Los derechos indígenas, a salvo aunque no estén en la nueva Constitución: diputado

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, reconoció que no hubo una homologación de la Constitución local con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
Pero adelantó que los pueblos indígenas siempre se podrán amparar en esos tratados para ejercer su autonomía.
En el primer foro El filosofar de los pueblos, legalidad y legitimidad del sistema de impartición y justicia comunitaria de América Latina y el Caribe, que se realizó en la unidad académica de Filosofía y Letras, la especialista en asuntos indígenas Magdalena Gómez advirtió el martes pasado que en el artículo 14 de la nueva Constitución, se iguala a la policía rural con la comunitaria y que hace depender a ésta de la Secretaría de Seguridad Pública del estado lo que atenta contra la justicia de los pueblos indígenas amparada en la Ley 701 del estado de Guerrero.
El diputado petista recordó que en el artículo 1 y 2 de la Constitución federal, se establece que los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano estarán por encima de las constituciones locales de los estados y la general de la República, por lo que afirmó que los derechos de los pueblos indígenas siguen estando a salvo.
También afirmó que en la nueva Constitución sigue quedando a salvo el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en los temas de relevancia o de los que ellos son objeto, porque se reconoce el carácter pluricultural del estado.
Insistió en que la Ley 701, de reconocimiento y cultura de los pueblos originarios, tampoco se verá afectada, porque en su totalidad, en todo lo que establece, está respaldada por los tratados internacionales, aunque la Constitución local no lo suscriba textualmente.
Reconoció que en la nueva Constitución se establece el nivel jerárquico de la responsabilidad del gobierno estatal a brindar seguridad pública, por encima del derecho de los ciudadanos indígenas a tener su sistema de seguridad.
Pero afirmó que los pueblos originarios están constituidos en un sistema local y como máxima autoridad tienen a sus comisarios, mientras que la policía rural es auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estatal.