Revisó los archivos de la DFS, la DIPS, la Sedena y la Procuraduría del DF, informa la Comverdad

*Presentaron ayer los comisionados en el Congreso el cuarto avance de sus actividades para esclarecer los crímenes de la guerra sucia

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En el cuarto informe del avance de actividades presentado ayer en el Congreso del estado, la Comisión de Verdad (Comverdad)   afirmó que a más de 40 años de ocurridos los crímenes de la guerra sucia, el Estado mexicano no ha tenido interés en aclararlos.
Ante el representante de la Comisión de Gobierno, el petista Jorge Salazar Marchán, a su vez presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se presentaron ayer el presidente de la Comverdad, José Enrique González Ruiz, y los comisionados Hilda Navarrete Gorjón, Pilar Noriega García, Nicomedes Fuentes García y Arquímedes Morales Carranza.
Estuvieron también el presidente la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y en representación del gobierno del estado subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,?Victoriano Sánchez Carbajal.
La mayoría de la información que leyó González Ruiz fue limitada para garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas de la guerra sucia, y reiteraron que darán a conocer cuando concluyan su trabajo y presenten su informe final.
Informaron de la investigación documental que realizaron en el Archivo General de la Nación (AGN), y en los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, ambas desaparecidas, y también de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
En el informe explican que se fotografiaron 185 expedientes que hicieron un total de 62 mil 930 fotografías del AGN, correspondientes a Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que era la policía política del gobierno del Distrito Federal, distribuidas en 324 carpetas.
Además informaron que ya tienen una base de datos de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y desplazamientos.
Informaron de 373 testimonios de familiares y víctimas de desaparición forzada a través de la mayor parte de las rutas que se indicaron en el segundo avance que entregaron al Congreso local.
Hay testimonios en los que se hace referencia a más de una víctima de violación a los derechos humanos, por lo que en total se obtuvieron 463 testimonios.
Recordaron que lo que buscan es que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en la violación de los derechos humanos y aclare el destino final de las personas desaparecidas.
La Comverdad informó que realizó una reconstrucción de las operaciones militares emprendidas contra la insurgencia armada de los años de 1969 a 1979, aunque no se tiene cuantificado el daño al que fue sometido el tejido social, salvo la información consignada en revistas especializadas que, dijeron, han llevado al debate una serie de hechos de los cuales no se ha podido demostrar mucho.
Los comisionados dijeron que han dado a conocer datos como que miles de soldados fueron destacados para combatir la insurgencia, hablaron que en aquellos diez años el Estado mexicano realizó una estrategia de contención política y social para controlar o destruir a grupos disidentes, aunque éstos no lo fueran, sino sólo fueran percibidos como violentos aunque se dedicaran a actividades pacíficas.
De acuerdo con el informe presentado hubo 230 desapariciones forzadas, de las cuales 206 fueron hombres, nueve de ellos menores de edad, y encontraron 205 sobrevivientes de desaparición forzada, 23 menores de edad; 20 hombres y tres mujeres, 174 adultos varones y 8 mujeres; también siete desplazamientos individuales y dos violaciones sexuales.
La propuesta de reparación del daño es que se acceda a la posibilidad que el Estado mexicano planteó en la audiencia ente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde sostuvo que en los casos que no encuadren en el fideicomiso para la reparación integral del daño, las personas afectadas deberán acudir a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas para realizar el trámite indicado en la Ley General de Víctimas.
Al final con una treintena de asistentes a la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local dedicaron un minuto de aplausos al recientemente fallecido dirigente de la Coalición de Ejidos de Costa Grande de Atoyac, Zohelio Jaimes Chávez, que participó en el movimiento estudiantil de 1968, y después fue acusado de??participar en la guerrilla de Lucio Cabañas, por lo cual estuvo preso en la cárcel de Acapulco de 1972 a 1976.