Tlachinollan

¿Qué grupo de la CRAC está dando la pelea por la justicia comunitaria?

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Por qué los representantes de los grupos de la CRAC, en lugar de ayudar a limar asperezas y allanar el camino del diálogo, se empeñan en remarcar las diferencias y se obsesionan por concentrar todas sus energías para descalificar y desacreditar a las demás fracciones? ¿Qué les mueve para atizar la confrontación y apelar al uso de la violencia entre ellos mismos? ¿Por qué se ha llegado al extremo que dentro del sistema de la Policía Comunitaria (cuya fuerza y sentido primigenio radica en sus asambleas regionales) se superpongan los intereses de quienes ejercen algún cargo o liderazgo dentro de los grupos de la CRAC? ¿Por qué no permiten que sean las comunidades indígenas, junto con sus autoridades tradicionales, consejeros y consejeras, las que tomen las riendas de este sistema y pongan orden al caos que impera al interior de las casas de justicia, que ya se manejan como si fueran cotos de poder o franquicias dentro de los territorios comunitarios? ¿Por qué tienen la misma  tendencia sus representantes, de buscar el reconocimiento de la autoridad estatal para sentirse seguros en los cargos?
Hoy, como maleficio para el movimiento  indígena, hay tantas CRACs cuantos grupos de interés se han enquistado dentro del sistema de  la Policía Comunitaria. Todos se asumen como los auténticos, y por lo mismo, no se aceptan ni reconocen como CRACs. Más bien, se tratan como grupos antagónicos, que despotrican entre sí. Se desacreditan públicamente y alientan el linchamiento mediático y la persecución política. Cada grupo se erige como el único heredero de la CRAC histórica, y por lo mismo, impone su propia visión de lo que es el sistema de justicia y seguridad comunitarias. Tienen también sus propias formas de interpretar  el reglamento interno. Casi todos se obstinan en ganar clientelas dentro de las mismas comunidades, a semejanza de los partidos políticos, con el fin avieso de tener el control de alguna Casa de Justicia.
Este desfondamiento del proyecto histórico de la CRAC, en buena medida se debe a la obcecación de quienes lideran los diferentes grupos que asumen posturas cerradas y se han perdido en pleitos sin trascendencia para lo que realmente es el sistema comunitario. No se percibe que las diferencias entre los grupos estén centradas en la identidad y la esencia que le da vida a este proyecto. Más bien, el conflicto lo están abaratando y están tirado por la borda todo lo que representa para los pueblos indígenas de México la experiencia exitosa de la Policía Comunitaria (PC).
Las batallas que desde los inicios de la PC  dieron los pueblos para defender  su sistema comunitario estuvo al borde de una confrontación con las policías ministeriales, del estado, municipales y del mismo Ejército. Todo el aparato de seguridad del Estado amenazó varias veces a los coordinadores de la Policía Comunitaria con desarmar a sus grupos y encarcelar a sus autoridades. El conflicto era por la vigencia del sistema de justicia y seguridad comunitarias, no por ver quiénes quedaban en los cargos de coordinadores. En ese momento los pueblos y las autoridades de la CRAC tuvieron la inteligencia, el valor y el aplomo para no dejarse intimidar, por el contrario, salieron al paso a las amenazas. En el antiguo Palacio de Gobierno, el 26 de febrero de 2002, las autoridades comunitarias encararon a las autoridades federales y estatales y a los mismos mandos del Ejército, para decirles que el proyecto de justicia y seguridad comunitaria es una iniciativa de los pueblos de la Costa Montaña, creada para garantizar la vida, la seguridad y la paz en la región, y que por ninguna razón, orden o amenaza gubernamental, iban a retroceder o a cancelar su proyecto. Desde ese tiempo, el gobierno de René Juárez, por medio del entonces  secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte y del director de Gobernación, Rey Hilario Serrano, planteaban ya la disyuntiva: la desaparición de la CRAC o su incorporación al Estado como policías preventivos municipales. La demostración más elocuente de la postura de los pueblos de la Costa Montaña fue la concentración multitudinaria en San Luis Acatlán donde expresaron con toda su fuerza la defensa de su sistema de justicia y seguridad comunitarias. Más de cuatro mil ciudadanos y ciudadanas bajaron de más de 60 comunidades me’phaa y na savi de la Montaña para marchar en las principales calles de San Luis y exigir respeto a la libre determinación de los pueblos de contar con su propio sistema de justicia.
Esta lucha histórica costó encarcelamientos de varios coordinadores, enfrentamientos con los grupos de la delincuencia organizada, privación de la vida, lesiones y amenazas a varios miembros de la Policía Comunitaria. Esta memoria intangible sigue viva en las comunidades y en los mismos consejeros y consejeras que entregaron su tiempo y pusieron en riesgo su vida para defender un proyecto que lucha por hacer accesible la justicia y la seguridad entre las comunidades indígenas de la Costa Montaña.
El enfrascamiento de los grupos de la CRAC pertenecientes a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán está propiciando un conflicto mayor al involucrar a comunidades de otras casas de Justicia, que no tienen por qué apoyar o pelearse con otros grupos. Su pleito no es con el fin de propiciar condiciones de diálogo, sino para demostrar fuerza y alentar la división y la confrontación. Los grupos y sus representantes no quieren caer en la cuenta de que ellos no representan todo el sistema de justicia, que sus diferencias internas y disputas por parcelas de poder, no pueden trastocar la totalidad del proyecto histórico. Tienen que asumir con suma responsabilidad la forma como quieren resolver sus diferencias. No pueden ostentarse como patronos o jefes de una organización cualquiera, actuando de manera vertical y sin respetar los principios, valores y normas que le dan identidad a la Policía Comunitaraia. Tienen que comprender que existen instancias superiores que por mandato de los pueblos están llamadas a asumir el arbitraje de las disputas internas.
Apelamos a que las partes contengan sus impulsos de querer actuar por cuenta propia y hacer como si no existiera una norma que los rige como miembros del sistema de justicia y seguridad comunitaria, actuando como si personalizaran la ley y la misma CRAC. Tienen una gran responsabilidad histórica, tienen que escuchar la  diversidad de voces de las y los consejeros y de las mismas comunidades, así como de organizaciones hermanas que llaman a la calma, al diálogo, al respeto y reconocimiento mutuo, a la búsqueda de acuerdos y a la construcción de un mecanismo apropiado, dentro de la misma normatividad comunitaria para resolver pacíficamente sus diferencias.
En este momento de desgaste de energías y de ofuscación por los conflictos internos que enfrenta la CRAC de San Luis, se están dejando de lado temas críticos que deben de abordarse con suma urgencia para hacer frente a  los embates que los gobiernos federal y del estado están generando, sin que se estén dimensionando las consecuencias fatales de sus acciones. En primer término está la amenaza de reducir a su mínimo reconocimiento el sistema de justicia y seguridad comunitaria, al supeditarla al sistema de seguridad del estado y circunscribirla al ámbito meramente comunitario, como viene expresado en la nueva reforma constitucional del estado. Esto es en verdad un problema que debe preocupar a todos los coordinadores y coordinadoras de la CRAC y es un tema que debe unir y convocar a todos los grupos de la CRAC, que en verdad luchan por la defensa de este proyecto histórico.
Una noticia relevante que debe de mover igualmente a todos los grupos de la CRAC es defender juntos lo que ya se ha conquistado en el ámbito judicial, con las tres resoluciones recientes que han emitido los jueces federales en torno a los casos de los policías comunitarios presos, que fueron acusados de secuestro y delincuencia organizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, que depende del Ejecutivo estatal. Las tres resoluciones emitidas por jueces del Poder Judicial federal reconocen expresamente que los detenidos y la detenida forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Refieren que este órgano de seguridad y justicia forma parte de la autonomía de los pueblos indígenas que cuenta con su propia forma de organización social, derecho ampliamente reconocido en el Convenio 169 de la OIT, el artículo 2 de la Constitución y la Ley 701 de Reconocimiento derecho y Cultura de los Pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero. Por su importancia y trascendencia en materia del derecho de los pueblos indígenas transcribimos una cita de la resolución emitida por el  licenciado José Luis Arroyo Alcántara, magistrado del primer Tribunal Unitario de Circuito con sede en Chilpancingo el pasado 24 de marzo de 2014: “La policía comunitaria de ninguna manera puede concebirse como una organización criminal conformada para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas  a otras, tengan como fin o resultados cometer el delito de privación de la libertad de personas a cambo de un rescate”.
Otra cita relevante relacionada con el caso del coordinador de la CRAC Bernardino García Francisco expresa lo siguiente: “Si bien es cierto que a la organización a la que pertenecen (POLICÍA COMUNITARIA) efectivamente existen niveles, funciones definidas y figuras jurídicas análogas  a órganos jurisdiccionales (Casas de justicia) y cárceles (Centros de Readaptación Social), etc., sin embargo, esta tiene legitimación por el Estado de Guerrero en términos de la Ley 701 de Reconocimiento, derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de Guerrero y tiene como propósito no delinquir, sino colaborar en la seguridad de las poblaciones o comunidades donde decidieron conformar la Policía Comunitaria, por lo tanto la conducta que se les atribuye debe calificarse de atípica dado que no se trata de una organización delictiva”.
Como se puede ver, los fallos del poder Judicial hacen un reconocimiento expreso a la CRAC y validan el sistema de seguridad y justicia, es decir, la capacidad que tienen las autoridades para efectuar detenciones y reeducar a las personas. Se trata de un gran avance en el plano judicial del reconocimiento de la CRAC, y al mismo tiempo es un golpe claro a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Ejecutivo estatal, que se han empeñado en criminalizar y socavar el proyecto histórico de la CRAC, refundiendo a policías comunitarios en cárceles de mediana y máxima seguridad,  cuyos delitos son insostenibles como lo demostraron las resoluciones de los magistrados. Esta lucha por la justicia comunitaria es la que tienen que dar los grupos de la CRAC. Solo en torno a estos desafíos y conquistas podemos augurar una  reconciliación futura, y así poner a salvo el proyecto histórico de los pueblos  indígenas de la Costa Montaña.