Legalizar a su Policía Comunitaria, pide Abel Barrera a opositores a La Parota

*En una visita a La Concepción, el el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña les reecomendó separar al Cecop de esa organización de justicia para que las autoridades no lo consideren como un movimiento político con un brazo armado

Mariana Labastida

El equipo de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan visitó a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), a quienes les recomendaron que separen de manera clara el movimiento de defensa de la tierra y la Policía Comunitaria para que las autoridades no los consideren como un grupo subversivo.
También les enfatizaron que deben de terminar el proceso de incorporación a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), e informaron de la situación de las demandas en contra de opositores a la presa.
Luego de escuchar a los opositores exponer la situación de los diferentes proyectos que desarrollan, así como las acciones en un encuentro en el interior de una vivienda junto al plantón de la comunidad de La Concepción, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, les expuso que falta legalizar a la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, pues, dijo, no es suficiente con que los hayan aceptado en asamblea sino que se debe de realizar el proceso de reconocimiento.
Les explicó a los integrantes del Cecop, entre ellos  policías comunitarios, que deben de tener actas de asamblea de todo el proceso para evitar que ocurra lo que pasó con la detención de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado, de quien tuvieron que buscar los documentos que avalaran su asignación y desde cuándo fue reconocida la organización como parte de la CRAC.
“Todo se necesita legalizar, no solamente decir el pueblo dice que sí, el sistema es una alternativa al estado por eso se requiere llenar el proceso de reconocimiento, porque la consigna del gobierno es desmantelar el movimiento de la Policía Comunitaria”, señaló Abel Barrera debido a las acciones que se realizaron el año pasado en contra de dicha organización.
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, les sugirió que con urgencia se conformara una comisión para que fueran a San Luis Acatlán a reunirse con el grupo que dirige Valentín Hernández, que tiene, dijo, más apertura para que se empiece a trabajar con ellos en la incorporación de la Policía Comunitaria, empezando por saber si los documentos que llevaron cuando fueron aceptados los tienen todavía o tienen que volverlos a entregar para contar con un antecedente.
“Si no está el acta de asamblea hay que hacer otra y volver a levantar otra acta. Debe de haber una acta donde se les admite, la segunda donde les toman protesta y después se nombran a los consejeros, todo tiene que estar validados por ellos”, especificó Vidulfo Rosales.
Sugirió que en dicha reunión se acuerde con la CRAC cuál será la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, y que los casos “pequeños” se atiendan en la comunidad y los graves como homicidios sean enviados a San Luis Acatlán.
Asimismo les recomendó que haya una separación clara del Cecop para que las autoridades no lo consideren como un movimiento político con un brazo armado.
“El sistema comunitario no tiene que estar amarrado a un proceso organizativo como el Cecop, sino que se sustenta en los usos y costumbres de las comunidades y se debe de delimitar muy bien para que no haya una descalificación a priori a las acciones de la Policía Comunitaria, y el Cecop debe de mantenerse tanto en el ámbito legal como organizativo”, expuso Abel Barrera, quien indicó que el movimiento es legítimo ante la ausencia de instituciones para proteger las comunidades  y por ello se da la autoprotección como en otros pueblos.
Abel Barrera detalló que Tlachinollan está para ayudarles legalmente con las herramientas jurídicas, darles las pautas para que al “corregir una situación no se cometan otro tipo de abusos y excesos”.
Criticó que las autoridades sigan sin dar atención a las comunidades después de la devastación por las lluvias de septiembre.
De la acción contra las empresas gravilleras, Abel Barrera dijo a los opositores que tienen razón cuando el movimiento evita que se siga dañando el medio ambiente, pero que “papelito habla” y por eso indicó se debe de formalizar la expulsión de dueños de las empresas, empezando por verificar cómo compraron las tierras que dicen suyas porque para eso la asamblea de los bienes comunales de Cacahuatepec los tuvo que acreditar como avecindados.
Barrera Hernández enfatizó que a quien le toca resolver el problema de los empresarios es al gobierno porque es el que otorgó permisos, para ello dijo se deben de iniciar acciones legales para ayudar al movimiento tenga fuerza.
El Cecop con Tlachinollan presentaron una queja ante la Profepa, sin embargo les respondieron que requerían las coordinadas de los terrenos.

La expulsión de las empresas gravilleras

“Las autoridades han permitido que a través de permisos o concesiones se da cancha libre para destruir los recursos acuíferos y pétreos que hay en esa parte del río Papagayo y eso afecta la vida agrícola de las comunidades”, señaló Barrera Hernández, quien agregó que la expulsión de las gravilleras también  ha ocasionado desacuerdos entre integrantes del Cecop, cuando lo importante es preservar el medio ambiente y evitar que haya un linchamiento de las autoridades.
Entre los desacuerdos que existen, según expuso el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, es la denuncia en su contra por agresiones del opositor a La Parota, Jacinto Solís, de quien denunció que “trabaja para el gobierno desde que inició el movimiento, él pasaba información al gobierno”, y una de las molestias fue porque se cerró la gravillera la cual apoyaba.
Cuando se trató el tema de las denuncias de Jacinto Solís, Suástegui Muñoz indicó que los resultados que han tenido es muestra de que “no nos estamos equivocando”, y se refirió a otros dos opositores, entre ellos el otro vocero del Cecop, Felipe Flores Hernández, de quien dijo que esté o no con ellos buscarán que la comunidad a la que pertenece, Garrapatas, los siga apoyando, debido a que no a participado en las asambleas de los  últimos ocho meses.
“El Cecop no está despedazado como la CRAC, aquí somos un solo grupo, no cada uno tiene su grupo, creen que a mí no me dan ganas de salir y responderle que no están con el Cecop, de que han recibido lana de Marín, sobre todo Benito”, expuso Suástegui Muñoz en relación a los que consideró  compañeros de lucha, los cuales precisó no han asistido a las reuniones.
Abel Barrera le dijo al vocero que deben de trabajar con las comunidades separadas del movimiento pensando en el proceso de elección del comisariado de los Bienes Comunales, en donde sólo participan los registrados como comuneros; “deben de hacer trabajo de reconciliación hasta donde se pueda”.
En el tema de la reconstrucción de las comunidades, especificó que deben de tener un mecanismo de relación con las autoridades y acordaron, luego de que se informó que ya se tenían las firmas para avalar la demanda contra la CFE, consultar a un valuador para que estime el monto de las pérdidas por la creciente del río después de la ruptura de la presa La Venta.
De las órdenes de aprehensión contra comuneros emitidas el 8 de noviembre por la denuncia hecha por la CAPAMA por el supuesto bloqueo de las instalaciones del sistema Papagayo 2, el 24 de septiembre, el abogado Rogelio Téliz García informó que el Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo para que el Juzgado Segundo Penal cancele la orden por ataques a las vías de comunicación y emita otra donde determine cuál fue la participación de Suástegui Muñoz en el hecho. “Consideramos que debe de negar la orden de aprehensión porque no hay pruebas”.
De la emboscada contra policías comunitarios por los que fueron detenidos, los hermanos Bailón, Rogelio Téliz indicó que solicitaron el expediente donde se reclasificó el delito de tentativa de homicidio por lesiones y daños y por ello salieron libres con el pago de una fianza de 37 mil pesos, sin embargo todavía están sujetos a proceso penal por ello es que Tlachinollan pedirá un aumento de fianza porque el pago que hicieron no garantiza el costo de los daños ocasionados, principalmente por la cirugía que todavía no le han podido hacer al Lorenzo Ángel Lázaro, el policía comunitario herido.