Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Diputados contra la libertad de expresión

Ochenta y siete periodistas han sido asesinados en México del 2000 a enero de 2014, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Trece en Guerrero, cuatro de ellos del 2010 a la fecha.
En algunos periodos de ese lapso, el país ha sido clasificado por organizaciones internacionales como el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, o el segundo, o el tercero, según lo que ocurra en Siria, Somalia o Colombia.
Por otra parte, 59 mujeres periodistas fueron agredidas el año pasado en el país, la cifra más alta desde 2009, cuando sumaron 56, y 230 hombres. Y de un total de 330 agresiones registradas, en 146 el agresor fue un funcionario público; en 49 una organización social; ?en 39 el crimen organizado, en 30 un particular y en 10 un partido político. Debido a esos datos, en su informe anual la organización independiente Artículo 19 calificó hace dos semanas el año 2013 como el más violento para el periodismo mexicano desde el 2007.
Seguramente los diputados del Congreso del estado desconocen esos datos, lo que agudiza la enorme irresponsabilidad en que incurrieron los cinco integrantes?de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (su presidente Oscar Díaz Bello, del PRD; Ricardo Taja Ramírez, del PRI; Delfina Oliva Hernández, del PAN; Alejandro Carabias Icaza, del PVEM, y Laura Arizmendi, del Partido Movimiento Ciudadano) al?amenazar públicamente a la reportera Rosalba Ramírez García, por revelar las cuentas públicas de algunos ayuntamientos que resultaron con irregularidades y presuntos faltantes de dinero, información publicada en El Sur,?La Jornada Guerrero?y?Puntual.
La coacción pública ejercida contra la reportera el 28 de marzo por los cinco diputados en una conferencia de prensa, con particular virulencia por el dudosamente impoluto Oscar Díaz Bello, hizo manifiesta la arcaica concepción que los legisladores aplican en su función (no solamente esos cinco), pues se pretenden dueños del Congreso e individuos intocables, por encima de la ciudadanía, y dueños, por lo tanto, de la información que el Poder Legislativo genera, de ahí que el hecho de que un expediente alcance las páginas de los periódicos suponga para ellos un crimen que debe ser castigado.
Sin embargo, toda la información que produce el Estado y sus instituciones es de acceso e interés público, incluida por supuesto aquella sobre el uso del presupuesto, y ese carácter no lo pierden los expedientes ni siquiera cuando los datos son sometidos a reserva o secrecía de alguna clase, pues tarde o temprano ésta termina, como en el caso de los expedientes judiciales.
No pudo disimular el diputado perredista Oscar Díaz que lo que en realidad le interesa es que las cuentas públicas con irregularidades y faltantes permanezcan ocultas al escrutinio público, como objeto de intercambio de favores políticos. Semejante manoseo es producto de la pobreza intelectual y del escaso sentido ético de los diputados, que por intereses políticos y personales son capaces de suprimir principios constitucionales básicos, como la rendición de cuentas, el derecho a la información y la libertad de expresión. Por eso fue más importante para los diputados intimidar públicamente a la reportera para que revele quién le proporcionó los expedientes, que el contenido de esos expedientes, donde consta la presunta malversación de recursos públicos.
Ese es el criterio que indujo a la Auditoría General del Estado, un organismo del Congreso, a interponer una demanda en la Procuraduría General de Justicia para localizar al responsable de filtrar a la prensa esos documentos, a sabiendas de que la sola presentación de la demanda equivalía a levantar una amenaza contra las periodistas y los diarios que publicaron la información, en este caso además de Rosalba Ramírez de El Sur, se incluyen Citlal Giles, de La Jornada Guerrero y Vanesa Cuevas Bonilla, del periódico Puntual. Aunque no se haya tratado de una acción concertada entre los diputados de la?Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el auditor Arturo Latabán López, al final ambos dejaron sembrada la amenaza contra las periodistas. Fue, sin ninguna duda, una maniobra facciosa contra el interés público y la libertad de expresión.
Hasta ayer seguía vigente la demanda de la Auditoría, pero fue preciso que el tema fuera abordado en la sesión del Congreso y que el pleno emitiera un acuerdo para solicitar a la AGE que la retirara. Es por lo tanto previsible que ya se haya retirado, o que Latabán lo haga hoy mismo. El punto es que en todo esto no hay nada que deba ser investigado ni castigado, excepto las irregularidades de los funcionarios públicos mencionados en el expediente filtrado. Pero mientras esa demanda no fuera retirada, habría quedado como un amago latente contra la prensa.
Con todo, la disculpa ofrecida por Díaz Bello –en la reunión que la Comisión de Gobierno improvisó el martes pasado con periodistas, después de que éstos protestaran en la sesión– no alcanza a disipar el vergonzoso embate que encabezó contra el legítimo derecho de los reporteros a la reserva de sus fuentes de información.
En su informe del 18 de marzo, la organización Artículo 19 advierte que “la información recabada permite corroborar que son autoridades gubernamentales quienes están detrás de la mayoría de los actos de intimidación, amenaza y agresión de quienes ejercen el periodismo en México”. También dice que “las agresiones a la prensa aumentaron en el Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Baja California y Zacatecas”. Y que seis de cada diez agresiones contra periodistas provienen de funcionarios públicos. Entre otros, de diputados de Guerrero.

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