Almonte y López Rosas tienen ya responsabilidad en el desalojo: CNDH

* Plascencia acepta que aún no revisa si la tiene el gobernador * Mantiene el ex procurador su activismo para señalar a los policías federales por la muerte de los dos normalistas y pide que se respete su integridad física y la de su familia *Prevén que se identifique a los asesinos mañana cuando estudiantes víctimas de la violencia rindan testimonio ante el ombudsman

Acepta Raúl Plascencia que no ha revisado la
CNDH si hay responsabilidad del gobernador

Redacción

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que aún no termina la investigación para determinar si hay responsabilidad del gobernador Ángel Aguirre Rivero en los hechos del 12 de diciembre, cuando corporaciones policiacas mataron a dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa durante un desalojo.
“Ni lo podría descartar ni lo podría en buena medida afirmar”, expresó Plascencia Villanueva durante una entrevista en el noticiero “Primero Noticias” del Canal 2.
Reiteró que hay “una alta probabilidad, casi con nivel de certeza”, de que fueron los policías ministeriales de Guerrero quienes mataron a los dos estudiantes, pero afirmó que le corresponde al Ministerio Público deslindar la responsabilidad penal.
Sostuvo que al término del informe preliminar del organismo, tienen responsabilidad el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas.
Explicó que falta determinar si los funcionarios recibieron instrucciones o informaron de lo sucedido a sus superiores, como el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado, y revisar si hubo instrucción u omisión del gobernador.
Comparó lo sucedido el 12 de diciembre del año pasado contra los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, con lo que pasó en el 68, cuando el Ejército disparó contra estudiantes en Tlatelolco, o lo sucedido en la matanza de Aguas Blancas.
“Si analizamos la historia del país, creo que esto nos remontaría a eventos que sucedieron hace poco más de 50 años, que se reprima una manifestación pública a balazos indiscriminadamente creo que nos lleva a la década de los 60, al 68, al 71, a Aguas Blancas inclusive, son los eventos que podrían ser comparables con un caso de estas características”.
El presidente de la CNDH afirmó que todos los 165 policías que participaron en el desalojo de los normalistas deben estar sujetos a investigación.
“En el operativo hubo 165 policías, de los cuales 67 se encontraban armados, creo que todos deberían estar sujetos a la investigación con el objetivo de que se deslinde cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos, se pueda determinar quién fue el que disparó, quién fue el que mató a estos jóvenes, y quiénes hirieron a otros cuatro más”, dijo.
Además que se precise quién incendió la bomba de gasolina que propició la muerte del señor Gonzalo Rivas.
Plascencia Villanueva rechazó que en la investigación hayan detectado la intervención de gente del crimen organizado durante el desalojo, y explicó que además de los alumnos de Ayotzinapa había integrantes de algunas organizaciones populares.
Peor “de ninguna manera delincuentes ni nada por el estilo”, externó.
Reiteró que de acuerdo con las evidencias que tiene la CNDH, hubo disparos prácticamente de las tres corporaciones policiales, federal, ministerial y estatal preventiva.
Aseguró que en el lugar también estuvieron agentes de la policía municipal, a los que identificó porque dijo que “se encontraban con un equipo antimotines, son los que aparecen con escudo”, aunque dijo que no tienen evidencias de que hayan disparado.
Insistió que sí lo hicieron otras corporaciones, de acuerdo con la trayectoria de los disparos que recibieron los jóvenes muertos, que corresponde a donde estaban la policía ministerial y estatal.
Sobre posibles dudas de que los policías ministeriales fueron quienes mataron a los estudiantes, dijo que “por lo menos lo decimos: hay una alta probabilidad, casi con el nivel de certeza, de que esto fue así, al ministerio público es al que le corresponde deslindar la responsabilidad penal”.
Sobre los cuestionamientos del ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, Plascencia Villanueva reiteró que fueron los ministeriales los que dispararon, por los exámenes periciales, por la trayectoria y posición del disparador y las víctimas.
Además argumentó que no sólo fueron disparos contra los jóvenes, por los impactos en el muro que separa los carriles de la autopista, los que había en un tráiler que se encontraba justo en la dirección opuesta a donde estaban los elementos ministeriales, es decir de poniente a oriente.
Anteriormente el ex procurador de Guerrero dijo que en lo que dañó un vidrio de un tráiler que estaba en el lugar no fueron balazos sino una piedra.
–¿Cuál es, por cierto, la responsabilidad del gobernador Aguirre? –le preguntó el conductor, Carlos Loret de Mola.
–Me parece que en este momento como están las investigaciones nos queda muy en claro que hay una responsabilidad por lo menos del secretario de Seguridad Pública, del procurador, y tiene que  deslindarse con toda precisión si recibieron instrucciones, si informaron, si no informaron a sus superiores, que en principio serían sin duda el secretario de Gobierno y eventualmente tendría que revisarse si hubo alguna instrucción u omisión por parte del gobernador.
Respecto a quiénes fueron los que incendiaron la gasolinera, Plascencia Villanueva señaló que se observa en los videos que hay “un par de personas vestidas de civil” que prenden fuego a la bomba de gasolina, lo cual tiene que ser investigado por el Ministerio Público. En el caso de la CNDH dijo que no tienen identificado a qué grupo pertenecen esas personas vestidas de civil.
A un mes de la muerte de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, señaló que no hay un solo detenido enfrentando el proceso penal, ni por homicidio, ni por lesiones, ni por detención arbitraria, ni por uso indebido de armas de fuego, ni por los daños ocasionados a bienes inmuebles, además de que tiene que identificarse plenamente a las  dos personas que prendieron fuego a la bomba de gasolina.

Prevén identificar mañana ante la CNDH
a los policías que mataron a los normalistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los testimonios de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que serán tomados el próximo viernes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), podrían señalar a los responsables directos de las ejecuciones extrajudiciales de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús durante el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011.
Indicó lo anterior el integrante del Comité de Prensa y Propaganda del movimiento estudiantil, Pablo Juárez Cruz, quien recordó que la postura de los estudiantes siempre fue que policías de las tres corporaciones que participaron en el desalojo dispararon a mansalva contra los manifestantes.
Consultado sobre la declaración del ex procurador Alberto López Rosas, de que los normalistas cambiaron su versión de los hechos para desestabilizar al gobierno del Ángel Aguirre Rivero, el joven dijo que en el desalojo todos se encontraron en una situación muy complicada, para determinar con certeza de dónde provinieron las balas que mataron a sus compañeros.
Agregó que entonces la prioridad de los normalistas fue comenzar las movilizaciones para exigir justicia por la represión y el doble asesinato; ahora, dijo, comenzaron una mesa de trabajo para establecer, desde distintos distingos ángulos, quién asesinó a sus compañeros.
Juárez Cruz consideró que en las entrevistas de la CNDH el próximo viernes, los estudiantes que estuvieron alrededor de Alexis Herrera y de Gabriel Echeverría van a apuntar a los responsables.
El informe preliminar de la CNDH presume que las balas que asesinaron a los normalistas el 12 de diciembre fueron de oriente a poniente, es decir de la ubicación en que se encontraban los policías ministeriales, aunque el ex procurador insistió en que los elementos a su cargo no dispararon, sólo se colocaron en posición de disparo.
El joven normalista destacó que, al contrario de lo que afirma al testigo protegido que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado para deslindar a sus elementos policiacos, los estudiantes van a dar la cara y presentar su declaración.

En la Cámara de Diputados

Sobre la reunión en la Cámara de Diputados el pasado martes, Juárez Cruz informó que los diputados federales y un senador se pronunciaron por el cese a las campañas de represión y desprestigio de la Normal, que han surgido en las manifestaciones de apoyo al gobernador Ángel Aguirre, y destacó que el mismo día, precisamente, el gobernador llamó a sus seguidores a no hacer más acciones de apoyo.
Informó que a las 10 de la mañana llegaron normalistas, padres de familia e integrantes del Frente de Estudiantes Campesinos Socialistas a la Cámara de diputados, quienes fueron recibidos a medio día por el presidente del grupo de trabajo que analiza la solicitud de juicio político contra el gobernador de Guerrero, el diputado priísta Francisco Moreno Merino.
En la reunión también participaron el diputado Gerardo Fernández Noroña y el senador José Luis García Zalvidea.
Los jóvenes se comprometieron a llevar en unos días los argumentos del juicio político contra el gobernador, para establecer su responsabilidad en el desalojo policiaco y en la represión que han padecido desde esa fecha.
Argumentó que el juicio político no es porque Aguirre Rivero haya accionado un arma, sino porque los mandos policiacos son su responsabilidad y debió dar instrucciones para que la manifestación fuera respondida con antimotines, no con policías armados.
Por otro lado informó que los diputados federales establecieron una línea de trabajo con los estudiantes para que las normales rurales sigan funcionando en el país.
Recordó que la lucha de los normalistas todos los años es porque la Secretaría de Educación Guerrero y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pretenden desaparecerla, aunque lo nieguen.
Asimismo, dijo que en la reunión se informó que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, se encuentra delicado de salud y que la entrevista que solicitaron los normalistas en la anterior reunión para cubrir su ciclo escolar, será con un subsecretario de educación federal.
El joven reveló que la comisión de diputados se reuniría ayer con las autoridades educativas para plantear una alternativa para que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa puedan continuar sus estudios.

Propone la APPG la versión de una trampa
con francotiradores durante el desalojo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dirigentes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa miembros de la APPG realizan una revisión para saber quién “asesoró” o “aconsejó” a la “cúpula” de la dirigencia de la escuela a realizar la protesta del 12 de diciembre, que terminó con el desalojo violento y los dos normalistas muertos, informó el dirigente de la agrupación, Nicolás Chávez Adame.
Chávez dijo que esa protesta no estaba programada y, por el contrario, ese día la dirigencia estudiantil se reuniría a las 11 de la mañana con 32 dirigentes de la APPG encabezados por Pablo Sandoval Cruz, a quienes de improviso, ya cuando éstos se encontraban en las instalaciones de la Normal, les avisaron  que la reunión se cancelaba porque tenían una “actividad”.
En una reunión interna que se realizó ayer entre miembros de organizaciones sociales y normalistas de Ayotzinapa que pertenecen a la APPG, permeó la opinión de que la “cúpula” de la dirigencia estudiantil fue asesorada por “gente externa” a la normal.
Ante esta opinión, el reportero preguntó a Chávez, si eso implica que los dirigentes fueron manipulados por gente externa para que salieran a protestar ese día con el pleno conocimiento de que serían reprimidos, lo que implicaría la preparación de una celada.
“Yo no sé si es exactamente así, pero lo que yo te puedo decir es que ese día no estaba programada ninguna protesta, por el contrario, los integrantes del comité estudiantil tenían programada una reunión con nosotros y con el doctor Pablo (Sandoval Cruz) a las 11 de la mañana”, dijo.
Dijo que, sin embargo, cuando se encontraban ya en la normal, vieron que muchos estudiantes salieron corriendo y uno de los dirigentes se acercó a avisarles a Chávez y Sandoval que ya no se realizaría la reunión porque “tenían una actividad”.
Dijo que en esa reunión cancelada tratarían precisamente las implicaciones de la visita del gobernador a  la escuela, así como la “reafirmación ideológica que se ha venido perdiendo desde que un sector de la dirigencia y de la base recibieron al diputado del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y a la coordinadora de asesores de la secretaria de Educación Guerrero (SEG), Silvia Ojeda, en el 2009”.
“Nosotros vemos que estratégicamente no había necesidad de movilizarse ese día, pues por ser 12 de diciembre, día de peregrinaciones y carreras guadalupanas nos echaríamos encima la inconformidad de los católicos. Además era un día inhábil, no había labores en el gobierno para que nos atendiera algún funcionario”, explicó uno de los estudiantes de la APPG.
Otra de las cosas que se analizan es la secuencia de hechos antes y después del desalojo; recuerdan que ese día no se integró una comisión formal para dialogar con los funcionarios en caso de que éstos se acercaran a pedir la negociación.
Asimismo, que quienes encabezaron las pláticas iniciales con el director de Gobernación Moisés Alcaraz y un jefe de la Policía Federal, se concretaron a exigir una audiencia directamente con el gobernador.
También expresaron la presunción de que quienes dispararon a los estudiantes muertos, pudieron haber sido francotiradores, por los impactos certeros en la cabeza y el cuello.
Además sostuvieron que el primero que cayó fue el delegado de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unidos de México (FCSUM), Jorge Alexis Herrera Pino, y luego su segundo, Gabriel Echeverría de Jesús.
“Si como dicen fueron cientos de disparos los que hicieron los policías estatales y federales de manera indiscriminada, no hubiera habido nomás dos muertos y tres heridos, serían muchos más, porque nos encontrábamos en un grupo compacto cuando comenzaron los disparos”, explicó el mismo estudiante.
Los integrantes de las comisiones de la APPG que analizan los hechos para esclarecer lo que pasó ese día continuarán reuniéndose en los próximos días y anunciaron la posibilidad de dar a conocer un manifiesto público.

Examina López Rosas siete videos para insistir en señalar a los policías federales

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El ex procurador de Justicia Alberto López Rosas presentó ayer siete videos con los que pretende demostrar que quienes dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre pasado fueron policías federales, a quienes debe investigarse por el doble asesinato, dijo.
Asimismo, acusó de nuevo a la CNDH de buscar darle “protección” a esa corporación.
López Rosas ofreció una conferencia de prensa en un salón del hotel Parador del Marqués y dijo que “todo es extraño, tratan de desviar la acción que sin duda debe estar encaminada a la Policía Federal, creo que por lo mismo no se puede dar credibilidad a un informe preliminar que con estos elementos insinúe que fueron las corporaciones estatales quienes provocaron esta muerte”.
Afirmó que la CNDH “está protegiendo a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública federal y creo que la CNDH debe estar por encima de esas instituciones, la CNDH tuvo acceso a esos videos, porque los integran a sus informes; sí tuvo acceso, el punto medular es de dónde provinieron los disparos, de poniente a oriente como dice la CDNH, o de sur a norte como se aprecia en estas evidencias”.
Y llamó al organismo a que corrija porque “está rindiendo un informe parcial, incorrecto”.
López Rosas presentó en ese lugar ante reporteros siete videos que se proyectaron en el salón de reuniones de diferentes minutos, uno de ellos de 40 minutos, que es el mismo que difundió el gobierno del estado y que sólo se transmitió en las partes que el ex procurador instruyó.
Los demás videos también tienen diferentes minutos de duración y se puede apreciar que fueron editados, pues en momentos que son de especial atención de López Rosas se aprecia un círculo pequeño que se resalta y en su mayoría fue para las intervenciones del ex alcalde de Acapulco.
“Miren, aquí están bajando del cerrito (policías federales)”, “miren, aquí están recogiendo algo”, “miren, aquí se deduce que está disparando”, explicaba.
Sostuvo que esa “evidencia” es la que ha podido recabar y que son videos que se pueden obtener públicamente a través de internet, en el portal de youtube, y que fueron aportados a la CNDH.
“Sólo exijo que no se perturbe la investigación, que no se desvíe y que la CNDH recupere credibilidad y haga una investigación seria, formal, que lleve a la sanción a quien deba sancionarse y no gente inocente”, subrayó.
“Asumo esta responsabilidad plenamente y desde luego que sé lo trascendente de mi postura, por eso espero que el gobierno federal respete mi derecho a decirlo, respeten mi integridad y la de mi familia”, agregó.
El ex procurador manifestó que “no puedo permitir que se cometa una canallada en contra de gente inocente, evitar un linchamiento contra instituciones del Estado, que tiene fondo político”.
Insistió en hacer un “exhorto a líderes normalistas, que asuman un compromiso con la verdad, con la honestidad y señalen directamente a la corporación que accionó sus armas contra los manifestantes, ellos saben qué corporación disparó, lo dijeron inicialmente y posteriormente cambiaron su postura reprochando al gobierno estatal esa agresión. Por el bien de la verdad señalen a la corporación que disparó de frente, porque hay elementos suficientes en videos, testimoniales, periciales, de que los disparos no provinieron de las instancias estatales y están faltando a la verdad”.
Añadió que “una vez que me imputen directamente algún cargo asumiré una postura”, y respecto a la conclusión de la CNDH, en el sentido de que el rifle AK-47 le fue “sembrado” a un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa por agentes de la Procuraduría que encabezaba, y que él defendió esa fabricación, dijo que “el arma existe, que haya sido sembrada es materia de investigación, estamos cuestionando ese informe preliminar, que se haga una investigación seria, profunda e imparcial, y si el arma está sembrada o no será materia de investigaciones serias e imparciales”.
Además, dio a conocer que “la noche del 12 de diciembre se instruyó que se hicieran pruebas de balística y radizonato a más de 40 policías ministeriales y no tengo datos de que alguno haya salido positivo, presumo que fueron negativos, porque si fuera positivo se consignaban de forma directa y están arraigados, si hubieran disparado hubieran salido positivos sus dictámenes y correspondía hacer la consignación”.

A un mes, la investigación del doble
asesinato sigue entrampada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A un mes del desalojo violento donde murieron dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y un empleado de la gasolinería, no existen elementos contundentes para determinar quiénes son los responsables directos de las violaciones graves cometidas a los derechos humanos de los manifestantes.
Las primeras investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo evidenciaron la falta de información y la manipulación de los hechos por parte de las corporaciones policiacas involucradas en el desalojo violento del 12 de diciembre de 2011.
De acuerdo con el informe preliminar de la CNDH, las corporaciones policiales contaminaron la escena del crimen, a pesar de que, momentos después de la represión policiaca, el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, se hizo presente en la escena con peritos del organismo.
Las mismas corporaciones fueron las responsables de obstaculizar el desarrollo de las investigaciones.
Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública federal respondió de manera parcial y tardía a las solicitudes de información de la CNDH, lo que impidió al organismo la realización de diligencias.
Asimismo, aunque estableció que los policías federales, estatales y ministeriales, así como los responsables de su coordinación, “generaron la muerte de dos manifestantes y la herida de cuatro más”, en las medidas cautelares pide la relación de funcionarios públicos y policías que participaron en el desalojo.
La CNDH también perfiló que, por la orientación de los impactos, la Policía Ministerial puede ser la responsable de la muerte de los dos normalistas, pero en las observaciones dice que “por el momento no es factible precisar el resultado que cada uno de los elementos policiales produjo durante el evento; sin embargo, ante los casos de autoría indeterminada, cada uno de los cuales debe intervenir en la medida de su responsabilidad y ser investigados por el Ministerio Público”.
Sin embargo, la actuación de las instituciones de justicia no ha sido por el esclarecimiento de los hechos.
A partir de los videos, la CNDH registró que en el lugar de los hechos personal de la PGJE, por acción y omisión, alteró y descuidó los indicios del caso, incluso los cuerpos de las personas fallecidas fueron movidos lo mismo que otros medios de prueba.
Asimismo, dijo que ninguna autoridad –federal o estatal– realizó maniobras de preservación para evitar la pérdida de los indicios.
En el informe de la CNDH también se apunta la fabricación de culpables, con la confirmación de la tortura física y psicológica del normalista Gerardo Torres Pérez, a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado buscó incriminar de portación y uso un arma de fuego en la manifestación estudiantil.
Otro de los obstáculos en la investigación fueron las versiones contradictorias de autoridades policiacas, en su intención de deslindarse de los sucesos de violencia.
Ello se evidenció los días posteriores al desalojo, cuando la Policía Federal y la PGJE presentaron, por separado, videos editados para culparse mutuamente.
En el informe se destaca que mintieron el director general de la Policía Ministerial de Guerrero, que afirmó que sus policías acudieron desarmados, y el vocero de la PFP, que aseguró que los federales no llegaron en primera instancia ni establecieron diálogo con los manifestantes, lo que no concuerda con la realidad.
Otra de las observaciones que realiza la CNDH y que evidencia que se trató de desvirtuar la realidad, es el caso del conductor del tráiler amarillo Kenworth, que se encontraba frente a la gasolinera del lado sur a norte, quien declaró ante el Ministerio Público local que “le aventaron piedras y una de tantas fue que rompió el vidrio de la puerta lateral izquierda, del tráiler –es decir donde me encontraba sentado al volante–, misma que me golpeó en mi ceja del lado izquierdo, ocasionándome una”.
Sin embargo, la CNDH señala que el dictamen en materia de criminalística, elaborado por su Coordinación de Servicios Pericia-les señala que los daños en el cristal de la ventanilla izquierda “de forma circular y bordes al parecer irregulares” tiene “características similares a las ocasionadas al paso de proyectil único disparado por arma de fuego, considerándose una dirección de poniente a oriente”; es decir, que el disparo vino del lado de donde se encontraban los policías ministeriales y estatales.
El informe de la CNDH también señaló que, como parte del barrido de pruebas que se hizo, alguien destrozó el cristal del tráiler para destruir la evidencia del orificio de proyectil de arma de fuego.