Nunca ha sido de amigos la relación con Gold Corp, responde el asesor de los ejidatarios de Carrizalillo

*Cuestiona Miguel Mijangos que el director general de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera del gobierno del estado, Héctor Zurita Brito, apoye a una compañía transnacional y no a la población que está buscando un convenio más justo

La relación del ejido de Carrizalillo con la empresa Gold Corp nunca ha sido de amigos, como declaró el director general de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera, Héctor Zurita Brito; es comercial y comenzó luego de la compra ilegal de tierras de uso común, restituidas por un tribunal agrario, precisó el asesor del movimiento, Miguel Mijangos, a quien el funcionario estatal responsabilizó de que no se hayan logrado acuerdos para el arrendamiento de las tierras tras 24 días del cierre de la mina.
También dijo que Mijangos “tiene bastante experiencia en agitaciones sociales”, y el asesor respondió que él ni su equipo acudieron al pueblo, fue el ejido quien los llamó en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, autogestión y para decidir qué les conviene.
Cuestionó que un funcionario estatal, siendo guerrerense, apoye a una compañía transnacional y no a la población que está buscando un convenio más justo y equilibrado donde se respeten los derechos humanos que se vulneran con el proceso extractivo a cielo abierto,  Los Filos y El Bermejal de Carrizalillo.
Consideró que si las autoridades estatales se niegan a aceptar que el cianuro y los metales pesados que se utilizan en la minería hacen daño, ni quieren reconocer que la biodiversidad desapareció y que durante los trabajos de extracción dinamitaron una pirámide, “no es más que ignorancia”.
Añadió que con la posición de funcionarios a favor de la empresa se pretende confundir a la opinión pública sobre el conflicto de Carrizalillo, cuestionando el cierre de la mina y acusando a los ejidatarios de asumir posiciones radicales.
Recordó que el cierre de la mina el primero de abril, fue porque concluyó el periodo de arrendamiento de cinco años de sus tierras, y en este sentido, los propietarios tienen la posibilidad de renovar y mejorar las condiciones de arrendamiento, en función de lo que han ido aprendiendo desde 2007 cuando se estableció una relación con la empresa.
Puntualizó que la relación del ejido con la transnacional no fue de amigos, como dijo el funcionario, porque comenzó con una compra ilegal, sabiendo la empresa que las tierras de uso común no se pueden vender.
Indicó que la negociación en 2007 concluyó con un convenio de arrendamiento temporal, único en América Latina, porque la empresa pretendía la firma de un acuerdo por el mismo tiempo de concesión que le otorgó el gobierno federal (30 a 50 años), “pero el ejido no cayó en esa trampa”.
Aseguró que cuando se empezó la negociación anual, las ganancias del ejido no rebasaban 2 mil pesos en el incremento y representaba una pérdida del 30 por ciento del poder adquisitivo.
Precisó que cuando se consiguió un convenio más robusto y se fueron ganando mejores cláusulas en el convenio, no fue por los grupos que los han asesorado, sino porque el ejido se dio cuenta de las insuficiencias; “evidentemente ha cambiado la calidad de vida. Estábamos hablando de que era un pueblo campesino, ahora es un pueblo proletariado con todo lo que eso implica en agua, salud, ambiente, seguridad, y el ejido está en su derecho de negociar”.
Del pago de 5 millones y medio de dólares anuales por arrendamiento en el último año, (que se estimó en unos 50 mil pesos por hectárea), Mijangos  indicó que se da mucho valor a la moneda, y dejan de lado la riqueza cultural y la biodiversidad que se perdió. No obstante, aclaró que el ejido está dispuesto a negociar y busca condiciones de cambio.
Indicó que Profepa otorgó a esta mina por seis años un certificado de empresa verde, sabiendo que en Carrizalillo 70 por ciento de la población presenta enfermedades de los ojos, y 80 por ciento se baña con agua con arsénico, lo que está prohibido incluso para bañarse.
Calificó como ingenuo pensar que en el diseño extractivo a cielo abierto no va a haber daños a la salud, al medio ambiente; “quien diga eso es ingenio o corrupto. Nosotros creemos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuando le dio certificado de empresa limpia a esta mina, tuvo dos opciones, o sus técnicos son muy malos o hay corrupción, porque no es posible que con las condiciones de manejo que se tiene, sea una empresa limpia, y lo podemos constatar, en polvo, agua, suelo y en daños a la salud.
Insistió en que tienen registradas las muertes de adultos, partos prematuros, deformaciones, enfermedades de piel, ojos y garganta, incluso, informó que en un sólo día de la semana pasada, 18 niños en la clínica ejidal fueron inyectados por infecciones en la garganta, “eso no es normal en un pueblo de mil habitantes”.  (Lourdes Chávez / Carrizalillo).