Tlachinollan

Inequidad, racismo y exclusión

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Para los pueblos de la Montaña, la fiesta de San Marcos, representa el inicio de la temporada de lluvias. El día 24 de abril los sabios y sabias de las comunidades Me phaa, Na savi y Nauas, suben a los cerros para presentar la ofrenda a San marcos, cuya imagen simboliza la deidad prehispánica de la Lluvia o el Rayo. El 3 de mayo, día de la santa Cruz, bajan las cruces que están en los cerros y las que están en los caminos para llevarlas a bendecir a la Iglesia. Este símbolo cristiano adquiere una connotación muy especial para las comunidades indígenas, porque son las protectoras de los campos de cultivo, las que trabajan para que no llegue el viento malo y el granizo no destruya las plantas del maíz. Es la fecha en que aparece el jaguar en los cerros más altos, que representa la deidad de la lluvia. Bajan al pueblo para ritualizar la pelea cósmica en la que ofrendarán su sangre para que la lluvia caiga.
Se trata del tiempo sagrado, donde la comunidad entra a un nuevo ciclo de lluvias presentando a las potencias sagradas sus mejores ofrendas, para que brote la planta del maíz y el hambre no cause estragos a las familias que dependen del trabajo del campo. Los tlacoloreros salen de las cuevas, son los hijos del viento que anuncian la llegada de las lluvias con el estruendo del rayo, que estalla con el accionar de sus chirriones. A las cruces las visten de gala con grandes cadenas de flores amarillas y rojas que aparecen relucientes en medio de un paisaje desolador, quemado por el sol y semiderruido por la devastación ecológica y el olvido gubernamental.
La lucha contra el hambre no solo se circunscribe al trabajo agotador que realizan en terrenos ariscos y erosionados, tanto los niños, niñas como los padres, madres, abuelos y abuelas que conforman la familia extensa en la Montaña, sino que es una lucha titánica que la llevan al campo ?sagrado y a la arena de la confrontación con los poderes públicos que se han transformado en los peores enemigos de quienes luchan a brazo partido en los tlacololes para derrotar el hambre.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno en lugar de resarcir la multiplicidad de daños que causaron las tormentas de septiembre, les regatean a las familias damnificadas los apoyos más elementales. Los tratan como si fuesen seres inertes que han perdido su dignidad como personas. Les entregan apoyos nimios por compasión y sin indagar si lo que proporcionan es lo que realmente necesitan las familias damnificadas. La petulancia de los funcionarios y funcionarias profundizan el trato inequitativo, remarcan las formas nefastas del racismo y causan grandes ofensas a la población por su insensibilidad e insensatez.
La preocupación central de quienes nos gobiernan no está en las familias damnificadas, sino en la disputa por los recursos financieros, sobre quiénes van administrar el dinero. Los presidentes municipales, ante los candados que les ha impuesto la Sedesol federal para el manejo del ramo 33, ya pegaron el grito, argumentando que las comunidades indígenas les reclamarán y tomarán los ayuntamientos porque no podrán cumplir con los compromisos contraídos. Más allá de que existan razones legales y políticas para exigir al gobierno federal, que los ayuntamientos manejen de manera autónoma los recursos públicos que les corresponden, la realidad es que los presidentes municipales siempre han ignorado a las comunidades indígenas y las han utilizado como mero pretexto para extraer más dinero de las arcas públicas. No hay en la Montaña un presidente municipal que haya atendido como se merece a las familias damnificadas. En todo momento se friccionaron con la población porque no estuvieron dispuestos a compartir los recursos de sus municipios para destinarlos a la ayuda humanitaria. Los apoyos y recursos que les llegaron los usaron de manera facciosa y pendenciera, como si ellos fueran los dueños absolutos de lo que recibían de otras instituciones públicas y privadas. En los momentos más críticos, los presidentes municipales les dieron la espalda a las familias desplazadas, como sucedió en los municipios de Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, San Luis Acatlán, Copanatoyac, Zapotitlán Tablas y Tlapa. Fue por la presión del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (Consejo), como se logró que las autoridades del Estado se hicieran eco de las demandas de la población damnificada.
El gobierno federal se ha caracterizado por darle trato preferencial a los centros turísticos, no tanto a las familias damnificadas de las colonias pobres, sino a los grupos económicos de gran relevancia en el estado. Hasta la fecha el trato inequitativo y excluyente que el gobierno federal le ha dado a las comunidades indígenas sigue siendo el sello característico para los pueblos de la Montaña. No se ve a las comunidades como interlocutoras legítimas, más bien se les relega e ignora. El trato que reciben ?es inequitativo, siempre están supeditadas a las directrices centrales y burocráticas.? Les aplican los programas nacionales a rajatabla, haciéndoles sentir que son privilegiadas por estar dentro del presupuesto. Las propuestas que han emanado del Consejo, han sido ignoradas y descalificadas, resaltando que son planteamientos que solo sirven para promover el intermediarismo y reforzar el asistencialismo, como sucedió con la propuesta “para que llueva maíz en la Montaña”.
Fue el gobierno del estado el que supo valorar y dimensionar la importancia de este planteamiento que emergió desde la base comunitaria. Esta experiencia es inédita, porque se ha implementado un modelo de atención directa a las comunidades indígenas, sin que tenga que pasar por el filtro o control de los presidentes municipales. Las comunidades han sido capaces de organizarse para hacer llegar el maíz a todas las familias, asumiendo el compromiso no solo de comprobar esta entrega con documentos confiables sino de realizar trabajos comunitarios orientados a rehabilitar sus terrenos para volver a sembrar maíz o realizar trabajos que son prioritarios para la reconstrucción comunitaria. En este segundo mes la CDI otorgará? los recursos financieros para la compra de granos que se entregarán en las próximas tres semanas a las 16 mil familias que forman parte de este Consejo. Será muy importante que los directivos de la CDI constaten cómo las comunidades a través de sus comités han podido reorganizar los trabajos y rehacer la vida a partir de la dotación extraordinaria de granos básicos, como la plataforma que les permita trabajar en la recuperación de sus suelos y el cuidado de sus semillas y saberes tradicionales.
Lo que preocupa en la región es el descuido que hay en la reconstrucción de puentes y carreteras. Es inconcebible que ante la llegada inminente de las lluvias no se inicien obras importantes que el mismo presidente Enrique Peña Nieto anunció, como la ampliación de la carretera Chilapa-Tlapa y la reconstrucción del tramo de Tlapa a Metlatónoc. No sabemos por qué la secretaría de comunicaciones y transportes no atienda esta instrucción presidencial que es de suma importancia para la población de la Montaña. Lo mismo sucede con los puentes que están caídos y que ha sido motivo de movilizaciones y bloqueos carreteros por parte de las comunidades de la región de la Cañada y de la región de Ba thaa, que se encuentra enclavada en los municipios de Tlapa, Metlatónoc y Cochoapa el Grande. La carretera mal hecha y que quedó inconclusa es la de Metlatónoc en dirección a Tlacoachistlahuaca, no solo está destruida sino que es una obra que causó muchos daños a la población porque tiraron sus casas, sus lugares sagrados y manantiales, a punta de amenazas por parte del anterior presidente municipal de Metlatónoc. La gente de este municipio quedará incomunicada en esta temporada de lluvias, con las comunidades de la Costa Chica por el puente que se colapsó en Valle hermoso. Estas comunidades han sido relegadas por la mayoría de las dependencias, porque a pesar de que en Zapote Cabezón y Valle Hermoso varias familias perdieron sus hogares, no aparecen en ningún censo para poder reubicarlas y construir sus viviendas. Como siempre son los invisibles, los que no tienen voz ni rostro, los más olvidados.
El anuncio de la secretaria Rosario Robles de que las familias indígenas que lleguen a tener más de tres hijos ya no podrán contar con el apoyo del programa Oportunidades, muestra una visión equivocada sobre el modo de vivir de las familias indígenas y sobre las razones profundas sobre el número de hijos que procrean. Da por hecho que las mujeres optan por tener más de tres hijos para recibir más dinero de Oportunidades. Se trivializa y se denigra la dignidad de las mujeres indígenas. Su pobreza no las vuelve mujeres inferiores, como si no razonaran y no tuvieran las mismas capacidades, sabiduría y visión para enfrentar los retos que enfrenta toda familia. Oportunidades ha cosificado a las mujeres, las ha transformado en parias de un sistema que no respeta el modo de vivir de las familias indígenas, ni respeta su ethos y su cosmovisión propias. Las mujeres de la Montaña sin el programa Oportunidades han demostrado ser capaces de sacar sus hijos adelante, de luchar por sus derechos, de defender los derechos de su pueblo, de pelear contra quienes atentan contra su dignidad y de alcanzar la justicia en el plano internacional. Su dignidad vale más que cualquier programa gubernamental que las denigra y discrimina.