Jesús Mendoza Zaragoza

El componente político del crimen organizado

Mucho se ha hablado de la estrategia de seguridad ante las oleadas violentas que sacuden al país y, con frecuencia, se habla de cambios de estrategia, entendiéndolos como modificaciones a los modelos represivos del delito. En estos casos, se trata de una estrategia policiaca, simplemente, porque ha sido la sustancia de la respuesta que el Estado ha dado a la situación de  inseguridad y de violencia que prevalece en muchas regiones del país. Evidentemente, se trata de una estrategia insuficiente, que no tiene capacidad para afrontar un mal tan arraigado ya en la sociedad y en las instituciones del Estado. En consecuencia, la violencia no se ha afrontado de manera integral y permanece incubada en todas partes. Tamaulipas, que ahora sufre una oleada sangrienta, es una muestra de que este tipo de respuestas no funcionan. Y en Guerrero, después de más de dos años de la Operación Guerrero Seguro, no hay visos de una salida cierta.
En días pasados se han dado algunos hechos que nos permiten asomarnos a otro elemento que debiera ser incorporado, de manera sistemática, a la susodicha estrategia gubernamental. Fueron detenidos por la Procuraduría General de la República, el secretario de Gobierno y ex gobernador interino de Michoacán y el alcalde de Cuetzala del Progreso, en Guerrero. Se trata de dos servidores públicos que han sido investigados y se han encontrado pruebas de sus vínculos con el crimen organizado. Estamos frente a uno de los más fuertes factores del crimen organizado y de la violencia que genera: el factor político. Sin este, no se explica la grave descomposición social que tenemos ni el desarrollo vertiginoso de las organizaciones criminales.
Hay quienes afirman que la política está ya secuestrada por las mafias y que las decisiones importantes ya tienen un ingrediente mafioso. Es más, se habla ya de un Estado mafioso porque la maquinaria política está aceitada por capitales que provienen de la ilegalidad. En este sentido, muchas de las decisiones políticas no atinan al bienestar de la población pero sí benefician tanto a mafias ilegales como legales. En este sentido, ha sido muy clara la decisión política de mantener en la impunidad a políticos y a funcionarios públicos involucrados en acciones de corrupción, cobijados por los partidos políticos y amparados en instituciones que han ido perdiendo credibilidad y solvencia moral. Por eso, los casos de los funcionarios públicos que han sido detenidos en estos días, empiezan a abrir una puerta que se ha mantenido cerrada hasta ahora.
Es cierto que hay políticos y servidores públicos honestos, pero la política como tal ha sido denostada desde dentro. Cuando la gente se refiere a los criminales y los relaciona con las autoridades, nunca falta la expresión de que “son los mismos”. La política ha quedado en peores condiciones por la gran permisividad que hay para delinquir sin ser castigado dentro  del sector público. La corrupción pública como cultura y como costumbre ha sido el caldo de cultivo del crimen organizado que ha permitido negocios oscuros y daños humanos de gran alcance en el país. Por eso, sigue siendo una asignatura pendiente el saneamiento de las instituciones públicas que han sido cooptadas por los intereses del narcotráfico. Y en este tema habría que ir hasta el fondo hasta arrancar de raíz el componente político del crimen organizado.
Está ya a la puerta el proceso electoral en Guerrero, donde se suelen infiltrar de manera oculta o descarada las organizaciones criminales que ven su oportunidad para contar con aliados en el poder político. ¿Cuánto dinero de procedencia ilícita llega a las campañas electorales? No lo sabemos, a decir verdad. Pero sí vemos los gastos tan inmensos que los partidos políticos y sus candidatos hacen en campañas fastuosas e indignantes. Y no hay manera de tener el control del dinero en las campañas porque las leyes correspondientes han sido escritas, a propósito, para dejar las puestas abiertas al dinero ilegal. Los topes de campaña son solo una simulación. Nadie los respeta y nadie castiga a quienes los rebasan.
Los criminales tienen ya la costumbre de visitar a los candidatos para cooptarlos o someternos. Por la “buena” o por la mala lo logran, en tantos casos. Ya es parte de la normalidad política. Es más, en muchos casos resulta extremadamente difícil que las autoridades se mantengan al margen del influjo de los grupos criminales, que ya no se contentan con el dinero puesto que van por el poder también.
Es de esperarse que la investigación de estos dos servidores públicos no sea solo una decisión política destinada a la simulación, sino que haya una verdadera decisión política que recupere la política como herramienta para construir el bien común. Si no se hace este trabajo, seguro que continuamos con una estrategia de simulación que causará más daños al país y permitirá a las organizaciones criminales continuar con su cooptación de la política hasta hacerla pedazos.