Conciliar en el conflicto de la CRAC, plantea diputado perredista al gobierno

*Discuten en el Congreso el uso del ramo 33 para comprar fertilizante y advierten a los alcaldes que es desvío y delito penal

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El diputado perredista Jesús Marcial Liborio presentó al pleno del Congreso local un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Ángel Aguirre Rivero a que los funcionarios encargados de la política interna del estado “contribuyan” a la conciliación y solución del conflicto interno que vive la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
A pesar de que el punto de acuerdo fue presentado como un asunto de urgente y obvia resolución y según el tramite legislativo debió votarse de inmediato, cuando el diputado concluyó su lectura en tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Verónica Muñoz Parra, no lo sometió discusión y votación, sino que lo envió a la Comisión de Gobierno, sin que Marcial Liborio, su coordinador Bernardo Ortega o alguno de los integrantes de su fracción se pronunciaran para evidenciar la irregularidad.
El motivo por el que se violentó el trámite legislativo de la propuesta del diputado perredista, fue porque la fracción del PRI la votaría en contra, además de que integrantes de la bancada perredista no estaban de acuerdo.
La propuesta de acuerdo parlamentario que no se votó, es un exhorto para que el gobierno del estado intervenga como conciliador en la crisis por la que atraviesa la CRAC, que “se está agudizando más”, lo que “podría llegar hasta a un enfrentamiento armado entre ambos grupos si no se toman acciones que contribuyan a la conciliación, a la paz y tranquilidad de los integrantes de??dicho organismos”, dijo Liborio.
El llamado al gobernador es para que “instruya??de manera inmediata” al secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo;??al subsecretario de Desarrollo Político, Misael Medrano Baza, y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, para que de “manera conjunta o indistintamente, a la brevedad posible,??contribuyan como conciliador en la solución del conflicto que se vive en la CRAC”.
Y plantea que instalen mesas de diálogo con las partes, “conduciéndose para ello de manera imparcial y con estricto respeto a la??autonomía??de dicho??organismo,??en cuanto hace a sus??decisiones políticas y??sociales??en la solución de sus conflictos internos??en base a sus usos y costumbres”.
Pero también plantea que el gobierno del estado inicie acciones “urgentes” para salvaguardar la seguridad e integridad físicas de terceros que puedan ser víctimas de dicho conflicto.
La propuesta del perredista no fue votada y se turnó a la Comisión de Gobierno sin que haya fecha para que ésta la dictamine.
Durante la sesión del Congreso local, decenas de reporteros se manifestaron con pancartas en el área de galerías, desde donde exigieron a los diputados el respeto de los comunicadores a la reserva de fuentes, después de que integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública exigieron a El Sur revelar el nombre de quien proporcionó información de las cuentas públicas 2012.

Gobierno federal centraliza ramo 33

El diputado perredista Nicanor Adame Serrano intervino en el tema de los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), porque consideró “que impacta de manera considerable en la economía de los municipios”.
Esto después de la modificación que se realizó en el artículo 33 de la ley de Coordinación Fiscal, porque se cambió la manera de distribución y ejecución de los recursos que reciben por parte de la federación.
El perredista consideró que la reforma federal viola la autonomía de los municipios, porque es delimitada por dicha reforma, la cual señala que las aportaciones federales que reciban los estados, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, “se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.
Lo anterior se justifica en lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria, además de que hace un año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que es la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y será la dependencia que “emitirá el catálogo de acciones” a través de sus lineamientos.
Esta dependencia es la que opera la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para la cual la federación no etiquetó recursos directos, sino que se encarga de ejercer los de los diferentes programas de las diferentes dependencias.
Entonces será la dependencia federal la que decidirá cómo deben gastar los ayuntamientos dicho fondo de aportaciones que llegan del ramo 33.
Nicanor Adame afirmó que dichos lineamientos impactan en la economía de los municipios pero también en la de los campesinos, porque antes de la reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, permitía en su inciso “a” que los recursos del fondo se destinaran, entre otros rubros, al mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, pero ahora esos rubros desaparecieron de la legislación.
La restricción en la aplicación del recurso para caninos rurales es también para Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Hidalgo y San Luís Potosí, por lo que la calificó como “inequitativa y antidemocrática” la forma de permisibilidad en la aplicación de dichos recursos.
Tampoco podrán utilizar dinero del fondo para que los campesinos adquieran fertilizante “indispensable para la producción del maíz”.
Con la última reforma se establece que el 60 por ciento de la inversión del ramo 33 debe ser directa para agua potable, comedores comunitarios, piso firme, entre otros; el 25 por ciento para plantas de tratamiento de aguas residuales, sanitarios biodegradables y rehabilitación de alcantarillado, pero el 15 por ciento restante que se supone debería ser para proyectos especiales en construcción de alumbrado público, huertos comunitarios, sistema de riego tecnificado, e infraestructura y equipamiento para el acceso de las personas con discapacidad, sólo puede ejercerse en los proyectos que el gobierno federal apruebe a través de un comité técnico.
La priista Alicia Zamora Villalva reconoció que será difícil para los ayuntamientos en el tema del fertilizante, pero llamó a “no repartir culpas”, y dijo que la Auditoría Superior de la Federación señaló que no será factible que se tome recursos del ramo 33 para la compra de fertilizante, porque??antes sólo se les hacia una observación administrativa pero ahora es desvío de recursos y de orden penal.
Y llamó a “buscar los mecanismos” para la compra del fertilizante y “hacer un frente común”.
Adelantó que el 28 de abril habrá una reunión de personal de la Auditoría Superior de la Federación en Guerrero, en el que estarán los presidentes municipales y la Secretaría de Desarrollo Social para hacer el “análisis” de los mecanismos que pueden utilizar para solucionar el problema.
En la sesión también se aprobó un llamado que propuso el priista Omar Jalil Flores Majul a?las partes involucradas en el conflicto minero de los Filos y Bermejal en Mezcala, para que recurran al dialogo y la negociación, “para la construcción de acuerdos”.
Pero con previo análisis de la situación social, laboral, económica y empresarial en la zona, “que permita lograr un acuerdo justo en la explotación económica de minerales lícitos y con ello establecer en el conflicto minero, la conciliación y la adopción de medidas de compensación social y responsabilidad ambiental en la mina de Mezcala, entre los propietarios de la tierra y la empresa poseedora de la concesión del fundo minero”.
Pero también que en el acuerdo se estipule el pago “justo y legitimo” a los propietarios de la tierra, por su arrendamiento y el cumplimento irrestricto de los acuerdos en salud, educación, agua potable y caminos acordados lícitamente y “no sean despojados de sus derecho a una vida digna”.
El Congreso también exhortó al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, Juan José Guerra Abud, para que evalúe el impacto ambiental producido por las operaciones en la mina de los Filos Bermejal y subterránea por socavón, respecto a los criterios jurídicos establecidos sobre el aprovechamiento sustentable, la preservación, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales.
De la misma manera se exhortó al director general de la Comisión Nacional de Agua (Conagua),?David Korenfeld Federman,?a que realice una evaluación técnica y administrativa sobre la gestión integral de recursos hídricos, servicios ambientales, uso industrial, conservación ambiental del recurso hídrico, en la zona de impacto del mina y en la mina y la probable contaminación de este recurso.
El exhorto alcanzó a la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, para que intervenga en razón de la existencia del conflicto minero en Los Filos y Bermejal?y “verifique las actuales condiciones de salud” de los habitantes de Carrizalillo y trabajadores y personal de la mina realizando las investigaciones necesarias sobre el diagnóstico de salud a través de la institución correspondiente.
De la misma manera pide al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, que instruya al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren),??Tulio Ismael Estrada Apátiga,?al??Secretario de Salud Lázaro Mason Alonzo,?y al titular de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado,?Julio Cesar Aguirre Méndez,?para que “coadyuven y se coordinen con las instancias federales en el seguimiento, solución e investigación en materia de salud??para conocer el grado de contaminación provocado en los seres humanos, animales y fauna, como producto de la operación minera que origino el conflicto y el paro laboral de la mina de los Filos y Bermejal en Mezcala iniciado los primeros días de abril del 2014”.