Anticipa Aguirre en su informe la liberación de los comunitarios presos mediante la amnistía

*Justifica que su aprehensión se debió a que representaban una amenaza a la gobernabilidad y la paz social del estado. Las policías comunitarias de Olinalá, Tixtla y Ayutla “cometieron excesos”, sostiene. A la UPOEG la “llamamos a respetar la ley”, advierte

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

En su tercer informe entregado la mañana de ayer en el Congreso del estado, el gobernador Angel Aguirre Rivero explica y justifica la aprehensión de los comandantes de la CRAC de Olinalá, Tixtla y Ayutla, presos en diferentes cárceles del país, por representar una amenaza a la gobernabilidad y la paz social en Guerrero, aunque anuncia una amnistía para liberarlos.
Acepta que la violación a los derechos humanos en Guerrero es un déficit democrático para su gobierno, y da a conocer que recibió una recomendación de la CNDH por falta de atención a damnificados.
La mañana de este miércoles,  el secretario general de Gobierno acompañado de funcionarios, entregó por escrito a los diputados de la Comisión de Gobierno del Congreso, encabezados por el diputado presidente, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, el tercer informe de gobierno de Angel Aguirre Rivero.
El Sur logró obtener una copia, y en el tercer informe el gobernador dice que le ha tocado enfrentar “graves problemas, y estamos respondiendo con grandes acciones de corto, mediano y largo plazo que están transformando a Guerrero”.
Refiere que a los movimientos de autodefensa que surgieron los primeros días de enero del 2013, los respeta “y los canalizamos mediante el diálogo “por el sendero de la ley y la justicia social; igual trato recibieron los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”.
Aunque ni las autodefensas de la UPOEG ni la CRAC se han acogido a su Policía Rural, incluso la han repudiado, señala: “Producto de la atención inmediata al conflicto, se aprobó en el Congreso del estado la reforma a la Ley de Seguridad Pública, para crear el Cuerpo de la Policía Rural, para darle legalidad a estos novedosos sistemas de seguridad ciudadanos, y trabajamos en la parte reglamentaria para que puedan operar de acuerdo con la ley y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Por las secuelas de los meteoros que azotaron en el estado, indica: “Enfrentamos con arduo trabajo y determinación los desastres causados a lo largo y ancho del estado por las tormentas Manuel e Ingrid, en el mes de septiembre del 2013, lo referente a los daños a la infraestructura estatal, pero surgieron múltiples conflictos que derivaron en protesta social que reclamaban atención inmediata por la pérdida de su patrimonio; y en el área rural la pérdida de cultivos y de infraestructura agrícola”.
Pero señala que “ante las inconformidades naturales producto de la desesperación, se actuó con cordura y civilidad y los diferendos por la tardanza de las acciones se concertaron con el diálogo y el acuerdo con la intervención de las tres instancias de gobierno”.

La guerra sucia de los 70, “déficit democrático” en Guerrero

Luego enfatiza que Guerrero ha sido estigmatizado como conflictivo y violento, pero en contraparte, los críticos de siempre olvidan los aportes en la historia para el desarrollo de México, como nación democrática y libre.
Recordó que “por la terrible Guerra Sucia de los años 70, que enlutó a cientos de guerrerenses dejando víctimas y sobrevivientes”, creó la Comisión de la Verdad.
Y sin detallar, dice que ahora se enfrentan “a los intereses de grupos de poder fáctico que se contraponen al nuevo modelo político, porque ven en riesgo sus intereses que por muchos años les han redituado enormes ganancias a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de la población”.
Por ello explica que surgen los “autodenominados grupos de autodefensa”, que dice están cansados del acoso de la delincuencia organizada contra la población, en la Costa Chica y algunos lugares de la Montaña media del estado y posteriormente en la parte baja de la Sierra, en el municipio de Leonardo Bravo.
Explica que “en aras de mantener la paz social el gobierno del estado atendió con prontitud las demandas de seguridad pública y desarrollo social planteadas por la UPOEG y los grupos autodenominados de la CRAC de Olinalá, Tixtla y Ayutla de los Libres”.
Añade que con todos se entablaron mesas de trabajo sin límite de tiempo, se coadyuvó para asistir jurídicamente a los detenidos en los operativos de las autodefensas, acusados de delincuencia organizada y otros delitos, y coadyuvó para proteger sus derechos humanos y garantizar procesos legales.
Argumenta que se les invitó a legalizar mediante un proceso de diálogo permanente a los grupos de autodefensa, “para ello, el gobierno del estado mandó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública, para crear el Cuerpo de la Policía Rural, como una opción para legalizar a las autodefensas y los grupos de policías comunitarios, teniendo como respuesta el rechazo a la propuesta, sin siquiera someterla a un análisis o consulta con sus bases como suelen hacerlo”.

“Abusaron de la tolerancia del gobierno”

El gobernador Angel Aguirre precisa que en ese lapso del diálogo, las autodefensas y los grupos de policías comunitarios “cometieron excesos y abusaron de la tolerancia del gobierno del estado”.
“En todos los casos, donde operaban: Nestora Salgado Rodríguez, Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco y Gonzalo Molina González además de detener a presuntos miembros de la delincuencia organizada, retenían indebidamente a funcionarios públicos como en el caso de Olinalá; violaban sus garantías constitucionales y sometían a los detenidos a tratos crueles e inhumanos, como en el caso de El Paraíso, municipio de Ayutla”.
Indica que, “en el exceso, el grupo comunitario encabezado por Gonzalo Molina de Tixtla, tomó con violencia las instalaciones del Ayuntamiento de ese lugar, en un operativo con armas de alto poder reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, golpeando a los policías municipales de guardia “de manera salvaje”.
“Los grupos mencionados, rompieron unilateralmente los diálogos establecidos con el gobierno del estado, se rebelaron contra la autoridad legalmente establecida, convirtiéndose por la vía de los hechos en poderes paralelos con el uso de la fuerza, lo cual contradice los principios establecidos en nuestra Carta Magna”, acusa.
Por lo anterior, el gobernador argumenta que el rompimiento del Estado de derecho por “estos grupos” y la “amenaza a la gobernabilidad y la paz social”, obligaron al gobierno del estado a tomar medidas legales, que concluyeron en la captura y enjuiciamiento de Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Gonzalo Molina González y Nestora Salgado Rodríguez, acusados de delitos del orden común y federal.
No obstante, dice que “la situación anterior” no ha sido obstáculo para mantener los diálogos y acuerdos con las CRAC y los grupos comunitarios de la Sierra.
Luego lanza una advertencia: “Estamos atentos a la evolución de las acciones de la UPOEG, a la que llamamos a respetar la ley y apegarse a los protocolos en materia de seguridad pública, y hacemos votos para que regularicen su estatus jurídico en el marco de la mencionada reforma a la Ley de Seguridad Pública que crea el Cuerpo de Policía Rural, como ya lo está haciendo la policía ciudadana de Leonardo Bravo”.
Enseguida allana su advertencia: “Mi gobierno escucha con atención las peticiones y demandas de la ciudadanía y sus organizaciones sociales, hemos recibido la petición formal del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y otros sectores, para otorgar la amnistía a miembros de los grupos comunitarios que permanecen en prisión acusados de diversos delitos, estamos analizando con la importancia que se merece este asunto”.
“He girado instrucciones a las dependencias relacionadas con el tema para que den una respuesta positiva lo más pronto posible a esas demandas, en el marco de la ley y apegados al espíritu democrático de mi gobierno, en el objetivo de mantener la paz social y la gobernabilidad”, anuncia.
En general en materia de derechos humanos, el gobernador Aguirre Rivero asume que es un tema primordial para el gobierno y ha efectuado diversas acciones afirmativas en el tema, destacando la realizada el día 19 de diciembre de 2013, en la que se llevó a cabo el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad por parte del Estado Mexicano en el caso Faustino Jiménez Álvarez, derivado del Acuerdo de Solución Amistosa 12.610, celebrado el 27 de septiembre de 2012, tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asegura que se dio seguimiento y atención a las diversas resoluciones emitidas por los organismos protectores de derechos humanos, atendiendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y recibieron cinco recomendaciones, que han sido aceptadas y se encuentran en proceso de cumplimiento.
Informa que en lo referente a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, recibieron un total de 56 recomendaciones, lo que representa una disminución del 29 por ciento en relación a las recibidas en el año 2012.
Precisa que aceptaron 53 recomendaciones, de éstas, 49 se encuentran parcialmente cumplidas, tres cumplidas totalmente, dos no fueron aceptadas al considerar que su emisión no fue apegada a derecho y dos se encuentran en análisis para ser contestadas.

La atención a desplazados por la narcoviolencia

En el tema de los desplazados por la narcoviolencia, el gobernador informa que aunque “este fenómeno no es privativo de Guerrero, sino consecuencia de la violencia contumaz del crimen organizado”.
Da a conocer que se conformaron brigadas multidisciplinarias que atendieron a los desplazados de Las Shascuitas, en el municipio de San Miguel Totolapan; a los de Tlacotepec, del municipio de Heliodoro Castillo; a los de Puerto de las Ollas del municipio de Coyuca de Catalán; a los de Palos Altos, que se refugiaron en Tecpan de Galeana, y a los de Pie de la Cuesta refugiados en Atoyac de Álvarez.
Además que de acuerdo con los protocolos nacionales e internacionales, se les ha brindado alimentación, educación y terapia psicológica.
Se habilitaron albergues temporales con cocinas móviles comunes, se les brindó resguardo policiaco, reposición de documentos oficiales, transportación y en un caso especial de las familias de la comunidad de las Mesas II, de San Miguel Totolapan, se organizó un operativo de seguridad conjunto entre el estado y la federación para rescatar a 8 personas secuestradas y reunirlos con sus familiares.

Recomendación de la CNDH

Sobre los damnificados por los meteoros Manuel e Ingrid en septiembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación requiriendo al gobierno estatal, información relativa a presuntas violaciones de derechos humanos.
Aunque no precisa la información, el gobernador da a conocer que a través de la Secretaría General de Gobierno “ha cumplido a cabalidad con la entrega de la información que marca la recomendación; incluye acciones de corto y mediano plazo para su cumplimiento”.
También hace un resumen sobre los apoyos a organizaciones sociales, que según su padrón tienen registradas a 271; dice que realizaron 245 audiencias, instalaron 225, así como 15 reuniones de trabajo con las Secretarias de Educación Guerrero, Salud, Seguridad Pública y Protección Civil, DIF-Guerrero y CICAEG.
En los asuntos religiosos, dice que el año pasado se registraron 13 conflictos, de los cuales 10 se solucionaron favorablemente y el resto se están tratando.
Los asuntos por intolerancia o diferencias religiosas, registraron un total de 8 casos; 4 al interior de las iglesias o interreligiosos y uno entre iglesias y autoridades.