Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Tres años de Aguirre, cinco del asesinato de Chavarría

En su toma de posesión, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció con especial énfasis su compromiso de hacer justicia en el asesinato de Armando Chavarría Barrera, pero este mes cumplió tres años en el cargo y aún no existe el menor indicio de “justicia” en este prominente caso que fue noticia y motivo de indignación nacional.
Hace un año la promesa pareció avanzar un paso al ser anunciada la creación de una fiscalía especial para investigar el homicidio, pero aparentemente algo detuvo la propuesta hecha originalmente por Martha Obeso Cázares, viuda de Chavarría, y aceptada por el gobernador.
Excepto por algunas referencias del procurador Iñaky Blanco Cabrera, que nada han aportado, no hay información sobre el caso y la percepción es que las investigaciones están paralizadas. Hace veinte días Martha Obeso ofreció una conferencia de prensa –y a la vez protesta– para manifestar una vez más su alarma por el hecho de que el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo no sea llamado a declarar por la Procuraduría General de Justicia, y en cambio promueva con toda desfachatez la creación de su partido Sinergia Social.
Frente a la Procuraduría, Martha Obeso y su familia demandaron que Zeferino Torreblanca sea citado para que explique “por qué entorpeció y enredó la investigación, llegando incluso a hacer perdedizo el expediente original de este crimen”, y denunció nuevamente el desinterés de Aguirre para esclarecer el asesinato. El ex gobernador, señalado por el perredismo y por la voz pública como responsable del crimen, “no tiene vergüenza ni calidad ética ni moral” para participar en la política, dijo, y exigió que “se retome” la investigación y “Zeferino Torreblanca sea presentado ante la autoridad”.
Es muy probable que el proyecto de la fiscalía especial haya sido abandonado por Aguirre Rivero y el procurador Iñaky Blanco, pues Martha Obeso se mostró defraudada por la actitud del gobernador. Ángel Aguirre “empeñó su palabra conmigo, con mi familia, con los guerrerenses, fue un compromiso de campaña”, y una vez en el gobierno incurre en “un acto de denegación de justicia”, explicó.
Es ya evidente que el empantanamiento del caso Chavarría se debe a motivos políticos. El origen del crimen apunta hacia el grupo de Zeferino Torreblanca y hacia él mismo, y la negativa de la Procuraduría a indagar esa línea de investigación y citar al ex gobernador sólo se explica por una decisión del gobernador de no entrar en colisión con su antecesor. Es obvio que Aguirre Rivero tiene temor de actuar jurídicamente contra Torreblanca Galindo por las perturbaciones e incomodidades políticas que ello puede traer a su gobierno. O quizás teme a la capacidad de maniobra que retenga el ex gobernador con eventuales expedientes de hechos turbios.
Esa pusilanimidad, sin embargo, tuvo una pausa momentánea cuando hace algunas semanas Zeferino Torreblanca se mostró activo en la creación de su partido político y en la planeación de su segunda candidatura a la alcaldía de Acapulco, pues inmediatamente fue citado por la Contraloría General del Estado por un presunto desfalco a la Secretaría de Salud. Fue notorio que en ese movimiento no impulsó a Aguirre un afán de aplicar la ley, sino de frenar la pretensión del ex gobernador de contender por la presidencia municipal de Acapulco, cargo que los planes del gobernador ya le reservan a su hijo Ángel Aguirre Herrera.
Durante los tres años de su gobierno ha administrado Aguirre el caso Chavarría con ese criterio de cálculo político, con lo cual ha premiado la impunidad y relegado el compromiso institucional con la justicia y el Estado de derecho. En ese juego la ley ha resultado aplastada. Por ejemplo, todavía no ha sido explicado el extraño comportamiento adoptado por la ex procuradora Martha Elva Garzón Bernal hace un año, cuando en el instante mismo de anunciar su renuncia anunció también que dejaba resuelto el caso Chavarría, listo para consignar el expediente a un juez y solicitar órdenes de aprehensión. Se ignora en qué dirección pretendía Garzón Bernal dejar concluido el caso y contra quiénes serían las hipotéticas órdenes de aprehensión, pero aparentemente se trató de una maniobra para darle carpetazo a la investigación y mantener la impunidad en torno al ex gobernador Torreblanca Galindo. La duda es si esa maniobra tuvo el aval de Aguirre, que presume de que en su gobierno ni las moscas vuelan sin su permiso, o fue un acto solitario de la ex procuradora.
Los datos públicos sugieren que el asesinato de Armando Chavarría hace cinco años en Chilpancingo fue producto de una conjura organizada en el ámbito del poder político y ejecutada por agentes ministeriales que obedecieron “órdenes superiores”. Se sabe que fue así, por indicios extraoficiales provenientes de la Procuraduría General de Justicia del estado. El transcurso de los años y la persistencia de la impunidad han reforzado la percepción pública de que el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, y el más adelantado precandidato a la gubernatura, fue ejecutado para impedir que se convirtiera en candidato del PRD y eventualmente en gobernador, pues sus aspiraciones desafiaban la hegemonía que buscaba imponer Zeferino Torreblanca mediante el impulso de su favorito Armando Ríos Piter.
Si se siguen las huellas de los hechos que antecedieron al homicidio del 20 de agosto de 2009, y de todo lo ocurrido posteriormente hasta este día, es inevitable que el ex gobernador Zeferino Torreblanca aparezca como instigador y más probable autor intelectual del asesinato. La suspicacia en torno a la probable responsabilidad de Torreblanca se ha profundizado en estos cinco años, y ha sido la conducta oficial y personal del propio Torreblanca lo que más contribuyó a ello, pues en lugar de facilitar el esclarecimiento y castigo del crimen, como gobernador hizo todo lo contrario, manipuló la investigación y obstruyó la justicia.
En Aguirre Rivero ha prevalecido el desinterés por el caso, y esa indecisión puede obedecer al hecho de que el gobernador no desea meterse en “problemas” con el grupo político de Zeferino Torreblanca.  Pero cerca del quinto aniversario del asesinato de Chavarría, y en el tercer año de su gestión, la única opción que tiene el gobierno de Aguirre es investigar a su antecesor. Debemos insistir en que todos los indicios apuntan a él. Le queda ya poco tiempo a Aguirre antes de que se desate la sucesión del 2015, pero si quisiera aún podría enmendar el incumplimiento de esta que es una de las grandes promesas que lo llevaron al poder.

Tres años de un gobierno mediocre

Ni la consagración del estado a la protección del Sagrado Corazón de Jesús y al Doloroso e Inmaculado Corazón de María, realizada en noviembre del 2012 en presencia del entonces secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez, ni las invocaciones de Ángel Aguirre en busca de ayuda divina, han resuelto en estos tres años los profundos problemas de Guerrero. Continúan inalterables la pobreza y la desigualdad social, la violencia y la inseguridad pública, y ahora hasta la naturaleza se solaza repartiendo desgracias sobre esta afligida tierra.

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