La desaparición de Rosendo Radilla sigue impune y en la negación oficial, sostiene la Afadem

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), denunció que a cinco años de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco durante la guerra sucia en Guerrero sigue impune y en la negación oficial.
Mediante un comunicado difundido en su página de internet, la organización señaló que el Estado mexicano aún no cumple con su obligación de dar con el paradero de Rosendo Radilla, detenido por soldados hace 40 años en Atoyac, y sigue sin investigar a los responsables de su desaparición.
Asimismo, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) se niega a entregar una copia del expediente del caso a los familiares de Rosendo Radilla, y el Poder Legislativo no ha tipificado adecuadamente el delito de desaparición forzada de personas.
En el escrito fechado el miércoles en el Distrito Federal, informó que la semana pasada la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Afadem y representantes de las víctimas del caso Rosendo Radilla Pacheco, notificaron a la Coidh sus observaciones al décimo primer informe del gobierno de la República sobre el cumplimiento de la sentencia del caso, dictada por la Corte en 2009.
En este sentido, señalaron que a casi 40 años su desaparición y a siete de que la Coordinación General de Investigación de la PGR conociera de la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/2007 por el delito de desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de las fuerzas armadas mexicanas, la investigación no se ha conducido con diligencia, para identificar a los responsables, ni mucho menos procesarlos.
A esto se suma que la dependencia tampoco ha entregado a los familiares del señor Radilla una copia de la averiguación previa en una versión que sea compatible con los derechos de las víctimas, tal como lo ordenó la propia Coidh.
Por lo anterior, aseguraron que se violenta el derecho de los familiares y la sociedad a conocer la verdad de los hechos, contexto y circunstancias en las que se cometió el delito.
Recordaron que la Coidh manifestó que en casos de desaparición forzada, la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales del Estado, como individuales a través de los procesos penales y de otra índole.
Asimismo, ordenó “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad, como por ejemplo, limitar la jurisdicción militar para que no pueda juzgar delitos que representen violaciones a los derechos humanos, así como también reformar la legislación penal para adecuarla a los estándares internacionales obligatorios para México”.
Se precisó que entre las observaciones al informe oficial, se informó que el Congreso de la Unión tampoco cumplió con la sentencia, porque no había modificado el Código de Justicia Militar para impedir que los tribunales civiles conozcan de casos de violaciones a derechos humanos realizados por militares, incluidas las desapariciones forzadas. Aunque el Senado de la República aprobó el jueves las reformas para acotar el fuero militar en este sentido.
También denunciaron que los legisladores no modificaron adecuadamente el el delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal Federal.