Falta ver en los hechos la reforma del fuero militar, advierten González Ruiz y Tita Radilla

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Aunque consideraron positivo que los senadores hayan aprobado una reforma para acotar el fuero militar, en los hechos aún se deben conocer los alcances de los cambios, dijeron el integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Enrique Gonzalez Ruiz, y la representante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez.
En consulta por separado, coincidieron en que los legisladores se tardaron mucho en aprobar esta reforma, sin embargo González Ruiz también dijo que siempre ha sido ilegal que los abusos de militares contra la población civil se resuelvan en la justicia militar, pues desde la Constitución de 1917 se estableció que a los ciudadanos se les tiene que administrar justicia en tribunales, y la justicia militar se debe restringir a los asuntos castrenses.
Este jueves el Senado de la República aprobó que los miembros de la Marina y del Ejército sean juzgados en tribunales ordinarios cuando cometan delitos que afecten a civiles, de modo que será la justicia civil y no la militar la que se encargue de juzgar a los militares si las víctimas de los delitos son ciudadanos.
Las reformas se aplicarán sólo en las condenas que se emitan después de su publicación y cuando se trate de delitos cometidos también después de su promulgación.
En consulta telefónica, el integrante de la Comverdad, que se encarga de la investigación de delitos de la guerra sucia en Guerrero, añadió que ojalá hubiera tiempo de incluir en la reforma los crímenes del pasado, así como del presente durante la lucha contra el narcotráfico.
Señaló que el caso más burdo de los delitos de militares contra civiles, y que sigue impune, es el del general Mario Arturo Acosta Chaparro, que sí estuvo en prisión pero por delitos de delincuencia organizada.
Recordó que cuando se le sometió a la justicia militar por los delitos de la guerra sucia de los 60 y 70, por la persecución de la guerrilla, particularmente la que encabezaba Lucio Cabañas, fue exonerado y se le restituyeron los ingresos que dejó de percibir durante el proceso.
Insistió en que, tomando como base el artículo 57 del Código Militar, que dice que los delitos cometidos por soldados en servicio o con motivo de los actos del mismo, los soldados acusados de delitos por civiles fueron sometidos a la justicia castrense.
Sin embargo, el académico cuestionó “¿qué tiene que ver la violación a mujeres y el asesinato de campesinos con el servicio militar?”
Incluso, González Ruiz señaló que los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra sucia fueron autorizados por el mismo secretario de la Defensa Nacional.
Añadió que aunque la reforma es positiva, aún tienen que ver cómo funciona en los hechos, porque si bien México es un país de leyes, éstas no se aplican.
Asimismo, Tita Radilla señaló que la justicia en México siempre ha favorecido a los grupos de poder, en este caso la misma institución podría defender a sus integrantes, ya que las violaciones a los derechos humanos de soldados, generalmente, no son ajenas a su estructura.
Tita Radilla señaló que la reforma aún tiene que ser revisada por expertos para conocer sus alcances y los beneficios que va a generar a la sociedad, porque todos los delitos de soldados contra civiles siguen impunes.
A pesar de que pasaron tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el Estado mexicano modificar sus leyes militares para garantizar que los miembros de las fuerzas castrenses sean juzgados en tribunales civiles por delitos contra la población, con el fallo de Rosendo Radilla, desaparecido por soldados en 1974, consideró que éste puede ser un paso importante en la lucha social.
También opinó que deben ser incluidas en esta reforma las violaciones a los derechos humanos, que siguen vigentes mientras no reciban justicia.