Prevé Tlachinollan un panorama sombrío para campesinos e indígenas durante 2008

Ezequiel Flores Contreras / Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan consideró que durante este año se dio un “estancamiento y ?regresión” en el tema y anticipó para 2008 un escenario sombrío para los pueblos campesinos e indígenas de Guerrero, ante la ?entrada del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLC), el impulso a la militarización con el Plan Mérida y la ?aplicación de la recién aprobada reforma judicial.?En un balance anual que hizo el organismo, plantea que ante esta situación no hay posibilidad de revertir el proceso de ?“empobrecimiento y de exasperación” en el que están “atrapados” los pueblos por las políticas neoliberales.?Sobre el capítulo agropecuario del TLC, Tlachinollan dice que esto representa “la cancelación” de condiciones dignas para vivir eb ?el campo.?“Es visible una crisis mayor entre las familias que viven del campo, pues se acrecentará la escasez del maíz y se aumentará la ?dependencia económica. Junto a ello viene también un agrandamiento en el control político de las autoridades, de los partidos, ?para seguir lucrando con la pobreza y con el hambre de los pueblos”, indica el análisis de Tlachinollan.?Por eso no hay perspectiva para creer que en el corto plazo se cumplan las promesas del gobierno federal, en el sentido de ?generar nuevos empleos. Y advierte de una mayor migración de jóvenes, que no encuentran la posibilidad “ni de estudiar, ni ?mucho menos de trabajar” en el estado y el país.?Tampoco habrá esperanza de que las familias de La Montaña, compuestas en su mayoría por siete miembros, sigan cosechando ?los 300 kilos de maíz que les permiten comer durante tres meses, porque “esta vergonzosa realidad” también amenaza con ser ?destruida ya que “es imposible” seguir trabajando el tlacolol o trabajar la tierra “sin ningún apoyo”, considera Tlachinollan.?Al respecto, el organismo refiere que se corre el riesgo de que surjan nuevos tipos de cacicazgos, así como problemas sociales y ?agrarios en la medida en que se incremente la falta de satisfacción de las necesidades básicas y no hay rumbo para respetar los ?derechos fundamentales de la población pobre.?Asimismo, el centro de derechos humanos considera que no hay voluntad ni disposición de las autoridades para replantear las ?políticas orientadas a “generar procesos de empoderamiento” de los pueblos mediante la protección de sus derechos humanos.?“Lo grave es que hay cerrazón e ineptitud, engaños, falta de oficio político y una descomposición social que va aparejada con la ?impunidad y la corrupción que sigue carcomiendo a las mismas instituciones, que por desgracia ya no tienen un significado ?profundo para la ciudadanía, porque se ha sembrado la desconfianza y la confrontación”, sentencia Tlachinollan.?También considera que el riesgo de mantener la actual política gubernamental es que “se mantiene una lucha sorda y se apuesta ?a las vencidas”, sin pensar en el desgarramiento del tejido social y comunitario y los índices de marginación.?“Esta disputa llevada a todos los campos donde el ciudadano busca un lugar para ser escuchado hace imposible el progreso en ?nuestro estado y más bien nos evoca una etapa política superada y nos empantana en un conflicto con tintes regresivos”, enfatiza ?el organismo no gubernamental.?Enseguida, considera que el fondo de la disputa por el rumbo del país y del estado son los intereses económicos de los grupos ?oligárquicos que “se han montado en el poder político y sólo han garantizado mayor desigualad y pobreza”.?“Los meganegocios los han hecho delirar al grado que el 85 por ciento de la población a nivel nacional se encuentra sometida ?económicamente y se le niegan las oportunidades para poder tener acceso al mercado y ascender a los parámetros económicos ?de los privilegiados”.?Los pueblos campesinos indígenas luchan por “lo que todo Latinoamérica clama”: educación, salud, alimentación, justicia y ?democracia. Sin embargo, afirma que “las élites por lo que pelean es por el control de los grandes consorcios económicos y por el ?control de los poderes políticos, que les aseguren lucrar con las leyes, los presupuestos y las reformas legislativas”.?Esta actitud “insaciable” ha llevado a la quiebra al país y está causando conflictos mayores.?Enseguida, se mencionan los casos que ha documentado, como el movimiento del pueblo bátháá (una de las variantes ?linguísticas del grupo étnico me’phaa); el movimiento opositor al proyecto de la presa La Parota; la demanda de plazas para ?egresados de la Normal de Ayotzinapa; el proyecto de justicia y seguridad de la Policía Comunitaria; las indígenas me’phaa que ?fueron violadas por soldados del ejército, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y los indígenas jornaleros agrícolas.?La experiencia común de estos casos, indica Tlachinollan, es que las autoridades han criminalizado, perseguido, desvirtuado, ?vilipendiando y desconocido los derechos fundamentales de cientos de afectados por la falta de mecanismos de interlocución y ?diálogo con los diferentes actores que se movilizan para hacer valer sus derechos.?“Este año quedó claro que las autoridades del estado le apostaron al desgaste y a la confrontación como un recurso para hacer ?visible su poder y su visión sobre cómo resolver los problemas añejos de los sectores sociales que luchan por su sobrevivencia”, ?indica el balance de Tlachinollan.