La Contraloría de la SEG estableció las sanciones para quienes impidan las reinstalaciones, dice el subsecretario

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El subsecretario de Educación Básica, Max Arturo López Hernández, se deslindó del documento que dicta sanciones a los trabajadores del sector educativo que protesten y se nieguen a la reinstalación de trabajadores en escuelas y áreas administrativas.
El 31 de marzo, los directores de los sistemas educativos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) fueron informados de que los trabajadores serían acreedores a sanciones administrativas y hasta la cárcel, si no permiten la reinstalación de trabajadores; y podrían ser acusados por motín, intimidación, rebelión y coacción de servidores públicos.
En declaraciones, luego de participar en la entrega de equipamiento a escuelas de educación básica en el Palacio de Gobierno, el funcionario señaló que el documento, titulado Procedimiento a seguir en la reinstalación de los trabajadores en la unidades administrativas o docente de la SEG, fue realizado por la Contraloría interna y que él sólo la difundió.
Aseguró que las sanciones para los maestros fueron una determinación de la Contraloría de la dependencia. Afirmó que si los lineamientos violan los derechos de los trabajadores, éstos pueden ampararse, “el documento es simplemente el compromiso para la aplicación, que nos están rigiendo en nuestro contexto”.
Y agregó, que lo hecho por la contraloría es defender los derechos de los trabajadores que se han movido y a las comisiones de cambio, “los que se opongan son los que están transgrediendo la norma establecida para los propios trabajadores”, porque todos tienen el derecho de promocionarse a otras áreas.
Se le preguntó si no era contraproducente el procedimiento, por el contexto de la movilización del magisterio y trabajadores de oficinas centrales, por el reordenamiento de los maestros con claves docente en áreas administrativas, respondiendo que son situaciones diferentes.
Sobre la armonización de las leyes secundarias, que establecen evaluaciones para la permanencia del maestro en el sector educativo, y las sanciones, señaló que el examen no es para correr gente, sino para descubrir fortalezas y debilidades, “pero si un maestro insiste y sigue insistiendo que no sirve para dar clases”, será integrado a áreas administrativas.
Pero se le recordó que en la armonización de las leyes secundarias no está plasmado así, respondiendo que es un tema que se tendrá que analizar y serán las leyes federales las que lo determinen.
Según las modificaciones a la Ley Estatal de Educación, realizadas el 11 de marzo, los docentes que no pasen el examen en la primera oportunidad tendrás otras dos, pero si el nivel de desempeño es insuficiente, se darán por terminadas las relaciones laborales sin responsabilidad para la autoridad educativa.