Eduardo Pérez Haro

Progresividad de subsidios al campo

Para Gabriel García Márquez.

“Preocupante aumento de la dependencia alimentaria de México” fue la noticia principal del periódico La Jornada ayer con dos contenidos esenciales en la nota: una larga serie de referencias sobre los diversos y graves problemas del sector rural, y por otro lado, da cuenta del fuerte crecimiento de las importaciones entre 1993 y 2012, destacando que esto lleva a comprar el 45% de los requerimientos alimentarios del país siendo muy superiores al nivel recomendado por la FAO que es del 25%.
Estas aseveraciones se fundan en lo que “informó la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados”, mientras la Sagarpa se da a los preparativos para simular foros de consulta y discusión. No obstante, nos anima saber que las instancias del poder gubernamental ventilen, de una u otra forma, los contenidos que están en la problemática del sector rural en la víspera de procesar “la reforma para el campo” en subsiguiente periodo de sesiones del Congreso y así, que los medios hagan eco de ello para abonar el terreno de la discusión y contribuir a su mejor desenlace.
Desde hace algunas semanas venimos señalando varios de estos asuntos y hemos precisado que este problema del desequilibrio de la balanza comercial remite sus manifestaciones a prácticamente hace 50 años, no es un asunto nuevo ni siquiera que emerja del TLC, en todo caso lo que tendría que reiterarse es que el TLC no lo resolvió y hablando con rigor tendríamos que señalar que el TLC, como instrumento de desregulación del comercio exterior no estaba diseñado para ser el instrumento directo para tal efecto sino la política de desarrollo, particularmente, la política sectorial para el desarrollo de las capacidades productivas con las cuales encarar los términos de la competencia mercantil en la globalización marcada por el libre comercio.
No es un matiz argumental en defensa del TLC ni mucho menos, es una crítica puntual a los desempeños de la acción gubernamental que hizo, del desafío de revolucionar la producción y la productividad agropecuarias, un asunto secundario de la política general para el desarrollo y un área de negocios para un pequeño número de familias, tanto aquellas ligadas a la exportación como las que podrían dar resultados prontos para el abasto interno, las cuales coinciden con las que se habían favorecido desde Álvaro Obregón y concomitante, las que sobre esa base podrían hacerse cargo de la parte nacional con las concebidas ayudas subsidiarias. Empero, también es crítica a las representaciones que se peleaban contra el TLC en reclamo de una prolongación de los esquemas proteccionistas y de incremento de los subsidios sin contraponer una estrategia para el desarrollo del sector en la que pudiese haberse entendido cuánto y cómo habría de usarse el subsidio como un instrumento de corrección de las insuficiencias estructurales en la capacidad productiva y de comercio. En otras palabras, se peleaban contra la propuesta del TLC pero el argumento de oposición se reducía a la reivindicación de la política con la que el Estado había fracasado tres lustros atrás.
Lo más grave es que el TLC ya pasó, y hay quienes todavía quisieran discutirlo y con el mismo argumento, cuando es momento de desempantanarse y colocar los términos de la política que es preciso “reglamentar” en oportunidad de una reforma para el campo precisamente apoyados en el hecho de que veinte años después de la firma del tratado (que se hizo para resolverse en lapsos de desgravación que se llevaron a cabo en 0, 5, 10, 15 y 20 años entre 1994 y 2014) y que consiste en llevar la acción del Estado a una inversión progresiva del gasto público y el cambio de condiciones para hacer emerger al sujeto social (los diversos agentes de las cadenas agroalimentarias) que habrá de encarnar el desafío.
La discusión de más recursos para el campo y aumento en los subsidios para el campesinado pobre o el pequeño productor, se entiende dentro del discurso como una denuncia del carácter regresivo con el que se aplican los subsidios, se entiende como reivindicación de justicia para la ayuda del gobierno a los campesinos con menos recursos y también, como recurso de liderazgo frente a las bases de este sector de pequeños y medianos productores que es, por mucho, la mayoría de los sujetos agrarios y trabajadores del campo, pero no es, en esa expresión general, suficiente para resolver las insuficiencias estructurales (agrarias y de infraestructura), el reequilibrio de las asimetrías de todo carácter (tecnológicas y crediticias) dentro del sector, ni las desigualdades sociales (concentración de riqueza y poder vs marginación y pobreza).
Es preciso diseñar una ingeniería para el desarrollo del sector que en principio puede partir de no cejar en el reclamo de más recursos para el campo (sin quedarse en ello) pero habrá que añadir lo que no dice el gobierno, salir de su lógica y su retórica para llevarlo a una discusión concreta. ¿Más recursos para quién?, ¿más recursos para qué? y ¿a cambio de qué resultados?, sin entramparse en el garlito hacendario de las reglas-auditorías-transparencia que sólo ha servido para entrampar y segregar a los más amolados que coincide con los indígenas, las mujeres, los sin papeles, los sin tierra, etc.
Sí, es menester colocar la exigencia de una asignación de carácter progresivo de los subsidios al campo y diferenciar los apoyos productivos de aquellos de carácter social porque a las instituciones les encanta perderse uno en la cobija del otro y así terminar por esconderse. Los desequilibrios del desarrollo nacional entre los sectores urbano y rural, entre el mercado exterior e interior, entre la infraestructura para la producción y el comercio, incluso los del crédito y la vinculación de mercados por no ir a una enumeración interminable, no son sólo “consecuencias del modo de producción capitalista”, o de la “diferenciación derivada de la competencia mercantil” sino de la política del Estado y muy definidamente del sesgo regresivo de la política de fomento gubernamental que se concreta en la asignación de subsidios al campo dando más a los herederos naturales del poder como principio y después, dando más a los que más tienen como consecuencia.
La acción del Estado, que abarca los factores estructurales de la producción y superestructurales de la reglamentación y la cultura, tiene un punto de partida en el ejercicio del presupuesto público y las políticas de fomento y desarrollo. Y los desequilibrios de las capacidades de producción y comercio que se concluyen (2014) después de un siglo de políticas sesgadas por el poder político (amén de las distorsiones derivadas del sistema) exigen girar el timón y entrar en una ruta correctiva para iniciar un proceso de compensación de las capacidades económico-productivas so pena de que el desequilibrio termine por hundir el barco donde vamos todos (pequeños y grandes productores, agricultura e industria).
Decíamos que la progresividad de los apoyos gubernamentales al campo no se puede discutir sumando los productivos con los que no lo son sólo con el propósito de alardear que es mucho dinero el que se canaliza al sector como se hace al construir los tableros del Programa Especial Concurrente (PEC) o el Sin Hambre que son configuraciones de papel, en el primer caso que suma los recursos de más de quince dependencias sin ningún orden ni sincronía no se diga coordinación, echando al cuadro de datos los presupuestos con reglas diferentes, calendarios diferentes y líneas de mando diferentes por más que se argumenten y se exhiban comisiones de coordinación y demás y burdo es que los mismos presupuestos se usen para sustentar el Sin Hambre, pero también decimos que es preciso que una vez diferenciados los dineros gubernamentales de cada caso, se precise su canalización en los factores incrementales de la productividad, poniendo en primer plano a los sectores históricos menos favorecidos, en la perspectiva de remontar sus insuficiencias (estructurales y superstructurales), lo que presupone una ruta de gradualidad, un proceso de cambio en un periodo que puede trazarse hacia el mediano y largo plazos o no se da.
Al destacar los factores incrementales nos referimos con especificidad a aquellos que transforman la organización del proceso productivo, la mejora tecnoproductiva, la infraestructura de operación productiva y de comercialización así como de los procesos de propagación de estos componentes a niveles de las grandes plataformas regionales y subregionales en un nuevo y definido patrón de cultivos, es decir, de una definido macro sobre qué producir, cuánto producir, para quién producir y cómo producir, y que a estas alturas ya no se resuelve con los simples esquemas de “la vocación del suelo” o “la cultura” sino en la combinación de ello con la estructura y condiciones de los mercados de los que depende el ingreso y el aprovisionamiento de todo lo que no produce el productor, valga la expresión.
Entonces, necesitamos tras el predominio de una política progresiva de asignación de subsidios crear políticas y esquemas diferenciados con adecuación a las exigencias de los diferentes segmentos de productores de las diversas regiones y subregiones para no mandar tractores a diestra y siniestra y aberraciones semejantes en las que muchas veces se ha improvisado. Y ustedes disculparán que he precipitado una expresión rápida y directa de lo que es auxiliar los factores incrementales de la producción y productividad pero la intención es orientar la discusión al terreno de las particularidades con las que es preciso iniciar la construcción de una política alterna al reiterado y ya vivido esquema de “apoyar sólo a los que mejor responden” porque esa vía, así como así, ya no tiene perspectiva, como tampoco la tiene la generalidad de más apoyos al campo y menos la vulgar pulverización de los exiguos apoyos en “proyectos productivos” para comprar paquetes de gallinas o estufas de lodo y arena.

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