Los funcionarios que se vean implicados en algún delito tendrán que responder: Aguirre

No va a defender a nadie, incluso integrantes de su gobierno, advierte el gobernador

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que cada quien debe asumir su responsabilidad si comete actos delictivos, trátese de funcionarios de su gobierno o de alcaldes.
En declaraciones a reporteros en la caseta de cobro de la Autopista del Sol de La Venta, donde dio el banderazo de salida a la operación de seguridad para la protección integral del turista, al gobernador se le preguntó sobre la detención del alcalde perredista de Cuetzala, Feliciano Álvarez Mecino, y Aguirre Rivero dijo que cada quien debe asumir su responsabilidad.
“Yo no voy a defender a nadie, quienes tengan alguna situación en que se vean implicados en delitos de diverso orden, pues tendrán que responder y tendrán que asumirlo”, respondió.
“Trátese de quien se trate, aun si se tratara de funcionarios de mi gobierno o se tratara de otro tipo de funcionarios, todos estamos rasados con la misma ley”, añadió.
Sobre la versión de que se investiga a otros 15 alcaldes del estado, el gobernador dijo que el gobierno federal “está en su derecho”.
El martes, policías federales ministeriales detuvieron en Iguala al alcalde de Cuetzala, Feliciano Álvarez, acusado de delincuencia organizada, y de acuerdo con la revista Proceso hay otros 15 alcaldes del estado que están sujetos a investigación por parte del gobierno federal.
Sobre la cercanía que mantuvo con él la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, durante el paro laboral de los trabajadores del Poder Judicial, el gobernador dijo que el Ejecutivo y el Judicial deben trabajar de manera coordinada y “ella me pidió que la respaldáramos también para que pronto se resolviera el conflicto y así lo hicimos en un marco de respeto”.
Al gobernador se le preguntó por la división de poderes que hay en la entidad, pero Aguirre Rivero insistió en que el apoyo del Poder Ejecutivo al Poder Judicial “fue en un marco de respeto, yo no me involucré para nada en el conflicto, lo único que hice fue coadyuvar”.
Los trabajadores del Poder Judicial del estado mantuvieron un paro de labores durante 10 días en demanda de aumento salarial; durante los últimos días del conflicto la presidenta del Tribunal, Lambertina Galeana Marín, fue vista en las oficinas del gobernador Ángel Aguirre Rivero en Acapulco, pero eludió a la prensa para no informar del motivo de su presencia.
Sobre las protestas que han surgido por trabajadores del gobierno del estado, que demandan aumento salarial, Aguirre Rivero dijo que se debe a que “lamentablemente se descuidó la parte de incrementos salariales”.
Dijo que él es un gobernador sensible a la demanda de los trabajadores y por eso se atendió la demanda de los trabajadores de la Procuraduría de Justicia del estado, a quienes se les puso al mismo nivel otras entidades del país.
“No estaba yo de acuerdo que nuestros agentes ministeriales su salario estuviera muy por debajo de otras entidades similares a la nuestra”, señaló.
Indicó que también hubo un incremento salarial para los defensores de oficio.
El gobernador dijo que las demandas de incremento salarial no se atendieron a raíz de las protestas de los trabajadores, sino que “ya se venían procesando”.
Aguirre Rivero descartó que surjan nuevas protestas de trabajadores del gobierno del estado en demanda de mejor salario, y dijo que la mayoría de los burócratas están dentro del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y con ese sindicato han tenido conversaciones puntuales y oportunas para determinar el incremento salarial de los sindicalizados.
Sobre la inseguridad que persiste en Chilpancingo, Aguirre Rivero reconoció que continúan los casos de extorsión y robo en la capital del estado, y que se trabajará para inhibirlos.
Reiteró que la operación de seguridad en Chilpancingo podría extenderse a otros municipios, “donde sea necesario”.
Aguirre Rivero también confirmó que sólo el 30 por ciento de los policías de Chilpancingo aprobaron los exámenes de control de confianza.