Marcos Matías Alonso

La CDI en tiempos del PRI

En los últimos 10 años, la diplomacia internacional en materia indígena ha tenido avances significativos. En este escenario, México ha ganado un liderazgo mundial que ha sido reconocido por la mayoría de los Estados nacionales y la representación indígena de casi todas las regiones geopolíticas del mundo. Expertos en la materia reconocen que nuestro país jugó un papel relevante en la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), proclamada en la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre del 2007.
Cinco días después de la aprobación de la Declaración (18/sept/07), la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el Punto de Acuerdo en el cual se solicita al Ejecutivo federal que “implemente las acciones correspondientes a fin de que los compromisos adquiridos en la adopción de la Declaración…, cobren vigencia y sean parte de una nueva política pública del Estado en beneficio de los pueblos indígenas…, a fin de que se armonicen las leyes nacionales con este nuevo instrumento jurídico de carácter internacional…”.
Por si fuera poco, México fue de los primeros países en ratificar el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, el Estado impulsó la creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, una instancia internacional de composición y gobierno paritario entre los pueblos indígenas y Estados nacionales. En el contexto global, en 1998, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos y otros instrumentos internacionales fueron creados para la gobernanza y para mejorar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas en todas las regiones geopolíticas del mundo.
Uno de tantos temas en la agenda internacional es el derecho a la representación política de los pueblos indígenas en los poderes nacionales. En la mayoría de los países latinoamericanos, las instituciones en materia indígena son dirigidas por los propios profesionistas y/o dirigentes indígenas; lamentablemente, crece el liderazgo de México en el mundo, pero se achica en el ámbito nacional. Nuestro país sigue siendo “candil de la calle y oscuridad de su casa”. Con dificultad, esa densa oscuridad trata de abrirse para mantener un equilibrio entre la esfera internacional y el ámbito nacional.
En tiempos del PAN, la política pública en materia indígena fue un alarmante fracaso. El ímpetu polémico de Xóchitl Gálvez no fue secundado por Luis H. Álvarez, un agotado nonagenario que dejó en manos de la CDI a un neófito en materia indígena. En tiempos del PRI la política indígena sufre un severo retroceso. Estamos igual o peor que hace 50 años. No hay luces que indiquen que el priísmo se colocará a la vanguardia de los derechos indígenas. Lo más sobresaliente es haber creado la?Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CNDPI), adscrita a la?Secretaría de Gobernación. La?Comisión nació acotada, con un marco de interlocución limitado hacia el gobierno federal y los pueblos indígenas; su impacto político quedó confinado a la intrascendencia. El priísmo en la CDI nacional aún no perfila su política pública armonizada con la dinámica internacional hacia una relación de respeto  a los derechos indígenas.
Hoy la CDI se hace tricolor. No sólo en su dirección nacional, sino también en sus delegaciones estatales. Bastan algunos ejemplos de esta tendencia de los relevos en los estados: Campeche, Oaxaca, Baja California, Durango, Sonora, Chihuahua y Guerrero.
Guerrero es un tema especial. En enero del 2013 la CDI designó a Marcelo Tecolapa Tixteco. Fuentes fidedignas mencionaron que la delegación de la CDI fue parte del reparto en la que metieron mano los ex gobernadores del PRI Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros; siempre con la anuencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
El nombramiento de Marcelo Tecolapa encontró resistencia y oposición. Más de una veintena de organizaciones indígenas, y el que escribe, no cuestionamos su designación por tres razones: es indígena, es guerrerense y con experiencia en la administración pública. Obvio, faltó la consulta, proceso por el que tanto hemos luchado. Sin embargo, consideramos que su perfil era suficiente. Además, cumplía satisfactoriamente la recomendación del Congreso de la Unión y del Congreso local, que en junio del 2009, aprobaron la siguiente resolución:
“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respalda el Acuerdo Parlamentario del 4 de junio pasado, aprobado por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero… Hace suyo el criterio de que en la selección de nuevos delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Guerrero y de otras entidades del país, en igualdad de condiciones deberán tener prioridad los candidatos de origen indígena, que cuenten con experiencia de trabajo con sus pueblos y tener suficiente capacidad en la administración pública federal, estatal y/o municipal”.
Además, la CDI hizo suya la resolución de los dos parlamentos mencionados y se comprometió a que, en el nombramiento posterior de los delegados de la CDI, deberán tener prioridad los candidatos de origen indígena.
Con el reciente nombramiento de Julio César Licona Omaña se violan flagrantemente los acuerdos legislativos mencionados. Claro, sus resoluciones no son vinculantes, pero son una fuente política en la toma de decisiones. Licona Omaña no es indígena, no es guerrerense y supongo que es limitada su experiencia en materia indígena. La oposición en su designación no es un capricho o una ocurrencia. Está fundamentada en derechos conquistados.
Esta es la principal bandera de lucha de los pueblos indígenas que se han opuesto a la nominación de Julio César Licona. Ciertamente, por la violación de derechos con este nombramiento, los pueblos indígenas también invocan el artículo segundo Constitucional y el Convenio 169 de la OIT. Sin pasar por alto las resoluciones y recomendaciones de los instrumentos jurídicos internacionales.
La comunidad internacional hace múltiples exhortos para el empoderamiento de los sectores más débiles, entre ellos, los pueblos indígenas. El próximo mes de mayo, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, se discutirán estos temas y la agenda emergente de los pueblos indígenas en el mundo. Ello nos llevará a celebrar, en septiembre próximo, la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, en Nueva York. En estos temas, México juega un liderazgo internacional, que es visto como el hermano mayor en el concierto de naciones, tanto en América Latina como en las regiones geopolíticas del mundo.
Será vergonzoso que, por un problema doméstico, nos rasguemos las vestiduras como en antaño lo hicimos. Tengo confianza en que la diplomacia internacional encontrará equilibrio en su contraparte nacional y que el gobernador defenderá el derecho que asiste a los pueblos indígenas. La CDI no debe ser cuota de la clase política de Guerrero ni del país. Tampoco la CDI es cuota de los pueblos indígenas. Hay que entenderlo bien, es un derecho luchar por sus aspiraciones y no permitir retrocesos. De lo ganado, hacia adelante. Ni un paso atrás. La política pública y sus sujetos de derecho avanzarán progresivamente.

*Investigador Titular del CIESAS