intercambiadas con jefes templarios–, pues el sábado un juez autorizó su arraigo por 40 días.
La PGR dio a conocer la detención la noche del viernes sin precisar la naturaleza de las acusaciones en su contra. Sólo dijo que la “orden de presentación deriva de una investigación que realiza la PGR”. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tampoco fue más preciso al referirse el sábado a los motivos de la captura de Jesús Reyna, pero sí fue claro al describir el caso como un ejemplo de que el gobierno federal no consentirá complicidades de funcionarios públicos con el crimen organizado.?“Se abre una investigación sobre el ex secretario de Gobierno y ex gobernador, y sea de cualquier partido se indagará hasta las últimas consecuencias”, dijo Osorio Chong. “Quien por sus propios actos y decisiones comete ilegalidades, tiene también que someterse al imperio de la ley, y el PRI, el gobierno y el Presidente no van a cuidar absolutamente a nadie que haya cometido actos al margen de su responsabilidad”, agregó. Mencionó al PRI porque se encontraba en un acto en la sede nacional de ese partido, pero también porque Reyna García es un encumbrado miembro de ese partido, con una trayectoria que antes de figurar en el gobierno de Fausto Vallejo lo llevó a ser diputado federal. El secretario de Gobernación no dejó ir la oportunidad de presentar al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto como un partido comprometido con la legalidad, pues manifestó que “pegara donde pegara… más allá de las personas, el imperio de la ley es el que se pone al frente, y así vamos a seguir haciéndolo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias; eso ténganlo por seguro”. En seguida subrayó que, sin embargo, no existen sospechas sobre el gobernador Fausto Vallejo. Osorio Chong se anticipó con ello a los efectos anti priíistas que el escándalo michoacano podría suscitar en la perspectiva de las elecciones federales de 2015, con mayor razón si se toma en cuenta que el PRI apenas digiere en la ciudad de México la vergüenza de ver exhibido al que fue su dirigente en la capital del país, el diputado federal Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado (hasta ahora sólo en la prensa) de montar y tener a su servicio una red de prostitución con cargo al partido.
Pero no parece que el gobierno federal haya sentido apremio en investigar a Jesús Reyna, como no lo tiene en el caso del ex dirigente del PRI en el Distrito Federal, quien arrastra esas acusaciones por los menos desde hace once años, aunque en este último la investigación corresponda a las autoridades capitalinas.
La lenta reacción del gobierno federal le permitió a Jesús Reyna ser secretario de Gobierno de Michoacán al asumir Fausto Vallejo la gubernatura en febrero del 2012, sustituirlo como interino en abril de 2013 y luego volver a la Secretaría de Gobierno en noviembre de ese mismo año al regresar Vallejo de su licencia por enfermedad. Pero cuando desempeñó todas esas funciones Jesús Reyna ya tenía creados los vínculos de los que ahora ha sido acusado por la PGR. En 2013, cuando Reyna García era gobernador interino, el líder de las autodefensas michoacanas José Manuel Mireles lo acusó de mantener nexos con Los Caballeros Templarios, e incluso dio a conocer que su esposa es hermana de la esposa de Servando Gómez Martínez?La Tuta, el máximo jefe templario, todavía libre. No parece que una relación familiar de esa dimensión pueda pasar desapercibida ni para la opinión pública ni para las autoridades, y la denuncia de Mireles debió despertar al menos alguna sospecha, pero no produjo oficialmente ninguna reacción. También fueron desoídas similares advertencias hechas por la senadora panista Luisa María Calderón.
Si el gobierno federal se decidió a actuar ahora contra Jesús Reyna, pese a que desde hace casi un año existían señalamientos serios en su contra, quizás se deba a que las pruebas localizadas eran contundentes e imposibles de hacer a un lado, o porque es más conveniente hacer estallar el escándalo antes de las campañas electorales del próximo año para no arrojar ese manjar a la oposición. O por las dos cosas. El hecho es que con su lenta reacción, el gobierno federal facilitó que en Michoacán se configurara un narcogobierno, ese monstruo tan temido. Un?narcogobierno?del PRI, debe subrayarse.

Barbas a remojar

Como haya sido, el de Jesús Reyna no parece ser el único caso de colusión entre un alto funcionario público y las bandas del narcotráfico, ni Michoacán el único estado en el que es posible encontrar esa clase de vínculos. En Guerrero, las graves acusaciones del empresario Pioquinto Damián Huato contra el presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, a quien relaciona con las bandas del crimen organizado que operan en la capital del estado, se diluyeron por la protección que el gobernador Ángel Aguirre Rivero le brindó a su amigo el alcalde, quien participa –alentado por el mismo gobernador– en la disputa por la candidatura del PRI al gobierno. Todo sugiere que haber formulado esas acusaciones le costó a Damián Huato el atentado en el que perdió la vida su nuera, y luego tener que abandonar el estado y el país para conservar la vida.

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