Conmemora el Movimiento Popular Guerrerense su primer año con un foro y una marcha en Tixtla

*Demanda la ley de amnistía y la liberación de los presos de la Policía Comunitaria

Fernando Hernández

Tixtla

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) conmemoró con un congreso estatal y una multitudinaria marcha el primer aniversario de su aparición.
El congreso se realizó en la colonia El Fortín, sede del cuartel general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, a la que responde la Policía Comunitaria (PC).
Las demandas que hicieron eco en los actos que comenzaron? alrededor de las 11 de la mañana de ayer y concluyeron alrededor de las tres de la tarde con un mitin en el zócalo?de la ciudad, fueron la creación de una fiscalía para que se investiguen los asesinatos perpetrados contra los luchadores sociales en lo que va de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como el envío por parte del Ejecutivo estatal al Congreso del estado de una ley de amnistía para que excarcele a todos los presos y las presas políticas y de conciencia.
Además de la libertad inmediata para los comandantes de la Policía Comunitaria, Nestora? Salgado y Gonzalo Molina, y del promotor Arturo Campos.
Los actos conmemorativos empezaron alrededor de las 11 de la mañana pero las caravanas de organizaciones sociales y activistas, estudiantes y académicos comenzaron a llegar a El Fortín desde las nueve de la mañana.
La conmemoración? del nacimiento del MPG coincidió con el 95 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata.
Desde la cancha de esa colonia popular, ubicada en lo alto de la ciudad, se observa un plano general de la ciudad de Tixtla.
Se ve la Laguna Negra, la que algún día fue llamada por Ignacio Manuel Altamirano “El espejo de los dioses”.
Desde El Fortín? también se pueden observar? los estragos que aún prevalecen? tras el paso de las lluvias que inundaron a este mítico pueblo de la región Centro?el 13, 14, 15 y 16 de septiembre del año pasado.
En la cancha de El Fortín el ambiente era festivo y a las 12 de la tarde el tiempo se nubló. La temperatura bajó y el termómetro marcó 24 grados. “Se puso fresco y parece que va a llover”, dijo uno de los policías comunitarios, que porta en sus brazos una escopeta calibre 12, ataviado con la característica indumentaria verde olivo.
En las canchas comenzó un foro de organizaciones sociales en el que el tema principal fueron las denuncias de la estrategia de represión que han montado los tres niveles de gobierno en contra de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso y contra el MPG.
En su intervención coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RedGro), Manuel Olivares Hernández, puso el dedo en la herida: “En estos momentos las demandas más importantes del Movimiento Popular Guerrerense es la aprobación de la Ley de Amnistía para que todos aquellos que por su actividad política han sido víctimas de la represión y la judicialización puedan salir libres de las cárceles y puedan cancelarles todas las acciones penales”.
“De aquí en adelante el gobierno del estado tendrá que aceptar que en Guerrero se criminaliza y se trata de escarmentar a quienes se atreven a luchar por los derechos humanos”, acotó.
Y exigió que el gobierno de Ángel Aguirre tendrá que reconocer que el “traslado de Nestora Salgado es ilegal como el de Arturo Campos y el de Gonzalo Molina”, a cárceles de mediana y máxima seguridad de otros estados.
“Eso nos indica que son nuestros presos, y han sido producto de decisiones políticas, por lo que nosotros exigimos que con una decisión política que los metió en ese problema, puedan salir libres y desistirse de las acciones penales”, enfatizó.
Expresó que “también queremos que se cree una fiscalía especializada para que se investiguen todos los crímenes políticos que han ocurrido en este periodo de gobierno, son alrededor de 15 asesinatos en los que las autoridades han tratado de fabricar culpables, han buscado chivos expiatorios que mediante la tortura dentro y fuera de la cárcel están obligándolos a confesar crímenes que no cometieron”.
Abundó que en Guerrero se está implementando una campaña de “criminalización y judicialización de la defensa de los derechos humanos”.
En tanto que el representante de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Augusto Reyes, manifestó que “la nación está en peligro y no podemos permitir que una mafia que nos gobierna, operada por el señor Enrique Peña Nieto, hoy destruya los marcos que le dan vida a la nación y entregue las riquezas que nos quedan a las empresas estadunidenses”.
Por su parte el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero, indicó que la reforma educativa fue impuesta por los diputados, a los que llamó traidores, y como magisterio “presentamos” una propuesta que fue “desconocida” por los legisladores. Pero ahora la lucha contra la reforma educativa es a nivel nacional, señaló.
Una vez que concluyeron las intervenciones se emprendió una marcha hacia el zócalo de Tixtla.
Los policías comunitarios dieron la indicación y el contingente que fue a la vanguardia de la marcha fue el de la CETEG, seguido de una representación de los normalistas de Ayotzinapa.
En la entrada del pueblo, en el punto conocido como El Arco, desde el carro de sonido un integrante de la CETEG invitaba al pueblo a sumarse a la marcha.
En su llamado decía a la gente que se integrara para desterrar a los grupos de la delincuencia organizada que mantuvieron arrodillada a Tixtla antes de que la CRAC tomará el control de la seguridad en la zona.
Los contingentes siguieron marchando pero al llegar a la tienda Aurrerá que está ubicada a unos metros de El Arco, la camioneta en la que llevaban el sonido se descompuso y los cetegistas tuvieron que comenzar a empujarla y así la llevaron durante toda la caminata.
Conforme los contingentes escoltados por los policías comunitarios avanzaban por las calles de la ciudad, la gente se unía para marchar con ellos.
Era gente que “está agradecida con el trabajo que ha hecho la Policía Comunitaria”, decía una profesora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que forma parte activa de la CRAC.
Poco antes de llegar a la plancha del zócalo de Tixtla se les unió un grupo de damnificados por las inundaciones de septiembre del año pasado.
Héctor Coctecón, vecino del Barrio del Santuario, denunció que no han sido informados sobre los trabajos que realizó la Comisión Nacional del Agua y que tampoco han iniciado los trabajos para la construcción de un canal controlado para evitar que de nuevo el pueblo de Tixtla quede sepultado bajo el agua.
Hasta ahí también llegó la representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, hermana de Rocío Mesino, quien fue asesinada el 19 de octubre del 2013.
Antes de que la marcha diera inicio, Norma Mesino fue llevada al Hospital General de Tixtla por el luchador social Ranferi Hernández, porque se hizo una herida en la mano al estar moviendo unas sillas en el barrio de El Fortín, aunque no fue nada grave.
En el zócalo estaba una banda de viento de jóvenes que forman parte del Frente de Defensa Popular (FDP), quienes comenzaron a tocar sus sones.
La plaza se llenó de gente que exigía la liberación de los presos políticos y en particular de Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos.