Zeferino ordenó el asesinato de Chavarría y debe ser investigado, demandan la familia y compañeros

*Martha Obeso le recuerda a Aguirre que en su campaña hizo el compromiso de esclarecer y castigar el crimen. El ex gobernador “no tiene vergüenza ni calidad ética ni moral” para regresar a la política, afirman. David Jiménez y diputados del Grupo Guerrero anticipan que pedirán la comparecencia del procurador en el Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La familia del ex diputado local asesinado en agosto de 2009, Armando Chavarría Barrera, e integrantes del que fuera su grupo político en el PRD, se lanzaron nuevamente contra el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a quien acusaron de ser el autor intelectual del homicidio y condenaron su pretensión de regresar a la vida pública mediante la creación de un nuevo partido político.
Pero también denunciaron que hay desinterés del actual gobierno de Ángel Aguirre Rivero para esclarecer el homicidio, a pesar de que fue un compromiso asumido cuando el PRD le dio la candidatura a la gubernatura, después de que el PRI se la negó.
En una conferencia de prensa convocada por la viuda del ex diputado local, Martha Obeso Cázares, y el líder de Grupo Guerrero (GG), antes Polo Guerrerense de Izquierda (PGI), David Jiménez Rumbo, también estuvieron los diputados locales de esa corriente, Ana Lilia Jiménez Rumbo, Elí Camacho Goicochea y Valentín Rafaela Solís, así como el hijo de Chavarría Barrera, Omar Chavarría Obeso, y el secretario de elecciones de la dirigencia del PRD, Mario Ruiz Valencia.
Martha Obeso reprochó al gobierno de Aguirre Rivero que a tres años de su gobierno continúe la impunidad en el caso del homicidio del ex diputado del PRD, a mil 694 días del “aberrante asesinato”.
Obeso Cázares insistió en que “su pecado” fue su aspiración a ser candidato del PRD a la gubernatura, “ese fue el desafío que los poderes fácticos que mandan en el estado no pudieron tolerar”.
Recordó que siete titulares han estado al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) después del asesinato de su esposo, sin que se haya reportado avance alguno.
En un comunicado que leyeron a las puertas de la Procuraduría, demandaron que llame a Zeferino Torreblanca para que explique “por qué entorpeció y enredó la investigación, llegando incluso a hacer perdidizo el expediente original de este crimen”.
También el motivo por el que días antes de terminar su mandato afirmó que el caso Chavarría estaba resuelto en un 99 por ciento y que sólo faltaba que se liberaran las órdenes de aprehensión.
Insistieron en que una línea de investigación debe apuntar a Torreblanca Galindo, de lo contrario se estaría incurriendo “en responsabilidad por omisión de justicia”.
Recordaron que siete días antes del asesinato el entonces gobernador le retiró la escolta al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, y “lo dejó en la más completa indefensión y lo entregó inerme a los sicarios”.
La familia del político asesinado y quienes quedaron al frente de su grupo político reiniciaron su demanda de justicia ante la intención del ex gobernador Zeferino Torreblanca de regresar a la vida pública y política, pues “no tiene vergüenza ni calidad ética ni moral” para entrar nuevamente a la política en el estado.
Pidieron que “se retome” la investigación y demandaron al gobernador Ángel Aguirre y al procurador Iñaky Blanco Cabrera que “Zeferino Torreblanca sea presentado ante la autoridad”.
Martha Obeso recordó que en su campaña, Angel Aguirre “empeñó su palabra conmigo, con mi familia, con los guerrerenses, fue un compromiso de campaña”.
La viuda adelantó que si el gobierno del estado a través de la Procuraduría y en general el Estado mexicano sigue perfilando “un acto de denegación de justicia”, la familia recurrirá a un amparo ante la “Corte Interamericana de Justicia”.
Por su parte, David Jiménez Rumbo dijo que Zeferino Torreblanca debe estar en la cárcel, “para que se pueda asesinar al presidente del Poder Legislativo se necesita otro hombre más poderoso, para desaparecer una averiguación previa se requiere un hombre que mande al procurador y eso sólo lo podía hacer el gobernador del estado en turno”.
También le recordó al gobernador Ángel Aguirre que para que el GG lo respaldara en su entrada y postulación a la gubernatura por el PRD, hizo el compromiso de esclarecer el asesinato.
Y reprochó que no lo haya cumplido a pesar de que en su gobierno ya pasaron cuatro procuradores: Alberto López Rosas, el encargado de despacho César de los Santos Mendoza, Martha Elva Garzón Bernal y el actual Iñaky Blanco Cabrera.
Jiménez Rumbo dijo que en la última reunión que tuvo con el gobernador le planteó el caso, pero que el gobernador se justificó por la falta de resultados y la respuesta fue “que él tiene mucho interés en resolverlo, pero que hay muy poca evidencia, que tuvieron tiempo suficiente para perder expedientes, que se han dedicado prácticamente a rearmar todo”.
Insistió en que “Zeferino Torreblanca Galindo ordenó el asesinato y entonces se encargó de limpiar las evidencias”, y a pregunta expresa dijo que no considera que esa respuesta del gobernador sea un deslinde en el caso, “porque el compromiso está vigente” aunque reconoció que “sin embargo en los hechos, es así”.
Los diputados locales de GG coincidieron en la necesidad de que el procurador sea llamado a comparecer ante el Congreso local para que explique el estado de la investigación, “si no se puede ante el pleno, que sea ante comisiones”.
Ahí el secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo, Elí Camacho, se comprometió a proponer que se llame a Iñaky Blanco Cabrera.
Sin embargo la diputada Ana Lilia Jiménez recordó que el año pasado solicitó en tribuna que se llamara a comparecer a la ex procuradora Martha Elva Garzón, pero Ángel Aguirre no lo autorizó, y posteriormente en un encuentro que tuvieron la entonces procuradora “me recriminó que la haya llamado a comparecer”.