Diez conflictos agrarios pueden detonar la violencia, advierte la Procuraduría Agraria

*En el estado hay 60 problemas por la posesión de la tierra, 19 de ellos se encuentran en la zona Centro, 16 en la región de La Montaña, 13 en la Tierra Caliente, 10 en Costa Chica y dos en Costa Grande

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Cuando menos diez, de un total de 60 conflictos agrarios que existen en el estado, están en riesgo de detonar violencia, por la falta de atención de los gobiernos estatal y federal. El resto de éstos han sido resueltos a medias, por lo que se encuentran pasivos e inactivos, aunque con riesgo de resurgir.
De acuerdo con las fichas técnicas de la Procuraduría Agraria (PA) del gobierno federal, del total de los 60 conflictos agrarios, 19 de ellos se encuentran en la zona Centro, 16 en la región de La Montaña, 13 en la Tierra Caliente, 10 en Costa Chica y dos en Costa Grande.
Uno de los 10 considerados de alto riesgo de violencia, es el de San Agustín Oapan con San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco. Los pueblos se encuentran ubicados en la zona del alto Balsas y apenas el sábado pasado, más de 20 campesinos de la primera comunidad fueron retenidos durante cuatro horas, cuando fueron sorprendidos por los de San Miguel Tecuiciapan retirando una cerca en el área del conflicto.
La ficha técnica de la PA dice que el conflicto se generó por la posesión de poco más de 67 hectáreas que tiene el poblado de Analco, anexo de San Agustín Oapan, pero el abogado de Tecuiciapan aseguró que el conflicto es por mil 197.
Aseguró que ese conflicto sigue por la falta de interés de las autoridades de los gobiernos estatal y federal, por lo que los responsabilizó en caso de que resurja la violencia.
En el expediente del conflicto se asienta que el 26 de noviembre de 1997, el TUA -12 de Chilpancingo dictó sentencia definitiva en el expediente 364/96, en la cual se determinó que 3 mil 197 hectáreas corresponden a San Agustín Oapan, sin embargo, no se ejecutó dicha resolución por oposición de la comunidad de San Miguel Tecuiciapan.
Aún cuando en el expediente se señala que el conflicto es de un nivel de riesgo “bajo”, el abogado Castro Aparicio aseguró que existen riesgos de violencia serios, que responsabiliza al gobierno estatal y federal “por la desatención al conflicto”.
Incluso, apenas el sábado, comuneros de San Agustín Oapan fueron retenidos durante cuatro horas, cuando fueron a retirar la cerca que divide a las tierras en conflicto, sin embargo fueron liberados por un acuerdo entre autoridades de los dos pueblos, pero el abogado dijo que el conflicto de fondo existe y puede detonar en cualquier momento.
El segundo conflicto con alto riesgo de violencia es el de San Juan Bautista Coapala y San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, en donde el miércoles y jueves de la semana pasada, los campesinos del primer núcleo agrario dispararon en contra de comuneros del segundo, con resultado sólo de animales muertos como consecuencia de la balacera.
En la ficha técnica de la PA se menciona que el conflicto es por diferencia de límites, “derivado de la posesión de dos polígonos que legalmente no les corresponden a ninguna de las dos comunidades, en virtud de que no se ha permitido la ejecución de San Juan Bautista Coapala”.
El conflicto es por una superficie de 2 mil 449 hectáreas y en el expediente se subraya que los tres niveles de gobierno “no lograron avenir a las partes en las diversas reuniones conciliatorias que se realizaron”, y que la comunidad de Coapala promovió juicio agrario por la vía de conflicto por límites ante el TUA-12, expediente 23/99.
Dentro del juicio las autoridades ordenaron la realización de trabajos técnicos informativos, “los cuales se han intentado en múltiples ocasiones, pero no ha sido posible realizarlos por la hostilidad de los comuneros de San Pedro Huitzapula”, dice el documento.
En estas circunstancias, el juicio está suspendido desde 2005, en virtud de que no se ha permitido el desahogo de la prueba pericial en topografía.
El conflicto es tan complejo que en el expediente se menciona que cualquiera que sea el sentido de la resolución, continuará el conflicto y que de no darle atención por la vía de la conciliación, “cualquier pretexto será aprovechado por los comuneros de ambos poblados, para generar actos de violencia”, por lo que el caso se tiene dentro de los considerados como de “alto riesgo”.
Dentro de los 10 conflictos considerados de alta conflictividad está, asimismo, el de la comunidad de Quiahuitlatzala, municipio de Xalpatláhuac, con la cabecera del municipio de Atlamajalcingo del Monte, que se originó por límites desde la época virreinal y que por resolución presidencial, la zona en conflicto le fue reconocida a Atlamajalcingo del Monte.
La superficie en disputa es de 465 hectáreas, aproximadamente, y Quiahuitlatzala aduce que fueron despojados; desde que el conflicto se originó se han registrado enfrentamientos entre las partes en conflicto, con saldo de muertos por ambos lados, según reconoce la PA que, sin embargo, no dice cuántos. El conflicto se originó desde 1800.
También se encuentra latente el conflicto entre el ejido de Marquelia y los grupos campesinos Campamento General Enrique Rodríguez, Plan de Ayala y Emiliano Zapata, por la posesión y regularización de las tierras adquiridas por la ya desaparecida SRA, para el ejido y los grupos campesinos citados.
La superficie en litigio es de mil 950 hectáreas, correspondientes a los predios Mira del Pescado y Charco del Carrizo.
El 5 de enero de 1995, la SRA y el gobierno del estado convinieron con los grupos citados hacer entrega en posesión “precaria” a campesinos sin tierras, de una superficie de 2 mil 895.55 hectáreas, sin embargo el acuerdo dejó insatisfechos a los comuneros de Marquelia, quienes impugnaron la resolución.
El 7 de marzo de 2007 fue asesinado el presidente del comisariado ejidal del núcleo denominado General Enrique Rodríguez Cruz, Martín Romero, cuando se dirigía a ordeñar sus vacas en la parcela de su propiedad; recibió cinco disparos de arma de fuego en la espalda y tres en la cabeza, de calibre 22.
Mientras tanto, el TSA dictó acuerdo con fecha 20 de agosto de 2007, en el sentido de no aprobar el acta de ejecución relativa a una segunda ampliación del ejido Marquelia, iniciada el 23 de abril de 2007 y concluida el 1 de mayo del mismo año, ordenando la práctica de nuevos trabajos técnicos informativos y diligencias necesarias, orientadas  a la ejecución de la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2001, dictada en el expediente 37/2000.
En la actualidad este caso se considera como de “riesgo alto”.
Otro de los conflictos es el de Coronillas, municipio de San Miguel Totolapan, contra pequeños propietarios de Toro Muerto, del mismo municipio.
El problema comenzó cuando 30 pequeños propietarios de Toro Muerto denunciaron que con los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), sus propiedades quedaron dentro de la restitución de bienes comunales de Coronillas, por lo que promovieron seis juicios agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario XII, de Chilpancingo, radicados en los expedientes 775/03 ,77/03 ,40/03, 773/03, 776/03 y 774/03.
Sin embargo, la primera instancia favoreció a Coronillas, por lo que los propietarios recurrieron ante el TSA, que confirmó las sentencias recurridas, pero los pequeños propietarios promovieron un juicio de amparo, mismo que a la fecha se encuentra en trámite.
La superficie en controversia es de 7 mil 482 hectáreas y actualmente el conflicto se encuentra pendiente de resolución. La ficha técnica establece que las implicaciones que podría haber, son de carácter social y económico y que el nivel de riesgo es “alto”.
Un conflicto considerado en una situación de “relativa calma” es el de Santiago Tlacotepec y su anexo La Primavera, contra el anexo de Los Hoyos, municipio de Heliodoro Castillo, en donde el origen del problema fue por la posesión de mil 50 hectáreas, que se disputan los poblados de La Primavera y Los Hoyos.
Por el caso se instauró el juicio agrario 119/2001, ante el TUA 12, pero ya en la fase de conciliación se acordó no continuar con el trámite de jurisdicción voluntaria, por advertir un conflicto de intereses entre ambos anexos.
Ahora está en “relativa calma”, puesto que ninguna de las partes ha formulado solicitud alguna para resolver el conflicto, pero las autoridades lo consideran con implicaciones de nivel medio, “porque puede resurgir en cualquier momento”.
También persiste el conflicto de los ejidos Hacienda de los Huajes, Milpillas, La Playa y sus anexos de Pungarabato, Arroyo Grande, La Cañada, El Pinzan y el Tepehuaje, municipio de Cutzamala de Pinzón, con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El conflicto se derivó por la construcción de la presa El Gallo, por parte de la Conagua, en virtud de que fueron afectados ocho ejidos, previa indemnización, sin que se haya concluido con el decreto expropiatorio, por lo que existe inconformidad en la mayoría de los ejidos en cuanto al monto pagado.
El monto de la superficie que reclaman para su indemnización los ejidatarios es de más de 500 hectáreas.
La Procuraduría Agraria reconoce que el nivel de riesgo es “alto”, y que las implicaciones podrían ser sociales y económicas.
También se reconoce como de “alto riesgo” el conflicto entre Totomixtlahuaca y su anexo Mexcalapa, municipio de Tlacoapa, que se disputan 500 hectáreas de tierras por un conflicto interno, pues  los habitantes del poblado Mexcalapa creyeron que sus tierras son pequeñas propiedades y como pertenecen al municipio de Acatepec, “siempre se sintieron independientes de la comunidad de Totomixtlahuaca”.
Un caso en el que se recomienda “trato especial” es el de San Cristóbal, municipio de Tlacoachistlahuaca, con el rancho Cuananchinicha, quienes enfrentan una controversia por límites por una superficie de 98.60 hectáreas desde hace más de 60 años, cuando la comunidad de Rancho Cuananchinicha empezó a invadir las tierras de la comunidad de San Cristóbal.
“Debido a la trascendencia del conflicto, por el problema social que representa, se considera de alto riesgo y requiere de atención muy especial”, se recomienda en el expediente.
También es considerado de “alto riesgo” el conflicto de Tejamanil y Pueblo Viejo, contra Santiago Tlacotepec y su anexo Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo, que se disputan 300 hectáreas, como consecuencia de la sobreposición de planos.
En este caso, la recomendación de la dependencia es “darle cumplimiento a los compromisos que se han asumido con las dos partes, ya que de no hacerlo podría resurgir el conflicto”.