Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Reforma energética: el vericueto de la consulta, sí o no

El 11 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó adelantar un pronunciamiento sobre la viabilidad de una consulta nacional sobre la reforma energética. Contestó así una solicitud en ese sentido de Andrés Manuel López Obrador, quien tres días antes había acudido a entregar una carta con esa petición.
“En relación con sus escritos presentados en la oficina de certificación judicial y correspondencia de esta SCJN, el 8 de abril de 2014, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo acordado por el pleno de la SCJN en su sesión privada del día de hoy, se hace de su conocimiento que no es posible pronunciarse sobre los temas que plantea, al referirse a un asunto que no se ha promovido formalmente ante este alto tribunal conforme a la regulación que lo rige”, dice la respuesta hecha pública por la propia SCJN.
López Obrador dice en su solicitud al presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, que de no adelantar la Corte su postura, y “si llegara a fallar en contra de nuestra petición después de que hubiéramos cumplido todos los requisitos formales para fundamentarla, agraviaría usted más al pueblo de México y desacreditaría la institución que representa”. El ex candidato presidencial advierte que, de ser ese el caso, “la Corte quedaría ante la sociedad como un organismo supeditado al Ejecutivo y omiso a sus obligaciones legales, en tanto que usted sería visto como cómplice y encubridor de las tropelías presidenciales”. (La Jornada, 12 de abril de 2014).
Formalmente es rigurosa la respuesta de la Corte a López Obrador, pues en efecto no existe todavía una solicitud que los ministros deban resolver acerca de una consulta pública, y porque de acuerdo con la Constitución, solamente el Congreso puede pedir su intervención al respecto. Sin embargo, la inquietud y desconfianza expuesta por López Obrador están justificadas.
Por esa misma razón, una petición anterior presentada por tres senadores del PRD (Manuel Camacho, Alejandro Encinas y Mario Delgado) fue resuelta de forma similar por la Corte el 25 de marzo. Los legisladores pedían también que los ministros definieran ya si la reforma energética es un tema susceptible de ser sometido a consulta pública. En esa fecha cuatro ministros se manifestaron por desechar la solicitud de los senadores, y tres por admitirla. El argumento de quienes plantearon rechazar la solicitud fue formalista, pues el Congreso es el único que puede iniciar el proceso ante el Poder Judicial.
Aun con la renuencia de la Suprema Corte a adelantar su criterio acerca de si la reforma energética puede ser sometida a consulta o no, el procedimiento para la realización de la consulta ya comenzó en el Senado, y si nadie tuerce el trámite, en algún momento los ministros tendrán que abordar y decidir sobre el tema. Existen ya dos solicitudes al Senado para que las modificaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución sean puestas a consideración de la sociedad durante las elecciones federales de 2015. Firmaron la primera solicitud los senadores Miguel Barbosa, Dolores Padierna, Manuel Camacho, Alejandro Encinas y Mario Delgado, y de ella se derivó la petición que tres de ellos hicieron a la Corte. La segunda fue presentada por López Obrador, quien el 10 de abril acudió al Senado acompañado por Elena Poniatowska y senadores del PT.
De acuerdo con la formalidad parece prematuro exigir a la Suprema Corte que manifieste si el tema energético puede ser sometido a una consulta pública. La Constitución señala que una vez avanzado el procedimiento legislativo, el Congreso deberá pedir a la Corte que diga si la consulta es viable. A simple vista no existe ninguna razón de peso para que los ministros nieguen la procedencia de tal consulta, excepto por el hecho de que opten por alinearse a la posición del gobierno federal como advierte López Obrador en su carta. Ya se ha señalado que la ley reglamentaria del artículo 35 de la Constitución, donde figura la consulta pública, está diseñada para obstaculizar la realización de consultas, y en todo caso entrega la decisión al partido que tenga la mayoría en el Congreso. El hecho mismo de que la Corte se rehúse a calificar por adelantado la procedencia constitucional de esta consulta es una muestra del callejón en el que está atrapado ese derecho ciudadano. Es evidente que los frenos políticos se allanarían, y todo el proceso adquiriría transparencia, si los ministros de la Corte validaran oportunamente la constitucionalidad de la consulta sobre la reforma energética. Pero para los ministros ese momento es cuando el Congreso ponga oficialmente en sus manos el asunto, lo que el PRI y sus aliados en las cámaras tratarán de impedir a toda costa, y pueden hacerlo porque tienen la mayoría, aunque el tema esté rigurosamente soportado en los términos que establece la Constitución.
Para el PRI, la consulta impulsada por López Obrador y legisladores del PRD es “tramposa”. El senador priista David Penchyna dijo en febrero: “¿Qué quieren preguntar en la consulta? ¿Si estamos de acuerdo o no en vender el petróleo de los mexicanos? Yo voto que no, porque yo no aprobé una reforma que venda el petróleo de los mexicanos. Así de tramposa es la consulta. ¿Por qué no preguntamos si están de acuerdo con una reforma energética que va a bajar el precio de la luz y el gas. Seguramente la ganamos”. (Reforma, 5 de febrero de 2014).
Si llega a la Suprema Corte, los ministros tendrían dificultades para argumentar su rechazo a la consulta, pues están obligados a defender la supremacía de la Constitución, pero el verdadero problema es que efectivamente llegue a sus manos, pues antes el Congreso debe calificar todo el procedimiento y allí el PRI tiene la fuerza para bloquear todo.

García Márquez y el poder

A regañadientes parecen haber aceptado la viuda y los hijos de Gabriel García Márquez el homenaje que los gobiernos de México y Colombia le rendirán esta tarde al escritor en el Palacio de Bellas Artes. Está previsto que hablen ahí los presidentes Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto. Es probable que García Márquez haya dejado indicaciones para impedir que su muerte se convirtiera en un vehículo de lucimiento de la gente del poder, lo que explicaría el hecho de que no haya habido velorio y su cremación se haya realizado en la más absoluta intimidad familiar. Hay una muestra suprema de congruencia en esa determinación de no permitir que el poder ejerciera el menor control sobre su muerte, pues a pesar de que el escritor estuvo cerca del poder y era visible la fascinación que esa relación le producía, no se puso nunca al servicio de ningún gobernante, ni utilizó su influencia para obtener un provecho personal. Ni siquiera su amistad con Fidel Castro escapa a esa clasificación, y contradictoriamente a nadie le debe más la oposición cubana que a García Márquez por las gestiones secretas que realizó para liberar a un elevado número de presos políticos. Es cierto lo que dijo Carlos Salinas de Gortari, no era él el que se acercaba al poder, sino el poder el que se acercaba a él.

[email protected]