Justificar la violación del amparo contra obras del Macrotúnel, exige juez al gobierno estatal

*En conferencia de prensa, la abogada de copropietarios de Ex Hacienda El Coloso, Teresa Vega, asegura que el coordinador de Proyectos Especiales del Ejecutivo estatal, Humberto Salgado, está equivocado al decir que no hay ningún proceso que afecte los trabajos. El Juzgado Federal dio tres días de plazo para que las autoridades presenten pruebas, indica

Karla Galarce Sosa

La representante legal de los copropietarios de la Ex Hacienda El Coloso, Teresa Vega López, informó que el juez federal Joel Darío Ojeda Romo expidió un acuerdo en el que exige al gobierno del estado presentar pruebas para responder a la violación del amparo que promovió el mes pasado, y que fue violado hace dos semanas, para detener las obras del Macrotúnel en esa zona.
Dicho amparo fue otorgado a principios de este mes y exige que los trabajos del Macrotúnel se detengan hasta que haya acuerdos sobre quién tiene la propiedad del predio y se pague a los dueños.
En conferencia de prensa, Vega López mostró fotografías del acuerdo que expidió el Juzgado Cuarto de Distrito hace dos días. “Ayer (miércoles) en el Juzgado Cuarto de Distrito, con relación a la violación de la suspensión que habían promovido salió éste acuerdo”.
Comentó que las declaraciones que hizo el coordinador de Proyectos Especiales del Ejecutivo estatal, Humberto Salgado Gómez, es equivocada, pues el Juzgado Federal con sede en Acapulco estableció tres días como plazo para que el gobierno estatal presente pruebas, de lo contrario se aplicará el artículo 262 de la Ley de Amparos.
El artículo indica que “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar algún otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: II.- no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en el que incurra”.
El miércoles pasado, Humberto Salgado negó que hubiera algún amparo y aseguró que no existe algún procedimiento que entorpezca la obra que promovió el gobierno del estado y que ejecuta la empresa del multimillonario Carlos Slim Helú, Ingenieros Civiles Asociados (ICA).
La abogada dijo que “aquí están dando al gobierno del estado tres días para que aporte pruebas de si están o no invadiendo el predio, en caso de que no lo lleguen a hacer viene una destitución y un encarcelamiento de los funcionarios involucrados”.
Mencionó que desde el arranque de los trabajos los afectados entregaron oficios al gobierno estatal informando que contaban con documentos que avalan la propiedad, a nombre de 207 copropietarios de la Ex Hacienda El Coloso.
Comentó que ha preguntado a los empleados de ICA porqué no han suspendido los trabajos si se tiene la orden de un juez federal, e indicó que la respuesta es “que el gobierno del estado no lo ha ordenado”.
La abogada advirtió que si los trabajos alcanzan el predio del que tomaron posesión gracias al amparo de juez, buscarán el apoyo de las autodefensas.
“Si ellos llegaran a tomar la galera, nosotros nos vamos a enfrentar y probablemente nos unamos a grupos de defensa para que ellos nos defiendan, nosotros no tenemos amparo del gobierno y tenemos que hacer algo para que no nos despojen, porque estamos siendo despojados”, reclamó.
Y agregó que “si ellos (los funcionarios del gobierno estatal y el gobernador) no presentan la documentación que requieren, el juez determinará qué procederá”.
La abogada entregó copias fotostáticas de las fotografías que fueron tomadas del acuerdo, en que se observa que fue expedido el 22 de abril de éste año, bajo el número de expediente número 266, registrado en el Juzgado Cuarto de Distrito.
“Para nosotros, lo más conveniente sería llegar a un acuerdo y que nos paguen la zona que nos están afectando donde tenemos la posesión, porque nosotros no nos estamos oponiendo al proyecto del Macrotúnel, sabemos que es beneficioso para la ciudadanía, lo que queremos es que nos pague la parte que están afectado, no todos los predios, sino lo que tenemos en posesión”, insistió.
Aseguró que una vez que se llegue a un acuerdo sobre el pago de poco más de dos hectáreas de tierras, desistirían del amparo, a pesar de que hay una mayor superficie afectada por la obra.
Se le preguntó por qué no exigen indemnización de los terrenos cercanos a la autopista de cuota Metlapil, de donde partirá el Macrotúnel, y respondió que allí se desarrolla un procedimiento de otras personas quienes tenían la posesión y a quienes los copropietarios demandaron por separado.
“La afectación son 317 hectáreas pero se desarrollarán juicios personales, aquí se reclama la posesión de los copropietarios, y tenemos pruebas como las construcciones y árboles frutales”, abundó.
Aracely Valtierra Zamudio es la abogada que dio fe del registro que hizo un corredor público después de que los empleados de ICA violaron el amparo del juez federal y que determinó que los trabajos de la obra se detuvieran en el terreno en cuestión y que tienen en posesión los copropietarios.