No permitan que el gobierno las aplaste, pide Nestora a las comunidades; le otorgan un premio de Derechos Humanos

*La fundación Sergio Méndez Arceo da un reconocimiento grupal a la comunidad de Cherán K’eri, Michoacán, y a la comandanta de la Policía Comunitaria, quien está presa, por su compromiso con los pueblos indígenas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Desde la prisión de Tepic, Nayarit, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García pidió a las comunidades de Guerrero que continúen la lucha por su seguridad, y que no permitan que el gobierno las aplaste.
El mensaje fue a propósito del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que recibió ayer a través de su hija en Cuernavaca, Morelos, informó su esposo José Luis Ávila Báez desde Seattle, Estados Unidos.
Ayer, la fundación Sergio Méndez Arceo otorgó la presea en la categoría grupal a la comunidad de Cherán K’eri, Michoacán, y en la individual a Nestora Salgado García por su compromiso con las comunidades indígenas, lo que la llevó a su detención el 21 de agosto de 2013.
En este marco, Ávila Báez indicó que su pareja pidió, aunque ella siga encerrada, que los pueblos sigan luchando para que no los aplaste el gobierno que ya ha matado gente, y por ejemplo, recordó la masacre de Tlatelolco en 1968, que inmovilizó a la población.
Este reconocimiento se instituyó el 17 de abril de 1981 por Don Sergio Méndez Arceo, VII obispo de Cuernavaca “en contra de los involucrados en la aborrecible práctica de la tortura, y para reconocer, estimular y apoyar a organizaciones, grupos y personas que se hayan destacado por su valor en la defensa y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país”.
Ávila Báez señaló que Nestora agradeció esta distinción a las personas que siguen luchando por su libertad y que creyeron en su inocencia. Añadió que esta campaña continúa también en Estados Unidos, a través de tres comités por la defensa de Nestora en Los Ángeles, New York y Seattle, que marcharon el primero de mayo para exigir justicia.
Agregó que también van a tratar de apoyar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González y al asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, que como Nestora fueron detenidos debido a su labor de seguridad y justicia de los pueblos y luego trasladados a penales de alta y mediana seguridad, “porque la campaña es para que todos los policías que pertenecen a la Coordinadora salgan de prisión”.
Confió en que las sentencias que emitan los jueces de Guerrero en las causas penales de los integrantes de la Policía Comunitaria se apeguen a la resolución que emitió un juez federal, que anuló el auto de formal prisión de Nestora y Arturo Campos por los delitos federales de terrorismo y secuestro.
Una sentencia diferente, reiteró, va a evidenciar la corrupción que hay entre los jueces locales y el gobierno estatal contra la Policía Comunitaria. Insistió en que los integrantes de la CRAC están en prisión,no por los supuestos delitos que cometieron, sino porque los jueces han actuado bajo la consiga de las autoridades estatales.
“Esperemos que reconozcan el error que se cometió en primer momento en el gobierno del estado, (pero) la presión no termina hasta la libertad de todos los comunitarios”.
Sobre la lucha en Estados Unidos en favor de Nestora, que también tiene la nacionalidad estadounidense, informó que enviaron una carta al secretario del Departamento de Estado, John Kerry para que fijen una postura contundente de las agresiones y violaciones a los derechos de su esposa, y para evidenciar la actuación del gobierno mexicano.
En el escrito fechado el 18 de abril piden atención inmediata  al caso de Nestora Salgado, ciudadana estadounidense, por su labor en la Policía Comunitaria en su pueblo natal, Olinalá, Guerrero, donde existe una larga tradición de grupos de vigilancia comunitaria legalmente reconocida.
Señalan que tras su detención, inusualmente fue trasladada vía aérea a una prisión de máxima seguridad a mil kilómetros de distancia de su residencia, como una sospechosa de alta peligrosidad.
Señalan que el gobierno no avisó a la embajada sobre su detención ni reveló en un principio su paradero a su familia, no pudo hablar con sus abogados durante semanas y aún no ha podido verlos porque el gobierno sigue poniendo obstáculos.
En este tenor, señalan las condiciones de su detención y demandan que el gobierno norteamericano pida garantías para el debido proceso en el sistema judicial mexicano y tenga acceso a un juicio justo.