Juicio comunitario a Chuchín, ex alcalde de San Luis Acatlán

* Purgó tres meses de sentencia con trabajo

* Se le encontró culpable de secuestro y presunta violación de una menor de 15 años
Aurelio Peláez, enviado, Yoloxóchitl, San Luis Acatlán * Chuchín es el acusado.Chuchín es Jesús Huerta Mendoza, quien fue alcalde de San Luis Acatlán hace una década (1989-1991) y fue enjuiciado por la asamblea comunitaria indígena por secuestro y presunta violación de una menor de 15 años hace tres meses.
Fue liberado hace una semana por la comisión formada por los comisarios de la Coordinadora Regional Comunitaria, la cual lo encontró responsable de la violación.
Esto, luego de que durante tres meses, como sentencia para rehabilitarlo, realizó trabajos para la comunidad en los diversos pueblos indígenas de San Luis Acatlán.
Le vieron en Buenavista cargando piedras, trabajando a pala.
Pidió perdón a la familia agraviada, reclamó reparar el daño, si lo hubiere, y se le liberó de los trabajos hace una semana.
Luego, presto, salió de San Luis Acatlán.
Este domingo la asamblea de la Coordinadora Regional Comunitaria pedía cuentas a una comisión de comisarios asignada para dar un veredicto sobre el caso y en público les reclamó por haber tomado la decisión de dejar libre al ex alcalde, ya que esta correspondía a la asamblea.
Los comisarios se defendieron, pero en el fondo la idea fue que “los compañeros descompusieron el asunto”.
El ex ganadero y la joven indígena
El caso de Chuchín fue motivo de pleito político entre la Policía Comunitaria y el gobierno del estado y la Procuraduría General de la República. La familia del ex presidente municipal acudió a las autoridades estatales y federales para acusar a la Policía Comunitaria de tener secuestrado a Huerta Mendoza, cuya vida de rico ganadero ha ido decayendo en los últimos años.
Chuchín fue detenido por la comunitaria como responsable del secuestro de la menor Esther, de origen tlapaneco pero radicada en San Luis. De acuerdo a lo declarado por la muchacha y a lo investigado por esta policía. El rapto se dio en una de las propiedades del ex presidente municipal. También según las investigaciones de la comisión de la asamblea comunitaria, hubo un intento de violación no consumado. Esto según el examen realizado por un médico, cuya conclusión fue puesta en duda en la reunión de este domingo en Yoloxóchitl, una comunidad mixteca.
Luego de escapar del baño en donde estuvo retenida, Esther caminó por dos días hasta regresar a su casa. Para ello, ya era buscada por la Policía Comunitaria, después de que sus padres denunciaran que habría sido víctima de un secuestro. La posibilidad de un plagio en la zona en donde opera esta policía provocó alarma, sobre todo por que la incidencia de este delito ha bajado –lo mismo que los asaltos en las carreteras– y movilizó a la comunitaria de toda la región.
Con las primera declaraciones de la menor, se ubicó al presunto plagiario y se le detuvo. En una asamblea comunitaria se le enjuició, y se condenó a realizar trabajos para la comunidad.
La familia de Huerta Mendoza se movilizó y acusó a la Policía Comunitaria de secuestro. Esta explicó que sólo aplicaba la justicia indígena. Entonces, la familia presentó demandas ante la Procuraduría de Justicia del Estado, y la Procuraduría General de la República en contra de la policía. Por plagio y portación de armas. Desde el gobierno estatal hubo la advertencia a los comunitarios para que liberaran al ex alcalde e incluso hubo amagos de intervención directa en este incidente desarmando a este cuerpo de seguridad. También lo hubo por parte del Ejército.
Los meses de octubre y noviembre fueron de tensión. La aplicación de esta justicia indígena y la existencia de la Policía Comunitaria, se aseguraba desde las instancias estatales, estaba al margen de la ley y la constitución estatal y federal.
Solo a partir de diciembre, con el triunfo de candidatos perredistas de San Luis Acatlán, Metlatónoc y Malinaltepec, que hicieron pública su decisión de dar un reconocimiento oficial a la Policía Comunitaria, la tensión cedió.
En ese contexto se dio la asamblea comunitaria de este domingo. La reunión de la Coordinadora Regional Comunitaria contó esta vez con el aval de los alcaldes de Copanatoyac, Pánfilo Solano, de Malinaltepec,  Apolonio Cruz, y de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, quienes estuvieron presentes. Asimismo, por el cabildo de Metlatónoc. Las autoridades municipales reconocieron la labor de la Policía Comunitaria y manifestaron que desde que ésta se conformó han bajado los delitos en la región.
El debate en la asamblea
La asamblea de la Coordinadora Regional Comunitaria se realiza bajo unas lonas a un costado de la comisaría. Se instaló una mesa para las autoridades, donde se ubicó a los alcaldes, y frente a ellos se sentó los representantes de los pueblos indígenas de la región.
El caso que ocupa por más de tres horas la atención de la asamblea es el de Chuchín. Se pide una explicación a los comisionados de la asamblea para la revisión del caso, y sobre todo hay molestia de que se le haya liberado sin el consentimiento de la asamblea.
Que hubo reparación del daño, se argumenta por los comisionados.
Que no, que fue una reparación el dinero que dio la familia del ex alcalde a la de Esther, porque fue lo que ha erogado desde que se le denunció como secuestrada, hasta los costos del juicio, incluso uno penal que también intentó por el delito de secuestro.
Que Chuchín ha pedido perdón hasta de rodillas al padre de Esther.
Que no basta, porque no hay un convenio de arreglo ante la asamblea comunitaria.
Se dice que ya había un convenio previo, que implicaba el perdón de los padres al agraviador, pero que de última hora la familia de la joven no lo aceptó “porque llegó este señor de rayado, el que está allá y que se enteró al último”, dice un comisario de la comisión.
El de rayado defiende a la muchacha, que el dictamen del médico podría no ser confiable, que la comisión decidió por sobre la asamblea, que qué hay del daño sicológico a la menor.
La familia de Huerta Mendoza, enfrente de la madre de Esther, dice que si hay necesidad de atender ese daño sicológico que ellos también apoyarían.
Defienden otros que si la justicia de los que estudiaron se equivoca, también se puede equivocar la de los de la comisión. Y es que en el informe leído, la comisión de comisarios que participó en la investigación no encuentra justificada con solidez las acusaciones de violación y plagio, y por ello liberan a Jesús Huerta Mendoza.
Ya no es tanto que vuelva a aplicar la justicia al ex alcalde, sino que este es un caso que deja una sensación de discordia, tanto porque se piensa que no se aplicó la justicia, como de que la huida de Chuchín no resuelve el conflicto. Apolonio Cruz, el alcalde de Malinaltepec que preside la reunión, y que fue policía comunitario, urge a que la asamblea dé fin al caso, sobre todo porque “Chuchín debe regresar a vivir y a trabajar aquí”.
Genaro Vázquez interviene y señala que “debemos de resolver este conflicto, porque de él no debe quedar ni una demanda penal del fuero común o federal. Debemos resolverlo aquí”.
Hay quienes insisten en que se cree una revisión que reinicie la investigación. Unos más, en que revisen el caso. Muchos intervienen. Un policía comunitario demanda un caso justo, pues dice, a ellos les toca hacer rondines por 24 horas.
Gana la propuesta de revisar sólo la investigación, y se reconoce que la comisión de comisarios cometió errores. También se habla de buscar la concordia entre las familias. Los Huerta Mendoza, afirman que ya retiraron las demandas penales a la Policía Comunitaria ante la PGR y la PGJE y se comprometieron a firmar ahí un documento que dé fe de ello. Lo mismo la mamá de Esther en el caso de una del fuero común por el delito de secuestro.
Antes, Cirino Plácido, también dirigente de la organización 500 años de Resistencia Indígena, demandó a la asamblea que aunque ese era un caso importante, no todos los asuntos de pleitos de vecinos se llevaran a la asamblea por que la distraía de otras funciones.
La comisión nombrada tendrá la tarea de revisar la investigación, y en su caso lograr un convenio entre las familias, para dar fin a este incidente.
Los alcaldes de San Luis Acatlán y Malinaltepec entregaron al final uniformes, equipos de radio y dos camionetas a la Policía Comunitaria. Florencio García Dolores, presidente municipal suplente de San Luis, exhortó ahí a los integrantes de este cuerpo comunitario a responder con honestidad al encargo que le dieron los pueblos indígenas, a que dieran buen uso a las camionetas, “levanten a los que encuentren en la calle”, y sobre todo, a no tomar alcohol en horas de servicio, “porque con el consumo del alcohol se presentan los problemas”.