Se niega el gobierno de Aguirre a reconocer que criminaliza la lucha social, acusa el MPG

*Insiste en el regreso de los presos de la CRAC al estado mientras se discute la ley de amnistía

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el marco del Día Internacional del Preso Político, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) denunció que en la discusión de la propuesta de ley de amnistía, el gobierno del estado se niega a aceptar que en Guerrero se criminaliza y se persigue a los luchadores sociales.
En conferencia de prensa, una comisión representativa del MPG demandó que, mientras se discute esta iniciativa por la libertad de los luchadores sociales y defensores en prisión, se regrese a Guerrero a tres integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), presos en penales fuera de Guerrero, para que tengan una adecuada defensa y sus familiares tengan la oportunidad de verlos con regularidad.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, señaló que, con voluntad política, el gobernador Ángel Aguirre Rivero puede pedir el regreso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, del promotor de la CRAC Gonzalo Molina González y de Arturo Campos Herrera, presos en cárceles federales en Nayarit, Oaxaca y el estado de México, respectivamente.
Indicó que desde la perspectiva de los derechos humanos, la mayor parte de los dirigentes en prisión (entre 40 o 50 que tienen identificados), deberían estar libres porque fueron castigados luchando por el cumplimiento de garantías individuales.
De la propuesta de ley de amnistía, indicó que han tenido diferencias porque el gobierno no acepta que en Guerrero se criminaliza y se persigue a los luchadores sociales.
Estas diferencias indicó que son en dos sentidos, primero que las organizaciones exigen que se reconozca que Guerrero vive una situación de abandono y marginación de diferentes sectores, lo que ha motivado que éstos se movilicen para exigir el cumplimiento de estos derechos.
Sin embargo, “el gobierno difícilmente va a aceptar que la marginación se debe a falta de políticas públicas que atiendan y resuelvan los derechos humanos incumplidos, y que hasta ahora es lo que provoca la movilización. Eso implicaría reconocer que la mayor parte de la gente de las organizaciones que está en la cárcel, lo está precisamente por su actividad dentro de la organización”.
También informó que demandan que en la ley de amnistía se incluya a aquellas personas señaladas en averiguaciones previas por su activismo, y citó el caso de estudiantes de normales que exigen el derecho a la educación, y que por la falta de respuesta positiva a sus demandas se han movilizado con marchas, bloqueos y toma de edificios.
La otra diferencia con las autoridades es que sólo quieren incluir a quienes no hayan cometido delitos graves, pero la mayoría de ellos fueron acusados por privación a la libertad, que se equipara con secuestro, o robo agravado; “por eso decimos que el gobierno ha hecho reformas constitucionales y penales que llevan a judicializar las demandas de defensores de derechos humanos”, dijo Manuel Olivares.
De la conmemoración por la libertad del preso político, recordó que desde antes de la guerra sucia, en Guerrero se han registrado víctimas de desaparición y encarcelamiento, y a pesar de que muchos ni siquiera tuvieron que ver con los movimientos de insurrección, sí fueron víctimas de la represión.
En este tenor, los representantes del MPG insistieron en la libertad de presos políticos, particularmente de cuatro representantes de la CRAC y seis policías comunitarios, porque si tienen que vivir un proceso penal por decisiones políticas, también deben ser liberados por una decisión de gobierno.
En ese sentido, exigieron que la ley de amnistía beneficie a todos los que sean reivindicados como presos políticos, y en tanto se define la iniciativa, insistieron en el retorno a Guerrero de los integrantes de la CRAC presos en penales de otro estados, “porque al estar en otro lugar, claramente se ve una decisión política de hacer escarmentar, de inhibir la organización y la lucha social”, dijo Olivares.
Una joven que se identificó como consejera de la CRAC, señaló que los integrantes de la Policía Comunitaria también son defensores, y para confirmarlo recordó que el sábado pasado, Nestora Salgado García recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, a través de su hija en Cuernavaca, Morelos.
De Molina Gonzalez y Herrera Campos, informó que su situación es diferente a la de Nestora Salgado, porque sus familias son de escasos recursos y no pueden visitarlos; sólo se comunican con sus esposas telefónicamente y se escriben cartas.
Olivares añadió que el ingreso a penales de mediana y máxima seguridad implica vejaciones para los hombres y mujeres que ingresan como visita, lo cual lesiona la dignidad y los derechos de las familias, “por eso exigimos como MPG que la ley de amnistía avance lo más rápido posible, o al menos los que se encuentran en penales fuera del estado sean regresados a Guerrero, para garantizar una mejor defensa y una visita más continua”.