Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Las preguntas de Cuarón y la pobrísima respuesta de Peña Nieto

La reducción de las tarifas de la luz y el gas se concretará “a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria” de la reforma energética, respondió el miércoles el gobierno federal a una de las diez preguntas planteadas públicamente por Alfonso Cuarón el día 28. Los dos años se cumplirán en el 2016, si las leyes reglamentarias se aprueban en el Congreso en junio como se ha anunciado. Y la reducción que el gobierno espera en el costo de la luz es de apenas 25 por ciento, según informó ayer el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Pero se cura en salud el gobierno, pues a continuación advierte que “no es una reducción voluntariosa, populista o por decreto. Es una reducción sostenida como resultado de que bajarán los costos de producción y de generación, y por lo tanto ocurrirá conforme se lleven a cabo las inversiones en gas y en electricidad”. Es decir, si los costos de producción no bajan, entonces tampoco lo harán la luz y el gas. Al precio de la gasolina ni siquiera hace referencia, aunque era parte de la pregunta.
A la misma condición están sujetos los 500 mil empleos adicionales que de acuerdo con el gobierno se crearán hacia el año 2018 como resultado de la reforma energética, y los 2.5 millones previstos para el 2025, o el 1 por ciento adicional de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2018 y el 2 por ciento proyectado para el 2025.
Sin embargo no era así como el gobierno de Enrique Peña Nieto planteaba la reforma energética en la propaganda oficial, en la que se describía un panorama fantástico y se ofrecía la reducción de las tarifas de la luz, el gas y la gasolina sin ningún matiz ni condicionante. Esos matices y condicionantes aparecieron en la misma publicidad oficial después de que la Constitución fue modificada para permitir el acceso de la iniciativa privada extranjera al negocio del petróleo.
Sobre las medidas para impedir la corrupción, el gobierno afirma que “la reforma energética establece siete mecanismos principales de transparencia y de combate a la corrupción, que obedecen a las mejores prácticas internacionales”. Señala licitaciones públicas, candados de transparencia en los contratos con las empresas y la obligación de Pemex y la CFE de “revelar información en los mismos términos que las empresas que cotizan en bolsa bajo los más estrictos estándares internacionales”. Además, asegura que “la reforma energética establece un arreglo institucional de pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado que asegura la transparencia y la rendición de cuentas en el diseño, administración y licitación de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos e impiden que su asignación sea la decisión discrecional de una sola autoridad”.
Sin embargo, la retórica anticorrupción que presume el gobierno de Peña Nieto es la misma que han presumido siempre los gobiernos priístas, y la historia que conocemos es de muchos pesos y de ningún contrapeso. No hay forma de creer que es real el compromiso del actual gobierno para combatir la corrupción, no sólo en el sector petrolero sino en cualquier otro ámbito. Si fuera auténtico tal compromiso, ahora mismo la administración de Peña Nieto estaría sacudiendo en Pemex el frondoso árbol de la corrupción, que por citar sólo un caso, es ostensible y escandalosa en el caso del dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, que a pesar de todas las evidencias es intocable.
El documento que el gobierno federal dio a conocer en respuesta a las diez preguntas que Alfonso Cuarón dirigió a Peña Nieto el lunes pasado es de una gran formalidad y de una pobreza argumental impresionante. No se aparta ni va más allá un solo milímetro del discurso oficial, y esa es su debilidad, pues en los hechos no responde al cuestionamiento del cineasta. El que la carta abierta de Cuarón no haya causado preocupación en el gobierno, excepto por la ligera perturbación que el lunes se notó en el comentario emitido por Peña Nieto, pone de manifiesto la determinación con la que el gobierno acometió la tarea de imponer la reforma energética y cambiar la Constitución por encima de la inconformidad y falta de consenso social. Lo que el cineasta cuestiona es eso precisamente, que la reforma petrolera se haya impuesto aun contra el desacuerdo de la mayoría de la población, y que el gobierno de Peña Nieto haya desatado una campaña de propaganda para ocultar su carácter regresivo.
Para comprender el surgimiento de este episodio conviene recordar que lo que orilló a Cuarón a hacer pública su posición respecto a la reforma energética fue una réplica que Peña Nieto hizo el 26 de febrero (en una entrevista televisiva con la cadena Univisión de Estados Unidos) a un comentario previo de Cuarón en el sentido de que el gobierno está”vendiendo a México”. Peña Nieto dijo entonces que Cuarón y otros como él están desinformados. Debió inquietarle al premiado director de cine, una de las cien figuras más influyentes del mundo según la revista Time, que su carta abierta fuera minimizada por los medios bajo la presión gubernamental, pues por lo menos en un diario pagó su reproducción en una plana entera (Reforma) para garantizar su difusión.
Escribió Cuarón: “Mi falta de información no es atribuible a grupos en oposición que han generado desinformación. La razón es más simple: el proceso legislativo y democrático de estas reformas fue pobre y careció de una discusión profunda, y la difusión de sus contenidos se dio en el contexto de una campaña propagandística que evadió el debate público. No estoy informado porque el gobierno que usted encabeza no ha compartido conmigo –con nosotros, los mexicanos– elementos indispensables para entender el alcance y el sentido de las reformas”.
Explicó que “dice usted en la misma entrevista que …las reformas son reconocidas en el mundo porque saben que la instrumentación de estas reformas permitirán que México crezca económicamente y tenga mejores condiciones sociales. Ese argumento no me sorprende pero tampoco me convence. Es natural que una reforma energética (en un país que ha tenido esos bienes nacionalizados) cause regocijo en los mercados, pero es ingenuo pensar que el fondo de este reconocimiento sea el crecimiento de nuestro país. Y no me mal entienda: celebro el júbilo de medio mundo siempre y cuando el principal beneficiado –económica y socialmente– sea mi país, sus ciudadanos y que su medio ambiente sea respetado a cabalidad”. En consecuencia y “en el entendimiento de que el Congreso está por recibir su iniciativa sobre las leyes secundarias a esta reforma, me permito pedir a usted que nos informe sobre el sentido y alcance de la reforma”…. “No lo hago como experto pero sí como un ciudadano preocupado por el destino en México. Y lo hago desde la más absoluta independencia política”, expuso Cuarón al presidente.
Para Peña Nieto el sentido y alcance de la reforma energética es la abundancia de empleo, la reducción de las tarifas de la luz y del gas, el crecimiento de la economía y una gran prosperidad para el país, siempre y cuando se den las inversiones privadas y bajen los costos de producción. Tal cosa es incierta, y cuando nada de todo ello ocurra, Peña Nieto ya no estará ahí para responder. Por lo pronto, el contenido de las leyes secundarias enviadas la noche del miércoles al Congreso para su discusión confirma los temores de Cuarón y del sector mayoritario de la sociedad, pues abre de par en par las puertas del petróleo a las empresas extranjeras con la certeza de que harán un negocio fabuloso, mientras el país se queda con la promesa priísta de la abundancia.