Entrega Martínez Garnelo al Congreso local el tercer informe de Aguirre

Entrega Martínez Garnelo al Congreso el tercer informe del gobernador Aguirre

*Informa a los diputados que el Ejecutivo acudirá el 28 a dar un mensaje, y le responden que eso lo decide el pleno

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

La mañana de ayer, funcionarios del gobierno del estado encabezados por el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, entregaron a los diputados del Congreso del estado el tercer informe del gobernador Angel Aguirre Rivero.
En la breve ceremonia de entrega del tercer informe, Martínez Garnelo informó a los diputados de la Comisión de Gobierno y a la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Verónica Muñoz Parra, que por “instrucción” del gobernador se disponía a acudir al Congreso local el 28 de este mes a las diez y media de la mañana, a dirigir un mensaje con motivo del estado que guarda la administración publica de su tercer año de gobierno.
Lo dicho por Martínez Garnelo fue escuchado por los diputados como una orden, lo que provocó que en su intervención, el presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, le respondiera que será el pleno del Congreso local donde los diputados fijarán la fecha y hora en que se realizará la sesión solemne para recibir al gobernador y dirija su mensaje, y se les informará.
Más tarde, al terminar la ceremonia en que se entregó el tercer informe, la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra, a pregunta expresa respondió que respalda la postura del diputado Bernardo Ortega y serán los diputados quienes fijen la fecha y hora en que recibirán al gobernador en el Congreso local.
También a pregunta expresa a Martínez Garnelo, cuando se retiraba del Congreso local, dijo que respeta la decisión de los diputados, pero que el gobernador ya decidió acudir al Congreso local el próximo lunes 28, pero que esperarán lo que acuerden los diputados.
El funcionario no quiso decir si este año el gobernador aceptará que los secretarios de despacho acudan ante el pleno del Congreso local a realizar la glosa del tercer informe, pues el año pasado lo obviaron ambas partes.
Martínez Garnelo sólo respondió que cumplen con la ley al entregar por escrito el informe de gobierno.
Este miércoles a las diez de la mañana arribó al Congreso local el secretario general de Gobierno, acompañado del subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza; del coordinador de asesores del gobierno estatal, Porfirio Camarena; y del consejero jurídico del gobierno del estado, Raymundo Melgarejo.
Los funcionarios primero fueron recibidos en la oficina de la presidencia de la Comisión de Gobierno, por su presidente, el diputado Bernardo Ortega Jiménez; el coordinador del PVEM, Arturo Alvarez Angli; el representante del PT, Jorge Salazar Marchán; y llegaron tarde ahí la diputada Verónica Muñoz Parra y la coordinadora del PAN, Delfina Concepción Oliva.
Ya en la ceremonia realizada en la Sala José Francisco Ruiz Massieu, llegaron los diputados Amador Campos Aburto y Oscar Díaz Bello, ambos del PRD.
Luego de las presentaciones que realizó un trabajador de Oficialía Mayor, tomó la palabra el secretario general de Gobierno para decir que con la entrega por escrito del tercer informe daba cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución del estado (hacerlo entre el 1 y el 15 de abril).
Dijo que entregaba el informe constituido por 200 fojas útiles y sus respectivos anexos, “para que lo lean”, agregando el respeto irrestricto a los poderes públicos.
Enseguida les dio a conocer a los diputados: “informo a ustedes por  instrucciones del señor gobernador, que amén e independientemente de que estamos entregando el informe escrito y de manera magnética, me pide el gobernador que haga el comentario, de acuerdo a los artículos que ya cité, que asistirá en sesión solemne a este honorable Congreso el día 28 de abril del año que transcurre a las 10:30 horas para leer y emitir un mensaje de este tercer informe sobre el estado que guarda la administración en la entidad”.
Por su parte la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Verónica Muñoz Parra, calificó la entrega por escrito del tercer informe como “un acto republicano y democrático que reviste de una gran importancia, no sólo para el Poder Legislativo, sino también para todo el pueblo de Guerrero”.
Mientras que el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, agradeció al funcionario la entrega del tercer informe, pero lo atajó: “retomando la decisión, la solicitud que nos hace el secretario, que el gobernador vendrá al Congreso, vamos a tomarlo en cuenta para poder nosotros procesarlo en la Comisión de Gobierno y que sea el pleno quien fije la fecha y la hora, para poderlo recibir en sesión solemne”.
Y le pidió a Martínez Garnelo que le llevara al gobernador Angel Aguirre “un saludo de la 60 Legislatura, y en tiempo y forma le haremos llegar el día, la fecha y la hora que lo recibiremos aquí en este Congreso, para que dirija su mensaje a los guerrerenses en este su tercer año de gobierno”.
Acto seguido, el funcionario entregó a los diputados los libros que contiene  por escrito el tercer informe de gobierno, acompañado también de un CD para consulta del tercer informe que además contienen los anexos respectivos.
Nada se dijo de si el gobernador ordenará a sus secretarios de despacho a que acudan ante el pleno de diputados a realizar la glosa del tercer informe de gobierno. Porque en este gobierno se ha dejado de hacer, aunque tampoco a los diputados les ha interesado la rendición de cuentas.

Anticipa Aguirre en su informe la liberación de los comunitarios presos mediante la amnistía

*Justifica que su aprehensión se debió a que representaban una amenaza a la gobernabilidad y la paz social del estado. Las policías comunitarias de Olinalá, Tixtla y Ayutla “cometieron excesos”, sostiene. A la UPOEG la “llamamos a respetar la ley”, advierte

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

En su tercer informe entregado la mañana de ayer en el Congreso del estado, el gobernador Angel Aguirre Rivero explica y justifica la aprehensión de los comandantes de la CRAC de Olinalá, Tixtla y Ayutla, presos en diferentes cárceles del país, por representar una amenaza a la gobernabilidad y la paz social en Guerrero, aunque anuncia una amnistía para liberarlos.
Acepta que la violación a los derechos humanos en Guerrero es un déficit democrático para su gobierno, y da a conocer que recibió una recomendación de la CNDH por falta de atención a damnificados.
La mañana de este miércoles,  el secretario general de Gobierno acompañado de funcionarios, entregó por escrito a los diputados de la Comisión de Gobierno del Congreso, encabezados por el diputado presidente, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, el tercer informe de gobierno de Angel Aguirre Rivero.
El Sur logró obtener una copia, y en el tercer informe el gobernador dice que le ha tocado enfrentar “graves problemas, y estamos respondiendo con grandes acciones de corto, mediano y largo plazo que están transformando a Guerrero”.
Refiere que a los movimientos de autodefensa que surgieron los primeros días de enero del 2013, los respeta “y los canalizamos mediante el diálogo “por el sendero de la ley y la justicia social; igual trato recibieron los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”.
Aunque ni las autodefensas de la UPOEG ni la CRAC se han acogido a su Policía Rural, incluso la han repudiado, señala: “Producto de la atención inmediata al conflicto, se aprobó en el Congreso del estado la reforma a la Ley de Seguridad Pública, para crear el Cuerpo de la Policía Rural, para darle legalidad a estos novedosos sistemas de seguridad ciudadanos, y trabajamos en la parte reglamentaria para que puedan operar de acuerdo con la ley y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Por las secuelas de los meteoros que azotaron en el estado, indica: “Enfrentamos con arduo trabajo y determinación los desastres causados a lo largo y ancho del estado por las tormentas Manuel e Ingrid, en el mes de septiembre del 2013, lo referente a los daños a la infraestructura estatal, pero surgieron múltiples conflictos que derivaron en protesta social que reclamaban atención inmediata por la pérdida de su patrimonio; y en el área rural la pérdida de cultivos y de infraestructura agrícola”.
Pero señala que “ante las inconformidades naturales producto de la desesperación, se actuó con cordura y civilidad y los diferendos por la tardanza de las acciones se concertaron con el diálogo y el acuerdo con la intervención de las tres instancias de gobierno”.

La guerra sucia de los 70, “déficit democrático” en Guerrero

Luego enfatiza que Guerrero ha sido estigmatizado como conflictivo y violento, pero en contraparte, los críticos de siempre olvidan los aportes en la historia para el desarrollo de México, como nación democrática y libre.
Recordó que “por la terrible Guerra Sucia de los años 70, que enlutó a cientos de guerrerenses dejando víctimas y sobrevivientes”, creó la Comisión de la Verdad.
Y sin detallar, dice que ahora se enfrentan “a los intereses de grupos de poder fáctico que se contraponen al nuevo modelo político, porque ven en riesgo sus intereses que por muchos años les han redituado enormes ganancias a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de la población”.
Por ello explica que surgen los “autodenominados grupos de autodefensa”, que dice están cansados del acoso de la delincuencia organizada contra la población, en la Costa Chica y algunos lugares de la Montaña media del estado y posteriormente en la parte baja de la Sierra, en el municipio de Leonardo Bravo.
Explica que “en aras de mantener la paz social el gobierno del estado atendió con prontitud las demandas de seguridad pública y desarrollo social planteadas por la UPOEG y los grupos autodenominados de la CRAC de Olinalá, Tixtla y Ayutla de los Libres”.
Añade que con todos se entablaron mesas de trabajo sin límite de tiempo, se coadyuvó para asistir jurídicamente a los detenidos en los operativos de las autodefensas, acusados de delincuencia organizada y otros delitos, y coadyuvó para proteger sus derechos humanos y garantizar procesos legales.
Argumenta que se les invitó a legalizar mediante un proceso de diálogo permanente a los grupos de autodefensa, “para ello, el gobierno del estado mandó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública, para crear el Cuerpo de la Policía Rural, como una opción para legalizar a las autodefensas y los grupos de policías comunitarios, teniendo como respuesta el rechazo a la propuesta, sin siquiera someterla a un análisis o consulta con sus bases como suelen hacerlo”.

“Abusaron de la tolerancia del gobierno”

El gobernador Angel Aguirre precisa que en ese lapso del diálogo, las autodefensas y los grupos de policías comunitarios “cometieron excesos y abusaron de la tolerancia del gobierno del estado”.
“En todos los casos, donde operaban: Nestora Salgado Rodríguez, Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco y Gonzalo Molina González además de detener a presuntos miembros de la delincuencia organizada, retenían indebidamente a funcionarios públicos como en el caso de Olinalá; violaban sus garantías constitucionales y sometían a los detenidos a tratos crueles e inhumanos, como en el caso de El Paraíso, municipio de Ayutla”.
Indica que, “en el exceso, el grupo comunitario encabezado por Gonzalo Molina de Tixtla, tomó con violencia las instalaciones del Ayuntamiento de ese lugar, en un operativo con armas de alto poder reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, golpeando a los policías municipales de guardia “de manera salvaje”.
“Los grupos mencionados, rompieron unilateralmente los diálogos establecidos con el gobierno del estado, se rebelaron contra la autoridad legalmente establecida, convirtiéndose por la vía de los hechos en poderes paralelos con el uso de la fuerza, lo cual contradice los principios establecidos en nuestra Carta Magna”, acusa.
Por lo anterior, el gobernador argumenta que el rompimiento del Estado de derecho por “estos grupos” y la “amenaza a la gobernabilidad y la paz social”, obligaron al gobierno del estado a tomar medidas legales, que concluyeron en la captura y enjuiciamiento de Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Gonzalo Molina González y Nestora Salgado Rodríguez, acusados de delitos del orden común y federal.
No obstante, dice que “la situación anterior” no ha sido obstáculo para mantener los diálogos y acuerdos con las CRAC y los grupos comunitarios de la Sierra.
Luego lanza una advertencia: “Estamos atentos a la evolución de las acciones de la UPOEG, a la que llamamos a respetar la ley y apegarse a los protocolos en materia de seguridad pública, y hacemos votos para que regularicen su estatus jurídico en el marco de la mencionada reforma a la Ley de Seguridad Pública que crea el Cuerpo de Policía Rural, como ya lo está haciendo la policía ciudadana de Leonardo Bravo”.
Enseguida allana su advertencia: “Mi gobierno escucha con atención las peticiones y demandas de la ciudadanía y sus organizaciones sociales, hemos recibido la petición formal del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y otros sectores, para otorgar la amnistía a miembros de los grupos comunitarios que permanecen en prisión acusados de diversos delitos, estamos analizando con la importancia que se merece este asunto”.
“He girado instrucciones a las dependencias relacionadas con el tema para que den una respuesta positiva lo más pronto posible a esas demandas, en el marco de la ley y apegados al espíritu democrático de mi gobierno, en el objetivo de mantener la paz social y la gobernabilidad”, anuncia.
En general en materia de derechos humanos, el gobernador Aguirre Rivero asume que es un tema primordial para el gobierno y ha efectuado diversas acciones afirmativas en el tema, destacando la realizada el día 19 de diciembre de 2013, en la que se llevó a cabo el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad por parte del Estado Mexicano en el caso Faustino Jiménez Álvarez, derivado del Acuerdo de Solución Amistosa 12.610, celebrado el 27 de septiembre de 2012, tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asegura que se dio seguimiento y atención a las diversas resoluciones emitidas por los organismos protectores de derechos humanos, atendiendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y recibieron cinco recomendaciones, que han sido aceptadas y se encuentran en proceso de cumplimiento.
Informa que en lo referente a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, recibieron un total de 56 recomendaciones, lo que representa una disminución del 29 por ciento en relación a las recibidas en el año 2012.
Precisa que aceptaron 53 recomendaciones, de éstas, 49 se encuentran parcialmente cumplidas, tres cumplidas totalmente, dos no fueron aceptadas al considerar que su emisión no fue apegada a derecho y dos se encuentran en análisis para ser contestadas.

La atención a desplazados por la narcoviolencia

En el tema de los desplazados por la narcoviolencia, el gobernador informa que aunque “este fenómeno no es privativo de Guerrero, sino consecuencia de la violencia contumaz del crimen organizado”.
Da a conocer que se conformaron brigadas multidisciplinarias que atendieron a los desplazados de Las Shascuitas, en el municipio de San Miguel Totolapan; a los de Tlacotepec, del municipio de Heliodoro Castillo; a los de Puerto de las Ollas del municipio de Coyuca de Catalán; a los de Palos Altos, que se refugiaron en Tecpan de Galeana, y a los de Pie de la Cuesta refugiados en Atoyac de Álvarez.
Además que de acuerdo con los protocolos nacionales e internacionales, se les ha brindado alimentación, educación y terapia psicológica.
Se habilitaron albergues temporales con cocinas móviles comunes, se les brindó resguardo policiaco, reposición de documentos oficiales, transportación y en un caso especial de las familias de la comunidad de las Mesas II, de San Miguel Totolapan, se organizó un operativo de seguridad conjunto entre el estado y la federación para rescatar a 8 personas secuestradas y reunirlos con sus familiares.

Recomendación de la CNDH

Sobre los damnificados por los meteoros Manuel e Ingrid en septiembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación requiriendo al gobierno estatal, información relativa a presuntas violaciones de derechos humanos.
Aunque no precisa la información, el gobernador da a conocer que a través de la Secretaría General de Gobierno “ha cumplido a cabalidad con la entrega de la información que marca la recomendación; incluye acciones de corto y mediano plazo para su cumplimiento”.
También hace un resumen sobre los apoyos a organizaciones sociales, que según su padrón tienen registradas a 271; dice que realizaron 245 audiencias, instalaron 225, así como 15 reuniones de trabajo con las Secretarias de Educación Guerrero, Salud, Seguridad Pública y Protección Civil, DIF-Guerrero y CICAEG.
En los asuntos religiosos, dice que el año pasado se registraron 13 conflictos, de los cuales 10 se solucionaron favorablemente y el resto se están tratando.
Los asuntos por intolerancia o diferencias religiosas, registraron un total de 8 casos; 4 al interior de las iglesias o interreligiosos y uno entre iglesias y autoridades.