Expulsan del Cecop al comunero Jacinto Solís que denunció a Suástegui por agresión

Mariana Labastida

En asamblea, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) expulsaron a Jacinto Solís, a quien calificaron como “vendido”, y decidieron llamar a los dueños de la gravillera Materiales La Sabana para que muestren los permisos para la extracción de grava del río Papagayo.
A la asamblea acudió un ciudadano de China, quien pidió a integrantes de la Policía Comunitaria que lo ayuden a recuperar los 200 mil pesos que pagó por terrenos en la comunidad de El Bejuco y que no le han querido entregar.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, propuso en la asamblea en la comunidad de La Concepción, la expulsión del también opositor a La Parota, Jacinto Solis Vázquez, luego de que éste lo denunció y acusó de agresiones tras la detención de su nieto Brandon Melchor Solis por golpear a una policía comunitaria.
A la propuesta la asamblea respondió que sí, por “vendido” y “traidor”, “fuera todos los vendidos”, gritaron los asistentes luego de levantar la mano para dar su aprobación a la expulsión del comunero.
“No pueden decir que son integrantes, son vendidos”, dijo Suástegui Muñoz de Jacinto Solís, “son dinereros”, agregó, y enfatizó que por la agresión al comandante de la Policía Comunitaria de La Concepción, Emilio Solís, se emitió una orden de detención.
Como parte del informe de las acciones de la Policía Comunitaria, Suástegui Muñoz presentó a Mario Martínez, vecino de la comunidad de Las Parotas, quien fue detenido el pasado 30 de abril por agredir a sus padres, por lo cual junto con la familia y los consejeros se determinó que estará en reeducación por tres meses y si tiene buen comportamiento salir antes.
También se expuso que hay intentos en algunas comunidades de que se conformen grupos de autodefensas, a lo que Suástegui Muñoz dijo a la asamblea que hablaría con el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, para que se haga un convenio de colaboración y no se metan en el territorio de los Bienes Comunales, y que en caso de que alguien sea detenido fuera del mismo se los entreguen. Así como también “hacerle ver que la gente como Eduardo Valente Navidad no le conviene, no le conviene a él meterse con ese tipo de gente”.
A la asamblea acudió el ciudadano de China, Chaofeng Chen, cuyo abogado Román Nicanor Rojas pidió que lo apoyara la Policía Comunitaria, a donde hizo la denuncia, para mandar a citar a Benito Gelacio Arrioja, de Rancho Las Marías, quien firmó como comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec en una transacción de venta de un terreno en la comunidad de El Bejuco, cuando la comisaría tiene dos años acéfala.
El abogado explicó que lo que su cliente quiere es que se le devuelvan los 200 mil pesos que ha pagado del total de 400 mil pesos en que le vendieron los terrenos que nunca le entregaron, porque cuando quiso ocupar los que supuestamente había comprado éstos tenían propietario.
Se acordó convocar para el próximo domingo a Benito Gelacio Arrioja, a Susana Vargas Gallegos, a Simón Cruz Saligan y a la supuesta dueña de los predios, Floribertha Pineda Martínez, quien tenía amenazado al comprador con que perdería los terrenos si no le depositaba el 30 de cada mes.
En el tema de las empresas gravilleras, Suástegui Muñoz informó que no han podido vender el material que están moviendo de las instalaciones de Kimbar a un terreno en la comunidad de Las Chanecas, debido a que no han encontrado un cliente que quiera pagar los 150 pesos por metro cúbico que piden, y que se hizo una donación de grava a El Bejuco.
Agregó que Arturo Valle pidió audiencia con el Cecop pero no llegó a la cita, y se acordó en la reunión que se convocará para el próximo domingo a la familia Terrazas, de la gravillera materiales La Sabana, cuyas instalaciones están en el municipio de San Marcos, pero Suástegui Muñoz aseguró que el material lo extraen del río Papagayo y para sacarlo pasan por los Bienes Comunales, para que exponga los permisos que tienen para la extracción de material pétreo.
A la reunión asistieron dos integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil, Verónica Munier de Veracruz y Jorge López, de Luz y Fuerza del Pueblo de Chiapas, para informar de la campaña de desobediencia civil que se difunde para no pagar la luz hasta que se eche abajo la reforma energética; en dicho movimiento, del cual es parte el Cecop, también hay pueblos de Campeche, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Chihuahua.
Verónica Munier expuso que llevan 10 años en un movimiento para el no pago de la energía eléctrica, por ello incluso han capacitado a habitantes de la población para que sean quienes atiendan los problemas con la red, así como en Chiapas que llevan más de 20 años sin el pago, por ello convocaron a los integrantes del Cecop a sumarse a la acción que ellos realizan y determinar en asamblea el monto de pago que hagan pero a un comité para que se encargue de mantener el sistema funcionando.
La activista indicó que se juntan más fuerzas para ir contra las políticas en materia energética, que busca que se tenga tarifa justa y además de  decretar la energía eléctrica como un derecho humano, iniciativa que entregaron a los senadores el 12 de septiembre de 2013, sin embargo fue ignorada y en su lugar aprobaron la reforma el pasado diciembre.
Expuso que no se agrede al personal de la CFE cuando entra a alguna de las comunidades en resistencia, sino se les invita a salir o en su caso los mojan como medida preventiva para que no puedan maniobrar el cableado por el riesgo que significa.
Enfatizó que todos los pueblos que están en la red son uno, “si nos tocan a uno, nos tocan a todos” y que las autoridades “cuando ven un pueblo bien organizado, que sabe defenderse, se la piensan para reprimir, si ven un pueblo débil se van con todo”, por ello convocó a los integrantes del Cecop a mantenerse juntos.
También entregó 5 mil pesos que envió la Red para el Cecop, de los cuales mil entregaron para la comida de los participantes del curso de capacitación que dieron para los interesados en ser técnicos para el manejo de la red eléctrica y 4 mil fueron entregados para la Policía Comunitaria.