Ernesto Villanueva

Puebla: ataque a los derechos humanos

Puebla no se ha caracterizado por el respeto al Estado de derecho y se advierte este
fenómeno con quienes menos tienen. La defensa de las comunidades de sus tierras y
propiedades en zonas con alta plusvalía ha sido el eje de un conflicto entre el gobierno del
Estado y pobladores que defienden lo único que tienen para sobrevivir. Una joven diputada federal Roxana Luna ha decidido abanderar esta conspicua batalla. Veamos.
Primero. Desde  el  2011 y  2012 el gobierno del  estado ha  pretendido concretar los
proyectos: el gasoducto  y el Arco Poniente en la zona donde se encuentran los
municipios de San Martin Texmelucan, San Pedro Cholula y Atlixco, zona estratégica
por sus recursos naturales. El gasoducto es parte del Plan Integral Morelos recorrerá 150 kilómetros a través de 60 comunidades cercanas a  la zona de contingencia del
Volcán Popocatépetl. El Comité Científico de riesgos del volcán, del Instituto de Geografía de la UNAM y el Centro Universitario de Prevención de Desastres de la BUAP ha demostrado la inviabilidad ecológica y humana de dicho plan. Cosa de recordar que el 19 de septiembre del 2012 en San Martín Texmelucan hubo 17 muertos, 52 heridos y pérdidas materiales incuantificables por la explosión del gasoducto que quiere impulsar el gobierno estatal. El Arco Poniente pretende construir una autopista de 42 km, afectando 244 hectáreas de tierras agrícolas, que producen 1500 toneladas de legumbres y hortalizas vendidas a la Central de Abasto de la Ciudad de México, empleando aproximadamente a 15 mil jornaleros. Estos proyectos buscan desplazar la vida agrícola de los
pueblos originarios de la región mediante el cambio del uso del suelo, y del Banco Estatal de la Tierra, que creó el gobernador para controlar la compra de las tierras. El movimiento Nacional Los de Abajo que abandera la diputada Roxana Luna se pregunta con razón: ¿Qué va pasar con los campesinos y dónde están incluidos en los proyectos?
Segundo. El enfrentamiento entre los campesinos y el gobierno estatal se ha convertido en un ejercicio autoritario del poder. Hay casos insólitos, como el de la comisariada ejidal de
San Felipe  Xona-cayucan del municipio de Atlixco, integrante  del  Frente  de Pueblos  en Defensa del Agua y de la Tierra, Enedina Rosas Vélez,  de 60 años de edad, se le
imputan delitos de robo agraviado de dos celulares y oposición a que se ejecute el
gasoducto Morelos proyecto de empresas privadas: Elecnor, Enagas y Bonatti
asociadas a la CFE. Sin atender los principios de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucional, Rosas Vélez, se encuentra recluida en el Cereso de Atlixco bajo el
proceso 121/2014.El gobierno no ha dejado títere con cabeza. El siete de abril al medio día el activista Juan Carlos Flores Solís vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, fue detenido cuando salía de presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Los delitos que se le imputan son: despojo, extorsión, motín y ataque a la infraestructura hidráulica, los tres primeros son graves y no le permitirían derecho a fianza, se encuentra recluido en el Cereso de San Pedro Cholula bajo el proceso 127/2012. El ocho de abril por la mañana Abraham Cordero Calderón Juez de
Paz de San Martín Texmelucan, integrante del Frente Campesino y  del Movimiento Nacional Los de Abajo en Puebla capital, condenó las detenciones de los dos dirigentes sociales encarcelados, proponía al gobierno del estado el diálogo, denunció que un día antes había sido amedrentado, por lo que responsabilizó al gobernador de lo que le
pudiera pasar a su familia y a él. Los delitos que se le imputan son: amenazas,
privación ilegal de la libertad y delitos contra funcionarios públicos, se encuentra recluido en el Cereso de Atlixco bajo proceso número 55/2014.Los delitos referidos alcanzan
fianza, por lo que su defensa legal  solicitó el beneficio de la caución. El 9 de abril la
Agente del Ministerio Público adscrita al juzgado de Atlixco,Lic. Minerva Herrera de la
Cruz, solicitó al juez se le niegue la libertad caucional, argumentando era un peligro para la sociedad, así el juez Helmo Mayoral Bello declaró fundada (sin pruebas) la petición del ministerio público, negando la libertad bajo caución.
Tercero. Los académicos que apoyan la integridad de los recursos naturales no han
sido mejor tratados. El Dr. Ricardo Pérez Avilés, investigador de la BUAP afirma que fue amagado con armas de fuego exigiéndole que deje de apoyar a los movimientos que se oponen al gasoducto. El 17 de abril Alberto Melchor Montero, alumno del Dr. Ricardo
Pérez Avilés, ambos conductores del programa radiofónico “El campo y la ciudad, diálogo necesario” transmitido por Axocotzin Radio 104.5 y por vía estreaming en  axocotzinradio.org fueron amenazados desde los números 2281096875 y 2283665469. En el mundo del absurdo y con la ley del garrote el gobierno de Puebla está dispuesto a todo para construir su gasoducto y su Arco Norte sin generar un programa de cuidado ecológico, un plan de inserción de los campesinos y un respeto puntual a las garantías jurídicas.
Este tipo de casos que seguramente se reproducen en otras partes del país no pueden ser pasados por alto porque si no se denuncia y se castiga se convierte en un círculo
Vicioso que fortalece la impunidad en perjuicio de todos.

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