CARTAS (El IEEG, Santa Inquisición que mutila derechos indígenas, opina)

Señor director:

El 9 de abril pasado, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), analizaron el juicio para la protección de los derechos indígenas de realizar, en San Luis Acatlán, la elección de las autoridades municipales de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. En otras palabras, del derecho de los pueblos indígenas de celebrar sus elecciones sin la intromisión de los partidos políticos.
En la resolución del 9 de abril,  los magistrados acordaron reencauzar el asunto de San Luis Acatlán, por “inejecución de sentencia en el juicio para la protección de los derechos político electorales”, presentada por Bruno Plácido Valerio y Manuel Vázquez Quintero. En la misma resolución, indican el procedimiento que sigue “…a efecto de que esta Sala Superior resuelva, en el momento procesal oportuno, lo que en derecho proceda”.
Los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) y la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, en dos ocasiones han negado este derecho (31 de mayo del 2012 y 20 de marzo del 2014), consagrado en la Carta Magna y en la normatividad internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, los magistrados del Ttrfe han revocado reiteradamente las decisiones del IEEG  (13 de marzo del 2013 y 9 de abril del 2014).
Las evidencias demuestran que el IEEG se convierte en la Santa Inquisición que mutila los derechos político electorales de los pueblos indígenas. Sus consejeros, como fieles escuderos de los partidos políticos que representan, son los Torquemada del siglo XXI, que avientan en la hoguera los juicios políticos y justos reclamos de los pueblos indígenas.
El caso emblemático de este juicio político electoral es un claro testimonio de que el flujo de la  información no es un fenómeno neutral. Tiene que ver con el príncipe que controla el poder. El IEEG oculta y da falsa información para limitar la legítima defensa de los  indígenas. Ciertamente, los hilos ocultos del poder influyen en las decisiones indignas de las autoridades del IEEG. Les aterroriza que el ejemplo de San Luis Acatlán se expanda hacia otros municipios indígenas.
En la nueva resolución de los magistrados del Trife (sustentada en 26 cuartillas), hacen múltiples referencias al Dictamen Pericial Antropológico elaborado por la doctora María Teresa Sierra, del CIESAS; concluyen que, en San Luis Acatlán, están vigentes los sistemas normativos para la elección por usos y costumbres y que reúnen los requisitos en la “adopción de las elecciones de… representantes populares a través del método de usos y costumbres”.
La “inejecución de sentencia” se entiende como un desacato al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. La parte indígena estará atenta de la próxima instrucción de la Sala Superior del Trife y la batalla continuará hasta alcanzar la meta trazada.
El IEEG y sus consejeros acumulan agravios. Ojalá no sigan en secreto los estudios, dictámenes y demás recomendaciones sobre este proceso. Mantener la postura de la secrecía es violar el derecho a la información.

Atentamente

Marcos Matías Alonso