Encuentra la Auditoría Superior irregularidades hasta por 150 millones en 2012 en la Secretaría de Salud

*Pide el organismo federal al gobierno de Ángel Aguirre solventar las observaciones. La auditoría corresponde a los recursos federales transferidos ese año

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades financieras y administrativas en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), según los resultados de la auditoría correspondiente al 2012, por lo que hizo recomendaciones al gobierno estatal por medio de la Contraloría General del Estado, para que sean comprobadas y solventadas las diferentes cantidades ante la instancia federal.
Aunque no se especifica el monto total de lo observado, existen distintos rubros con cantidades que van desde los 10 mil pesos hasta más de 150 millones de pesos observados por faltantes, no comprobaciones, o solventadas a medias por las autoridades de la dependencia estatal.
Los resultados son de la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 12-A-12000-14-0516 GF-022, aplicada al ejercicio fiscal del 2012, y corresponde ya a la administración del actual gobernador Ángel Aguirre Rivero y a su secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, y se encuentra disponible en la página de la ASF. Los resultados del 2013 se difundirán el próximo año, pues se dan a conocer siempre un año después.
Los resultados de la auditoría corresponden concretamente a los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2012 al FASSA, que fueron de 3 mil 078 millones 459 mil 4 pesos, de los cuales la ASF revisó una muestra de 2 mil 914 millones 249.7 mil pesos,  que representó el 94.7 por ciento.
Dentro de las observaciones se encuentra la que dio a conocer el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en la conferencia de prensa del 28 de marzo en esta capital, en la que se establece que en el ejercicio fiscal del 2012 “se presume un daño, probable perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 34 millones 970 mil, por destinar recursos de la cuota social y aportación solidaria federal 2012 para el pago de erogaciones sin contar con la documentación comprobatoria del gasto”.
Mientras tanto, en el programa del Seguro Popular se señala que los servicios estatales de salud destinaron recursos de ese programa para la adquisición de medicamentos y material de curación por 72 millones, “monto que representó el 3.4 por ciento del total de los recursos transferidos, que aunque no rebasó el 30 por ciento autorizado para este rubro, se pone como responsabilidad administrativa, ya que el presupuesto ejercido es muy bajo para la atención de los beneficiarios”.
En el documento también se establece que: “se presume un probable daño, o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 6,563,541.73 pesos (seis millones quinientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2012 en conceptos no autorizados para su pago y que no corresponden a los objetivos del fondo”.
Agrega que, en su caso, “deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del Fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”.
En otro apartado de los resultados de la auditoría, la ASF asienta que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,770,096.31 pesos (un millón setecientos setenta mil noventa y seis pesos 31/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por destinar recursos del FASSA  2012 para el pago de gastos de operación sin contar con la documentación comprobatoria del gasto y por efectuar erogaciones que no corresponden a los objetivos del fondo”.
Al respecto, la ASF emplaza al gobierno estatal para que, en su caso, “deberán (los recursos) ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”.
A su vez, en el apartado 12-A-12000-14-0645-03-001 la dependencia federal plantea la “solicitud de aclaración para que el Gobierno del Estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2012 por 15,582,655.49 pesos (quince millones quinientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 49/100 M.N.) en los objetivos del fondo, recursos que no habían sido ejercidos al 31 de diciembre de 2012”.
A su vez, en el rubro 12-A-12000-14-0645-03-002, también se plantea la “solicitud de aclaración para que el Gobierno del estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 152, 917,932.82 (ciento cincuenta y dos millones novecientos diecisiete mil novecientos treinta y dos pesos 82/100), por no lograr identificar el importe de pago del Impuesto Sobre la Renta del fondo”, y añade que “en caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, al entero de recursos al fondo”.
En otra parte de la auditoría se solicita al gobierno del estado que “aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 33,789,567.45 pesos (treinta y tres millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y siete pesos 45/100 M.N.), por concepto de retenciones y aportaciones de Seguridad Social (ISSSTE) financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2012 no enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, y advierte que en caso de no lograr su justificación o respaldo documental, “la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, al entero de recursos ante la instancia competente.
En cuanto a las cuestiones administrativas, se señala que en la revisión de una muestra de 25 expedientes de personal con categoría de médico especialista, financiados con recursos del FASSA 2012, “se verificó que 12 servidores públicos no contaron con la documentación que acredita el perfil académico correspondiente y 76 expedientes no fueron proporcionados por la entidad, lo que ocasionó pagos no justificados por concepto de sueldos por 31 mil 241.2 pesos”.
Y agrega que “del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2011”.
La ASF aclara que  el estado, en el transcurso de la auditoría “y con motivo de la intervención de la ASF”, proporcionó las 12 cédulas profesionales, “por lo que está pendiente lo referente a los 76 expedientes no proporcionados y la Contraloría General del Estado de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/036/2013, con lo que se solventó parcialmente lo observado”.
Entre los señalamientos menores está que los Servicios Estatales de Salud de Guerrero ejercieron recursos en conceptos no autorizados para su pago con recursos del FASSA 2012, como el festejo del día del odontólogo por 107 mil .9 pesos; apoyo económico para evento ciclista por 200 mil pesos; seguros para autos del programa de caravanas por 196 mil 3 pesos; reparaciones vehiculares del programa de caravanas por 11 mil 4 pesos; regalos por el día de la enfermera por 6 mil 5 pesos.
Asimismo, autobuses para el traslado de jugadores de la selección sindical por 18 mil pesos; aseguramiento de los vehículos asignados al Instituto Estatal de Cancerología por 3 mil 2 pesos; renta de sanitario portátil para cubrir el evento del 202 aniversario de la proclamación de la independencia por 142 mil pesos; donativo al Instituto Estatal de Cancerología por 139 mil 2 pesos; donativo al Instituto Estatal de Oftalmología por 17 mil pesos; arbitraje médico por 65 mil 5 pesos y compra de kit de vacuna antirrábica canina para la inmunización activa de perros y gatos por 5 mil 656.5 pesos.
Al respecto la ASF hace la aclaración que “del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2011”.
Al respecto menciona que la Contraloría General del Estado de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/036/2013, “con lo que se solventó parcialmente lo observado”.
En general, la ASF expresa que se determinaron 23 observaciones, de las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.
“Las 15 restantes generaron: 1 recomendación, 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 4 solicitudes de aclaración, 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 7 pliegos de observaciones”, señala.
La Auditoría Superior de la Federación considera, sin embargo, que en términos generales, y respecto de la muestra auditada, el gobierno del estado “cumplió con las disposiciones normativas aplicables”, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a 34 mil 687 pesos por el pago del 2.0 por ciento sobre nómina.
Así como el concepto no contemplado para su pago con recursos del fondo que es de 31 mil 241 pesos por personal con categoría de médico especialista que no contó con la documentación que acredita el perfil y 10 mil 169.3 pesos por el pago a personal eventual sin formalizar el contrato.