Tlachinollan

Una victoria guerrerense contra la violencia institucional castrense

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Hace unos días, por unanimidad, el Senado de la República aprobó una serie de reformas al Código de Justicia Militar tendientes a restringir los alcances de la jurisdicción castrense. De aprobarse estas reformas en la Cámara de Dipu-tados, nunca más los delitos cometidos por soldados y marinos contra personas civiles serán investigados o juzgados en los órganos del fuero castrense. Por fin se logró romper con el muro de la impunidad y ahora los militares tendrán que ser juzgados en los tribunales civiles, como en todo momento lo exigieron los familiares de las víctimas. Es una victoria histórica, porque después de muchos años, en medio del dolor, el sufrimiento, la persecución, las desapariciones y las muertes, se abren las puertas de los tribunales civiles para juzgar a los soldados, sin que cuenten ya con  la protección ni los privilegios que les daba el fuero militar.
En medio de la avalancha de iniciativas contrarias a los intereses de las mayorías empobrecidas que hoy se discuten en el Con-greso de la Unión, la aprobación de esta reforma, adquiere una re-levancia fundamental para el movimiento de derechos humanos y sobre todo, para quienes han sido víctimas de esta barbarie, que en todo momento se escudó en un código de justicia militar hecho a la medida de sus tropelías.
Y es que el tema no es menor. Desde que se empezaron a denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuer-zas Armadas durante las décadas de la llamada guerra sucia, las víctimas y sus familiares experimentaron que la imposibilidad de que tales atrocidades fueran debidamente investigadas y juzgadas derivaba, en buena medida, de la extensión del fuero militar respecto de casos que involucraban a civiles. En México, el fuero militar persistió como un privilegio personal en beneficio del estamento castrense por su utilidad para solapar abusos y violaciones a derechos humanos y para mantener una casta intocada que hizo del crimen una política del terror. Contraviniendo no sólo la normatividad internacional sino también la sabiduría popular, las autoridades militares fueron por muchos años juez y parte de sus propias barbaridades.
Justamente por ello, las organizaciones de derechos humanos comenzamos a exigir desde hace más de una década la reforma al Código de Justicia Militar. Esta exigencia adoptó un sentido de urgencia, incluso mayor, conforme las violaciones a derechos humanos cometidas por militares aumentaron exponencialmente en el sexenio de Felipe Calderón. La militarización de la seguridad pública y la atolondrada “guerra contra el narcotráfico” generaron un dramático incremento de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados y marinos. Aumento que persiste hasta el día de hoy.
Como siempre sucede con las autoridades mexicanas, en lugar de atender los reclamos de una sociedad agraviada por la violencia militar, cerraron filas en torno a las fuerzas armadas, mostrando con ello su tozudez y sujeción al mando militar. Jueces, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado y el mismo presidente de la República estuvieron en todo momento prestos a defender a las Fuerzas Armadas, cuando las denuncias por violaciones a derechos humanos comenzaron a aumentar. Siempre han tratado de enmendarle la página al Ejército ante sus atrocidades, ayudándoles a limpiar su imagen con inserciones pagadas, para presentarlo como una institución respetable. En su defensa las autoridades civiles aducían una abstracta y autoritaria razón de Estado, que se oponía a la plena vigencia de los derechos humanos. Evidenciaban, timoratos, su temor frente al poder castrense, que nunca dejó de oponerse a la adopción del marco jurídico de los derechos humanos.
¿Cómo entender la tozudez de las Fuerzas Armadas? Como una consecuencia de que nunca se haya emprendido al interior de esa institución un serio proceso de transición en el que la asunción de la responsabilidad por las violaciones a derechos humanos haya sido un eje del cambio. Como una muestra más de la falta de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas que, siendo constitutivo del pacto cívico-militar posrevolucionario, se acrecentó conforme aumentó la participación militar en tareas de seguridad. Como la confirmación de que no se trataba de un asunto meramente jurídico, de interés exclusivo para abogadas y abogados, sino que el fondo del debate tenía que ver con restablecer controles sobre unas Fuerzas Armadas desbocadas.
A pesar de esta oposición, el clamor de las víctimas no cesó. En un proceso del que pueden derivarse grandes lecciones para los escépticos de los derechos humanos, las victorias contra la institucionalización de la impunidad castrense se lograron poco a poco. En el principio estuvo la vivencia única e inexpresable de las víctimas. Luego vinieron las primeras denuncias de periodistas valientes y de organizaciones de familiares como el Comité Eureka o la AFADEM. Después informes analíticos a partir de los casos representados por Tlachi-nollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Comisión Mexicana de De-fensa y Promoción de los De-rechos Humanos, mismos que serían respaldados posteriormente por connotadas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Después se acumularon las recomendaciones de la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos internacionales, así como las primeras demandas que infructuosamente intentaron plantearse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La correlación de fuerzas cambió cuando las víctimas lograron las primeras condenas contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de De-rechos Humanos. Vinieron después las primeras sentencias contrarias a la ilegal extensión del fuero militar, en la Suprema Corte de Justicia, las primeras iniciativas legislativas y, finalmente, la anhelada reforma.
En este largo y doloroso camino, el aporte de las y los guerrerenses ha sido determinante. Siendo nuestra entidad la que cuenta con el mayor número de desaparecidos a manos de militares durante la guerra sucia, la gran herida que sigue sin cicatrizar por los abusos castrenses, permanece especialmente viva en Guerrero y es el impulso ético de estos esfuerzos lo que mantiene en alto esta lucha. En los años recientes, la violencia institucional castrense fue derrotada en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la bravura de Ro-dolfo Montiel y Teodoro Cabrera, de la Organización de Campe-sinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán de la Costa Grande; por la persistencia de las hijas del líder atoyaquense Rosendo Ra-dilla Pacheco; y por la inquebrantable dignidad de fuego de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres del pueblo me’phaa. Fue, finalmente, una familia nahua de la Montaña de Guerrero la que dio el último empujón para expulsar al obsoleto fuero militar expansivo del ordenamiento jurídico mexicano. En el caso de Bonfilio Rubio Villegas, por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevió a declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Buena parte de este proceso, por cierto, puede seguirse en un informe de Tlachinollan que hoy cobra especial vigencia: “Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes”, elaborado para abonar a la discusión y fundamentar las razones de una lucha histórica protagonizada por hombres y mujeres que con su tenacidad vencieron al poder militar.
Por eso, la reforma aprobada por el Senado no es menor. Porque después de más de una década en la que se acusó a las víctimas y a las organizaciones que cuestionaban el fuero castrense, de atentar sin razón contra la institucionalidad armada, hoy todas las fuerzas políticas le dan la razón a las víctimas: en efecto, dicen con su voto, el fuero militar era una institución obsoleta que debía reformarse para establecer condiciones mínimas de acceso a la justicia. El tiempo ha puesto a todos en su lugar; incluso a ex secretarios de gobernación, como Fernando Gómez Mont, que con talante de litigante al servicio del Ejército, acudió a defender personalmente el fuero militar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos, e incluso en los medios de comunicación.
A partir de una mala lectura de las reformas, algunas voces han señalado que podría haber disposiciones peligrosas en cuanto a la militarización de la seguridad. No es así, las modificaciones incorporan candados vigorosos en este tema. Más bien, el gran faltante de la reforma es que no se ha restringido la jurisdicción castrense para aquellos casos en donde militares son víctimas de violaciones a derechos humanos por sus pares. Al final, se ha impuesto la visión de los mandos castrenses, renuentes a reconocer a sus subordinados como sujetos de derecho. Esta resistencia debería suscitar una amplia reflexión al interior de las fuerzas armadas: así como las víctimas civiles demandaron con valentía por años, la restricción de la jurisdicción castrense, corresponde que sean los propios marinos y militares que conocen las entrañas de sus instituciones los que exijan respeto a sus derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas. La lealtad a las instituciones y el arrojo también se demuestran alzando la voz contra los abusos cometidos dentro del mismo Ejército, como en su momento lo hizo el general Francisco Gallardo
Sin duda, la militarización del país no se resuelve con la reforma aprobada por unanimidad por la  Cámara de Senadores. La impunidad no se revierte automáticamente porque cambie la ley. Pero el cambio que hemos visto no es menor: es un triunfo innegable de las víctimas sobre la violencia institucional castrense. Y es, en buena medida, una victoria del pueblo insumiso de Guerrero, que nunca ha dejado de luchar para que acabe la impunidad y se castigue a las autoridades que violentan los derechos humanos. Por ello, sin dejar de señalar las reformas pendientes sobre este tema, desde Tlachinollan hacemos votos para que esta reforma culmine con la aprobación por la Cámara de Diputados.