Protestan periodistas en el Congreso; acusan a diputados de vulnerar el secreto profesional

*Reporteros de diversos medios se manifiestan con carteles y consignas en la sesión del pleno contra la pretensión de obligar a Rosalba Ramírez de El Sur a revelar sus fuentes de información. Tras un amago de desalojo, la Comisión de Gobierno se reunió con los manifestantes. El diputado perredista Oscar Díaz Bello da una disculpa a tres agraviadas, pero dice que todo fue un mal entendido

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Durante la sesión del Congreso local, reporteros de diferentes medios de comunicación exigieron con pancartas y consignas respeto a la libertad de expresión, al derecho a la información y a mantener en secreto las fuentes. En respuesta, los integrantes de la mesa directiva amagaron con desalojarlos del recinto.
El jueves 28 de marzo, en conferencia de prensa, cinco integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta legislatura leyeron un documento en el que exigieron a la reportera de El Sur, Rosalba Ramírez García, que dé a conocer el nombre de la persona que le proporcionó la información sobre las irregularidades observadas por la Auditoría General del Estado a las cuentas públicas de 14 ayuntamientos correspondientes a 2012.
La intimidación a la reportera motivó reacciones de solidaridad de diferentes actores externos, pero no había una postura de los diputados sobre la libertad de expresión y sobre la denuncia de hechos que presentó la Auditoría General de Estado para investigar quién “filtró” la información que se publicó en El Sur, en La Jornada Guerrero bajo la firma de la reportera Citlal Giles Sánchez, y en Puntual bajo la firma de Vanessa Cuevas Bonilla.
Luego de unos 20 minutos de consignas, la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada del PRI, Verónica Muñoz Parra, instruyó a la secretaria, la diputada del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, a leer los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para restablecer el orden de la sesión y luego para desalojar la sala con la fuerza pública.
La instrucción quedó en un mero acto de intimidación, porque los integrantes de la Comisión de Gobierno llamaron después a los manifestantes a dialogar en la sala José Francisco Ruiz Massieu.
Luego de escuchar los planteamientos de los reporteros, el presidente de la Comisión de Cuenta Pública, Óscar Díaz Bello, ofreció una disculpa a las reporteras, pero dijo que todo fue un mal entendido.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, se deslindó de la agresión al gremio periodístico, y el priista Hector Apreza Patrón ofreció hacer pronunciamientos en tribuna que solicitaron los reporteros, así como exhortar a la AGE a que se desista de la denuncia de hechos, y a la brevedad homologar las leyes locales con los tratados internacionales sobre la secrecía de las fuentes de información para evitar que se repita esta circunstancia con otro poder y nivel de gobierno.
En un escrito que firmaron decenas de reporteros, las reporteras agraviadas demandaron que la Comisión de la Cuenta Pública se retracte públicamente en su presión de que las reporteras den a conocer los nombres de sus fuentes.
Asimismo, que desautoricen la exigencia de los diputados de esta comisión, pues se trata claramente de un acto de intimidación, y “como legisladores deben saber que los periodistas tienen derecho a mantener en secreto los nombres de sus fuentes de información y reservarse para sí sus apuntes y archivos personales y profesionales”.
Recordaron que este derecho no sólo está consagrado en tratados internacionales y en normas de carácter federal, sino también fue reconocido en la 58 legislatura local que derogó los llamados “delitos de prensa”.
Señalaron que en ese proceso se introdujo en el Código Penal una disposición que considera como un abuso de autoridad que se pretenda obligar a los periodistas a revelar secretos propios de su profesión, en este caso nombres de quien les proporcione información de interés público.
Aclararon que esta exigencia no es privilegio, sino un derecho que además también es de la sociedad, “de la que somos portavoces”.
La editora de El Sur, Maribel Gutiérrez, exigió una postura inmediata de los políticos para disipar el ambiente de hostigamiento contra las reporteras que cubren la fuente legislativa, porque en el Congreso no se había observado un cambio en el comportamiento de los diputados que les exigieron revelar sus fuentes.
Ortega Jiménez argumentó que el llamado a la reportera Rosalba Ramírez no fue de parte del Legislativo, sino de una comisión, y luego dio lectura a algunas leyes y pactos donde se establece el derecho a la libertad de expresión y a la información, como para demostrar que sí conoce la legislación en la materia.
Insistió en que esta legislatura ha sido respetuosa de lo que escriben, dicen o logran investigar los reporteros, y como ejemplo hizo alusión a la filtración de una grabación del entonces secretario de seguridad Púbica, Javier Lara Montellanos, donde reconoció que el número de emergencia 066 estaba infiltrado por el narcotráfico.
Dijo que el Congreso no pide que se revelen las fuentes informativas, ni se inició una averiguación previa al respecto.
Sobre la conferencia de la Comisión de la Cuenta Pública, señaló que “es de humanos equivocarse y los medios de comunicación son los menos culpables de que en el Congreso no se guarde la secrecía de algunos asuntos”, pues insistió en que hay asuntos de seguridad que no deben salir al público.
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, precisó que hará un exhorto a la AGE para que se desista de la denuncia de hechos, y a que, si tiene problemas internos, los arregle y no involucre a los medios de comunicación, como insistiendo en que la fuga de información fue en la Auditoría.
Para justificar la acción de la Comisión de Cuenta Pública, dijo que sin duda a veces se cometen errores, se usan “expresiones inadecuadas”, pero en el fondo no tienen la intención de agraviar la libertad de expresión y el derecho a la secrecía de las fuentes.
Adelantó que promoverá un punto de acuerdo para hacer este reconocimiento, ante la insistencia del reportero Ezequiel Flores, de la revista Proceso, e indicó que se va a legislar a la brevedad para salvaguardar el derecho fundamental a la información y la libertad de expresión y en particular el secreto profesional.
Por último, Díaz Bello declaró que en aquella conferencia de prensa sólo planteó un escenario posible, que las reporteras fueran llamadas a declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), porque un día antes el auditor Arturo Latabán había presentado una denuncia de hechos para exigir que se revelara la identidad de la fuente de información.