Retirar la demanda por la filtración de las cuentas públicas, ordena el Congreso a la AGE

*El pleno de diputados aprobó también un acuerdo en el que expresa su respeto a la secrecía profesional de los periodistas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó ayer un punto de acuerdo por el que el Poder Legislativo manifestó su respeto al derecho de los periodistas a mantener la secrecía profesional de las fuentes de información.
También instruyó a la Auditoría General del Estado (AGE) para que se abstenga de realizar acciones que “pudieran vulnerar el secreto profesional de los periodistas”, y “valore retirar la denuncia de hechos” que presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el 26 de marzo pasado para que se investigue quién filtró la información de posibles daños financieros que el órgano fiscalizador encontró en 14 municipios.
Ayer la Comisión de Gobierno del Congreso local cumplió el acuerdo que el martes hizo con el gremio periodístico tras una manifestación en el salón de plenos durante la sesión, en la que los periodistas exigieron respeto al derecho de reservarse sus fuentes y  retirar la denuncia de hechos.
En tribuna, el diputado priista  Héctor Apreza Patrón recordó que es un derecho humano de todos los mexicanos difundir ideas, información y opiniones, por cualquier medio, y “que por ningún motivo puede ser restringido ni coartado por vías y medios indirectos”.
Además de que es un derecho humano acceder a la información pública, y en consecuencia “obvia, lógica y natural, es un derecho humano de todos los periodistas mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva”.
En relación al caso especifico de la exigencia de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, para que El Sur revelara la fuente que le proporcionó la información de las cuentas públicas, dijo que “si no se protegiera la confidencialidad de las fuentes, no se publicarían informaciones… ¡que en el caso que nos amerita son públicas! por tratarse del manejo de los dineros que paga la gente en forma de impuestos”.
El priista llamó a los diputados a “reconocer que es una regla básica en el arte del buen periodismo conseguir información lícita que esté condicionada a no divulgar la fuente de la información”, porque insistió en que es una labor social, política y jurídicamente aceptado el “publicar lo público”, salvo en aquellos países con un “desarrollo democrático limitado”.
Pero justificó que la exigencia de sus compañeros fue producto de malos entendidos, y que eso provocó un desencuentro que “hoy estamos buscando superar con diálogo y comunicación entre los comunicadores y los diputados de este Congreso”.
Reconoció que las reporteras que publicaron la información de las observaciones por cientos de millones de pesos en 14 municipios “sólo cumplieron con su deber, pero están justamente agraviadas, al igual que el gremio periodístico por todo lo que ha pasado”.
Y lamentó la acción del titular de la AGE, Arturo Latabán López, cuando el 26 de marzo pasado anunció la presentación de una denuncia de hechos ante la PGJE por la filtración de información relacionada con los informes financieros del año 2012.
Porque la acción “podría desencadenar el hostigamiento de la autoridad ministerial contra las periodistas” Rosalba Ramírez García, Vanessa Cuevas Bonilla y Citlal Giles Sánchez, reporteras de El Sur, Puntual y La Jornada Guerrero, respectivamente, porque se contraviene el derecho que tienen los medios de comunicación a la reserva de las fuentes y se viola la normatividad local en materia penal y civil que protegen el ejercicio periodístico.
Apreza Patrón reconoció que el diputado perredista Óscar Díaz Bello, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, el martes pasado ofreció “disculpas directas a las periodistas que se sienten ofendidas, al igual que el gremio periodístico”.
Y presentó dos puntos de acuerdo, el primero en el sentido de que el Poder Legislativo expresa su “total y absoluto respeto a la libertad de expresión y al derecho de los periodistas a mantener la secrecía de sus fuentes de información”.
Y el segundo, por el que pide a la AGE a que se abstenga de realizar acciones que pudieran vulnerar el secreto profesional de los periodistas, y “valore retirar la denuncia de hechos” que presentó ante la PGJE.