Presenta la defensa de Nestora García un incidente de libertad ante el juzgado de Tlapa

*Estima su abogado, Emiliano Gomez Mont, que en dos semanas los jueces locales tendrían que manifestarse al respecto en congruencia con la sentencia de un tribunal federal, que revocó el auto de formal prisión

La defensa de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, presentó un incidente de libertad ante el juzgado penal de Tlapa para que dejen sin efectos las causas penales contra la líder social recluida en una prisión federal de Tepic, Nayarit, por delitos del fuero común.
El abogado Emiliano Gomez Mont explicó vía telefónica que los delitos que le imputan fueron a raíz de su labor como integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como argumentó un juez del Tribunal Unitario de Distrito para revocar el auto de formal prisión por delincuencia organizada y secuestro en el orden federal, hace casi un mes.
Subrayó que el mismo criterio tendría que ser avalado por los jueces locales en los delitos del fuero común que mantiene en prisión a Nestora Salgado por las mismas acusaciones que tenía ante la justicia federal: el presunto secuestro de personas de Olinalá, incluido el del síndico procurador de ese municipio, Armando Patrón Jiménez, quienes fueron sometidas a proceso de “reeducación” bajo el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que el viernes el despacho de abogados presentó este recurso en Tlapa y estimó que en dos semanas los jueces locales tendrían que manifestarse al respecto, en congruencia con la sentencia del tribunal federal, que también entregaron como prueba documental en los procesos locales.
Recordó que en la resolución del juicio de apelación sobre el caso de Nestora -así como de otros siete integrantes de la CRAC- , el juez hizo un análisis desde el artículo segundo para señalar que los policías comunitarios tienen facultades para nombrar a sus autoridades por usos y costumbres pueden nombrar en sus órganos locales a quienes se les reconozca calidad para que formen parte de su gobierno.
Asimismo, y en virtud de que también existe una ley estatal que los ampara, la 701, el magistrado indicó que existe un reconocimiento de la CRAC como parte del sistema de seguridad y justicia del estado, y sus acciones deben entenderse como actos de gobierno.
Recordó que existen convenios de colaboración con el gobierno del estado que les entregó camionetas y financiamiento, y en ese contexto, no actuaron de forma particular ni para cometer delitos, sino como parte de un sistema de seguridad reconocido por las autoridades formales.
Adelantó que si el juez local se pronuncia en sentido distinto a la sentencia del juzgado de distrito va a generar inseguridad jurídica
De la detención de Salgado García indicó que la represión a la Policía Comunitaria no puede ser el mecanismo para resolver un conflicto de esta naturaleza ,“no pueden decir que cometieron delitos y desconocerlos, debe haber capacitaciones en la organización comunitaria, entenderlas en su contexto histórico y real, de localidades marginadas. No se les puede pedir que actúen con base en un marco legal sino lo conocen”.
Consideró que calificar a la Policía Comunitaria como delincuencia organizada fue equiparable a decir que un sistema de seguridad pública también lo es, porque los dos forman parte de un sistema con objetivos de seguridad y justicia dentro de su competencia.  (Lourdes Chávez / Chilpancingo).