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Acuerdan ONG y gobierno revisar los casos de seis miembros de la CRAC presos en Acapulco

*Se verá el cumplimiento de las medidas cautelares para la OPIM, informa Nicolás Chávez tras una reunión con Martínez Garnelo

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se comprometió con integrantes de Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y con una representación de la Red Solidaria Década contra la Impunidad a atender un pliego petitorio de las organizaciones sociales.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame informo vía telefónica que tras una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno, Martínez Garnelo se comprometió a revisar los casos de seis integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) presos en Acapulco.Los casos que acordaron que serán revisados son los de Bernardino García, quien además es sobreviviente de la masacre de El Charco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales.
Chávez Adame manifestó que en la reunión el alcalde priista de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos se comprometió a no desalojar a los damnificados por la tormenta Manuel que aún están refugiados en el Indeg. Otro compromiso fue que el gobernador Ángel Aguirre Rivero recorrerá el río Huacapa junto a autoridades federales y el alcalde para supervisar los avances de la reconstrucción del encauzamiento.
Chávez sostuvo que Martínez Garnelo se comprometió a programar un encuentro entre el gobernador y el obispo de Saltillo, Raúl Vera quien coordina la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Para esa reunión se va ?a buscar el lobby de un hotel y habrán de asistir unas 50 personas y las viudas de la masacre de El Charco.
La reunión entre el gobernador y el obispo de Saltillo se espera que se lleve a cabo el 6 de junio, cuando se cumplen 14 años de la masacre.
Chávez expresó que el gobierno del estado evaluará gestionar ante las autoridades militares la entrega de 312 armas que les fueron decomisadas a los policías comunitarios en la irrupción a la Casa de Justicia del Paraíso el 21 de agosto.
El funcionario se trasladó de Acapulco al Palacio de Gobierno por instrucciones del gobernador, pues la reunión había sido acordada anteriormente.
Los líderes sociales rechazaron iniciar la reunión con una comisión de funcionarios del estado y federales pues el compromiso había sido con el secretario de Gobierno.
Chávez abundó que otro compromiso del funcionario fue que se haría una revisión del cumplimiento de las medidas cautelares que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en 2005 a favor de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
En la reunión estuvo también la regidora perredista de Iguala y esposa del líder de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona,  Sofía Mendoza, el sobreviviente de la masacre del Charco, Efrén Cortés Chávez, el dirigente de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa, Gumaro Guerrero Gómez y la defensora de derechos humanos de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López.
Los integrantes de las organizaciones se quedaron en una sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno y ahí ofrecieron la conferencia de prensa. (Fernando Hernández / Chilpancingo).

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