Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Aborto: de libertades, derechos y fanatismo

Lo último que necesita el estado de Guerrero hoy es un brote de fanatismo religioso, y eso es lo que empezó a gestarse en Chilpancingo el viernes pasado, con motivo de la iniciativa para despenalizar el aborto, que ni siquiera ha sido enviada al Congreso por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Ese día la diócesis de Chilpancingo-Chilapa realizó en la capital una conferencia de prensa encabezada por el obispo Alejo Zavala Castro, quien aunque permaneció sólo unos minutos en ella, bastaron para dejar establecido que lo que allí se dijo es la posición de la Iglesia católica. El sacerdote Paul Díaz Quiroz informó allí que “los obispos han tenido contacto con el señor gobernador Ángel Aguirre Rivero” sobre el tema del aborto, y que otros sacerdotes entrarían en contacto con los diputados locales para pedirles que voten en contra de la iniciativa.
El sábado, esa postura adoptó la forma de campaña, pues centenares de católicos convocados por la jerarquía eclesiástica del estado salieron a las calles de Chilpancingo, Iguala y Tixtla para manifestar su rechazo a la iniciativa para despenalizar el aborto. Bloquearon la carretera federal a Chilapa, marcharon en Iguala y en Chilpancingo se distribuyeron por diversos puntos para repartir propaganda “a favor de la vida”.
El antecedente de estas acciones se halla en un comunicado firmado por los cuatro obispos del estado el pasado 16 de marzo, hecho público en una conferencia de prensa por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos.
En ese documento los obispos aseguran que la iniciativa que será enviada al Congreso para despenalizar el aborto “es un hecho que ha causado preocupación en algunos sectores de la sociedad, y preocupa a la Iglesia católica que no se calibre de manera integral y se contraponga a los derechos que tienen que mirarse de manera complementaria”, pues “los derechos de la mujer, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, tienen toda su legitimidad en la medida en que no excluyan el derecho fundamental a la vida del niño no nacido”. Sostienen que “la Iglesia siempre ha reconocido la dignidad de persona del niño no nacido y su derecho de nacer, y a que se respete su vida; junto a esto reconoce, también, los derechos de todas las personas a contar con las mejores condiciones de vida para su pleno desarrollo”. Y razonablemente subrayan la conveniencia de abrir un proceso de diálogo para encontrar la justa relación entre esos derechos, para que sean reconocidos, respetados y garantizados. Además de Garfias Merlos, firman el comunicado el obispo de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga; el de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro; y el de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda.
Sin embargo, el tono conciliatorio que los obispos emplearon en su comunicado de un mes atrás fue hecho a un lado en las movilizaciones del sábado, pues es ostensible que éstas tuvieron el propósito de hacer sentir la fuerza de la Iglesia y su capacidad de movilizar a la feligresía, no de exponer argumentos ni discutir la iniciativa. El objetivo es presionar al gobierno y al Congreso. Quizá debamos concluir que la Iglesia empezó a movilizarse en las calles porque no se siente escuchada por el gobierno de Aguirre.
Es posible que con sus demoras el gobierno haya propiciado la movilización de la Iglesia, pues no se explica por qué no ha entregado aún al Congreso local la iniciativa, después de que a principio de marzo se comprometiera a hacerlo a más tardar el día 21, como informaron organizaciones de mujeres. Es probable que el retraso tenga que ver precisamente con la oposición de los obispos, y hasta es presumible que en las cuatro semanas anteriores se haya producido una negociación entre el gobierno y la jerarquía católica, que por lo visto no habría arrojado ningún acuerdo ni satisfecho a los obispos.
De acuerdo con la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, la iniciativa conocida como de “despenalización del aborto” no propone en realidad la despenalización porque ya está despenalizado en tres causales, sino que agrega dos causales: la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y el aborto forzado. Los tres casos que la ley no penaliza son los abortos por violación, los abortos imprudenciales y los abortos por alteraciones genéticas o malformaciones graves.
El tema crítico es la incorporación de las 12 semanas, a lo largo de las cuales sería legal un aborto, figura que se encuentra en la legislación del Distrito Federal y en las leyes de países como Estados Unidos (desde 1973), pero ausente en la mayoría de los estados del país.
La postura de la Iglesia católica es que la vida empieza desde el momento de la concepción, pero las evidencias científicas indican que la vida humana es viable a partir de las 12 semanas de gestación, y este último criterio es el que predomina en el mundo moderno y las sociedades más avanzadas.
La Iglesia interpreta la legislación sobre el aborto como un permiso para matar, cuando lo que en realidad busca la actualización de las leyes es fijar la supremacía de los derechos de la mujer a decidir en un dilema que es de responsabilidad personal, y a brindar condiciones médicas apropiadas a quienes optan por interrumpir su embarazo.
Por muy controvertido que el tema resulte, y desde la perspectiva moral es imposible abordarlo con complacencia o indiferencia, las sociedades democráticas no pueden sino encarar con madurez la realidad del aborto. Al margen de la postura de la Iglesia, los abortos son parte de la vida, y despenalizarlos durante las primeras 12 semanas de gestación no va a provocar que las mujeres se entreguen alegremente a practicárselos. Lo que va a traer la reforma de la ley es garantías de salud y respeto a los derechos de las mujeres, que a la comprensible sensación de culpa moral no deben sumar una persecución legal.
Lo que hoy sucede es que miles de mujeres abortan o se practican abortos clandestinos en condiciones riesgosas, desinformadas y médicamente desasistidas, y miles mueren por ello. Poner fin a esa mortandad silenciosa es el objetivo de la despenalización, lo que en el largo plazo podría provocar que haya menos abortos.
El punto es que ni el Estado ni la ley por la que éste ejerce el gobierno de la sociedad, pueden entrometerse en un asunto de hondo y doloroso carácter personal, excepto por el hecho de que les corresponde garantizar y preservar que la decisión que la madre adopte sea tomada con absoluta libertad, informada y con la debida asistencia médica. En ese contexto, los obispos de Guerrero pisan un terreno incierto y peligroso que les está vedado por la Constitución y por el sentido de la responsabilidad. Una cosa es que expresen una posición, y otra muy distinta que desaten en las calles una lucha por sus causas.

La Biblia no prohíbe el aborto

Por otra parte, los estudiosos de la Biblia han establecido que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento hacen referencia a una prohibición del aborto. Si bien no puede de ello deducirse la existencia de una autorización o consentimiento para abortar, el hecho es que el conservadurismo eclesiástico en este tema no se deriva de las sagradas escrituras, y ese es un dato a tomarse en cuenta.

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