Disfrutan magistrados del TSJ sueldos de 140 mil mensuales y bonos de 30 mil pesos

*En cambio, los administrativos que participan en el paro laboral ganan 5 mil 600 al mes. Acusan paristas a Jesús Martínez Garnelo y a Lambertina Galeana Marín de nepotismo y tráfico de influencias

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tienen sueldos que llegan a los 140 mil pesos mensuales, más bonos mensuales de 20 y 30 mil pesos por “su productividad y representación en actos oficiales”, denunciaron trabajadores que participan en el paro laboral en demanda de un aumento salarial de 40 por ciento.
Mientras que los trabajadores administrativos ganan apenas 2 mil 800 pesos quincenales.
También denunciaron el tráfico de influencias y el nepotismo que practican los magistrados, encabezados por el ahora secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y la presidenta Lambertina Galeana Marín.
Señalaron que entre el ahora magistrado con licencia Jesús Martínez Garnelo y el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui, colocaron como jueces para adolescentes a Ever Nathanael Rodríguez, Ytania Fuentes Martínez, Eduardo Mendoza Falcón, Efrén Palacios Barbosa, Rosario Muñiz Quezada y Azucena Pineda Guillermo, los dos primeros sobrinos del presidente del TSJ con licencia y el resto recomendados de Lorenzo Jáuregui.
Asimismo, dijeron que la magistrada presidenta encargada de despacho, Lambertina Galeana Marín, ingresó a la nómina a dos de sus hijas; una de ellas, Paloma, es su asistente personal, y Kenia es proyectista de la sala familiar y también era la encargada de la ponencia de la magistrada.
Advirtieron que el movimiento pretendió ser aprovechado por los jueces, secretarios de acuerdo y actuarios, mismos que, sin embargo, de inmediato fueron sometidos por los magistrados y su presidenta Lambertina Galeana Marín, en una reunión realizada al medio día del miércoles 2 de abril en la sala de plenos, en donde habrían sido amenazados de que si continuaban respaldando el movimiento se atendrían a las consecuencias.
“En este movimiento laboral se montaron los jueces, secretarios de acuerdos y actuarios, pero ellos no van por aumento salarial, ellos tienen  buenos salarios  y otros ingresos producto de la negociación de los casos de los justiciables; sus ingresos compensan con mucho las horas extras que trabajan, pero los trabajadores administrativos no, y no se justifica su participación en el paro laboral”, dijo un empleado del Tribunal Superior.
Incluso aseguró que el presidente de la Asociación de Jueces, Leoncio Molina Mercado, aprovechó el movimiento porque quiere ser magistrado, igual el resto de los jueces y secretarios, “que solamente participaron para posicionar sus proyectos personales”.
A su vez, un funcionario de mediano nivel del TSJ dijo que “los jueces y secretarios recularon porque también son copartícipes de toda la podredumbre que existe en el Tribunal y tienen miedo que les pisen la cola”.
Celebró que se hayan desvinculado del movimiento “que para los trabajadores sí es legítimo”.
El mismo trabajador entregó al reportero un documento en el que un grupo de sus compañeros que trabajan en los juzgados, acusan que jueces y funcionarios del Tribunal que participaron inicialmente en el movimiento, ya se aprestan para ser designados como jueces de los juicios orales en el marco del Sistema Penal Acusatorio Oral, lo que implica una mayor retribución.
Entre los “palomeados” está el presidente de la Asociación de Jueces del Estado, Leoncio Molina Mercado, quien al principio encabezó la protesta.
“Pero esto no es nuevo, forma parte de las prácticas añejas en el Tribunal Superior de Justicia, en donde todo es nepotismo, corrupción y tráfico de influencias, de lo que sólo se ve beneficiada la familia judicial, nadie más”, dijo la fuente.
El documento dice: “en estos días se realiza el examen a quienes deberán fungir como jueces en los juicios orales y a pesar de las reservadas de la convocatoria, se conoce ya quiénes serán designados, estos son: Adrián Vega Cornejo, asesor de la presidencia del Tribunal; Leoncio Molina Mercado y Abimael Rodríguez Nava, consejeros de la Judicatura, a quienes se les retribuirá tal desempeño”.
Agrega: “además están considerados Lucio y Oscar Felipe Ortega Vega, hijos de la magistrada Yadira Icela Vega”.
También están considerados, según este documento, Maritza Jiménez Santiago, sobrina del magistrado Vicente Rodríguez; Tanya Yamel Alfaro Zapata y Edilberto Calderón Juárez, hijos de los magistrados jubilados Eulalio Alfaro Castro y Edilberto Calderón Brito, respectivamente.
Otros de los prospectos son Víctor Manuel Nava Casarrubias, sobrino de la magistrada Antonia Casarrubias García; Silvano y Gregorio Martínez Valentín, “protegidos” de los magistrados Edmundo Román Pinzón y Reymundo Casarrubias Vázquez.
Además: Esperanza Morales Flores y Martha Elena García Nolasco, ahijadas del magistrado presidente con licencia y actual secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
Asimismo, en el documento se menciona a Andrés de la Rosa Peláez, quien se desempeñó como secretario general del Consejo de la Judicatura y, ahora, “será fedatario de un proceso del que será parte”.
También se mencionan como posibles beneficiarios Rodrigo Ramos García, hijo de la consejera Gloria García Lemus, así como el visitador general del Consejo de la Judicatura, José Luís García Galán.
El Consejo de la Judicatura es precisamente el órgano que instrumenta el proceso de selección de los jueces de los juicios orales.
“No son los únicos casos, cada magistrado tratará de colocar a sus recomendados evidenciándose el tráfico de influencias y nepotismo en la eufemísticamente llamada familia judicial”, dice el documento.
Los trabajadores inconformes con el procedimiento irregular en la designación de los jueces, son precisamente quienes tienen aspiraciones al cargo, por lo que exigen un proceso “público y transparente en el que se dé acceso a la prensa, y que exista la participación institucional de la SETEC  (Secretaría Técnica del Consejo de la Judicatura)”.

Los mejores salarios para familiares de magistrados

Otra inconformidad de los trabajadores tiene que ver con el nepotismo, pues los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que conforman la “familia judicial” han colocado en los mejores cargos a hijos, sobrinos, ahijados  y recomendados, a los que les asignan un salario triple con relación al trabajador que ocupa el espacio por méritos propios.

Citaron algunos casos: la consejera de la Judicatura, Gloria García Lemus, incorporó a la nómina a sus hijos Gloria y Rodrigo Ramos García, el segundo cobra como asesor del Consejo, con un salario de 18 mil pesos quincenales.
También denunciaron que entre el ahora magistrado con licencia Jesús Martínez Garnelo y el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui, colocaron como jueces para adolescentes a Ever Nathanael Rodríguez, Ytania Fuentes Martínez, Eduardo Mendoza Falcón, Efrén Palacios Barbosa, Rosario Muñiz Quezada y Azucena Pineda Guillermo, los dos primeros sobrinos del presidente del TSJ con licencia y el resto recomendados de Lorenzo Jáuregui.
Asimismo, la magistrada presidenta encargada de despacho, Lambertina Galeana Marín, ingresó a la nómina a dos de sus hijas; una de ellas, Paloma, es su asistente personal, y Kenia es proyectista de la sala familiar y también era la encargada de la ponencia de la magistrada.
El abogado litigante José Ramírez Villalva dijo por su parte que la corrupción, el nepotismo y la opacidad en el manejo de los recursos mantienen en el hartazgo a los trabajadores y de ello responsabilizó al actual secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, pues dijo que es público que éste sigue mandando en el TSJ desde la Secretaría de Gobierno, “eso todos en el Tribunal lo saben”, aseveró.
Informó que sigue teniendo el control del Tribunal en cuestiones políticas a través de la presidenta encargada de despacho, Lambertina Galeana Marín, y en la cuestión administrativa a través de un grupo de funcionarios incondicionales suyos, como el director del Fondo Auxiliar, Flavio Reyna Ponce; la secretaria de Finanzas y Administración, Rosalba Jiménez López, y el director de Recursos Materiales, Mario Francisco Pérez León.
Dijo además que el paro laboral de los trabajadores es el reflejo de la ingobernabilidad que existe al interior del TSJ y que con ello el Poder Judicial ya se está convirtiendo en un factor de inestabilidad en el gobierno de Ángel Aguirre, y que el ambiente se vino descomponiendo desde la designación de Jesús Martínez Garnelo como presidente del TSJ y su posterior designación como secretario general de Gobierno, sin que haya renunciado a su nombramiento en el Tribunal, pues sigue siendo presidente con licencia.
“Y lo más triste es que el gobernador le permite que siga manejando el Poder Judicial y la Secretaría general de Gobierno”, dio.
Agregó que con ello se demuestra que es mentira que haya independencia del Poder Judicial, “los miembros del Poder Judicial se han sometido de manera voluntaria al mando, ya ni siquiera del Ejecutivo, sino del secretario de Gobierno por cuestiones económicas, por comodidad, por no perder sus privilegios y prebendas, o simplemente por aspiraciones políticas o intereses personales”, dijo.
Recordó que los magistrados tienen salarios que alcanzan los 140 mil pesos mensuales, más bonos de 20 y 30 mil pesos por “su productividad y representación en actos oficiales”.
Por otra parte, abogados del despacho Fierro y Asociados informaron que sus contactos en el TSJ les revelaron que la reunión del miércoles 2 de abril en la sala de plenos del Tribunal fue para que los magistrados y la presidenta Galeana Marín llamaran la atención a los jueces, secretarios y proyectistas para que ya no siguieran participando en el paro laboral, “o que se atendrían a las consecuencias”, por lo que éstos decidieron aceptar los ofrecimientos económicos que les hicieron en la misma reunión y que fueron dados a conocer por el juez Leoncio Molina al terminar el encuentro.
Al final, a los jueces, como premio de consolación les dieron del 12 al 20 de abril, es decir toda la Semana Santa como días de asueto, “sin importarles los intereses de los justiciables”, dijo uno de los abogados, y quien agregó que esto es “algo inédito ya que siempre les daban solamente los dos días santos”.
Pero la inconformidad de los trabajadores sigue siendo por la disparidad que existe entre los salarios de los magistrados y jueces y el resto de los trabajadores administrativos, pues éstos obtienen ingresos de hasta 2 mil 800 pesos quincenales y el aumento que les autorizan es con relación al salario base que es en promedio de mil 500 a mil 800 pesos.
Además, existe la intención del magistrado presidente con licencia, Martínez Garnelo, y de la presidenta encargada de despacho, Lambertina Galeana Marín, de jubilarse con el salario más alto que es el de magistrado presidente, para eso antes de que termine la administración estatal, Martínez Garnelo regresará a presidir el Tribunal, pero antes Galeana Marín solicitará su jubilación.
Mientras tanto, la magistrada Norma Leticia Mendoza Abarca, nieta del ex gobernador Reymundo Abarca Alarcón, quien cubre a la actual magistrada presidenta y fue nombrada solamente por dos meses, previendo el regreso de Lambertina a la magistratura, también para que deje el espacio se jubilará como magistrada.