Se adelanta Aguirre y entrega al Congreso el proyecto de reforma para despenalizar el aborto a las 12 semanas

Entrega Aguirre al Congreso el proyecto de reformas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas

*Plantea reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del estado. “Es un asunto por encima de las religiones” y busca “garantizar los derechos de las mujeres guerrerenses”, subraya el gobernador. Guerrero sería el primer estado en aprobar una iniciativa de esta naturaleza, destaca la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera

Fernando Hernández

Chilpancingo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero firmó y entregó ayer al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, un conjunto de iniciativas de reformas encaminadas a despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Se trata de reformas al Código Penal del Estado y a la Ley de Salud, que desde ayer ya están en manos del Congreso local para ser discutidas y  en su caso aprobadas o rechazadas.
El paquete de propuestas legislativas también fue suscrito por el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el procurador Iñaky Blanco Cabrera, la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, y el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Cornelio  Bueno Brito, quien acudió en representación del secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso.
En la Sala Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno, Martínez Garnelo sostuvo que las iniciativas que fueron enviadas ayer al Congreso incluyen modificaciones a los artículos 116, 117, 118, 119 y 120 del Código Penal del Estado.
En el artículo 118 del código penal se indica que a “la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le aplicara de uno a tres años de prision”.
En tanto que el artículo 120 indica que las sanciones para los médicos que practiquen interrupciones de embarazos la pena podría ser hasta de una suspensión de más de cinco años en el ejercicio de su profesión.
Rosario Herrera calificó la firma de las iniciativas como algo histórico, “porque en nuestro país este tema ha sido tabú, ha sido un tema que los gobiernos estatales no se han atrevido a legislar y no es porque no exista la demanda o el problema de salud pública en las entidades federativas, sino porque el problema moral lo han puesto por encima del Estado laico”.
“El hecho de que Guerrero pueda ser el primer estado que pudiera aprobar esta iniciativa va a tener por supuesto repercusiones en otras entidades federativas en favor de las mujeres y en favor de los derechos humanos consagrados en el artículo primero constitucional”, dijo la secretaria de la Mujer.
Recordó que desde 1979 hay una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que fue signada por el Estado mexicano y que tiene que ver con “las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo”.
Y llamó a los diputados a que apoyen las iniciativas porque quienes están muriendo son “las mujeres más pobres del estado de Guerrero”, población que está concentrada en los pueblos indígenas de las naciones nahua, mixteca, tlapaneca y amuzga.
En el Congreso del estado sólo la diputada panista Delfina Concepción Oliva ha rechazado abiertamente la iniciativa para despenalizar el aborto, que fue impulsada por mujeres activistas y académicas.
El pasado 18 de marzo Delfina Concepción Oliva anunció la formación de un frente para evitar la aprobación de la despenalización del embarazo, en sintonía con la postura que ha asumido sobre este tema el Partido Acción Nacional (PAN), de tendencia conservadora.
Rosario Herrera indicó que se pretende que la práctica de la interrupción del embarazo en Guerrero antes de las 12 semanas de gestación se haga mediante la colocación de dos pastillas en la boca, y “no es como se ha estado distorsionando la información. Es un aborto de una forma sencilla y queremos destacar que estamos a favor de la vida, no estamos en contra de ella y tan es así que esta iniciativa tiene otra contraparte”.
Explicó que se establece que aquellas mujeres que sean “obligadas a abortar, también los agresores van a ser sancionados de acuerdo con esta reforma”.
“Puede ser por violencia física o psicológica que las mujeres van a abortar, cuando la pareja no desea el producto queremos que las mujeres decidan sobre su cuerpo”, acotó.
A la pregunta de cómo se habrán de preparar para hacer frente a eventuales protestas promovidas por los sectores ligados a la Iglesia Católica, que han manifestado su oposición a la despenalización del embarazo, el gobernador Angel Aguirre dijo que “yo les compartí a algunos de los obispos, particularmente al arzobispo con sede en Acapulco, Carlos Garfías. Evidentemente ellos no están de acuerdo, somos respetuosos de la diversidad religiosa, lo seguiremos siendo pero este es un asunto que está por encima de las religiones, nosotros seguiremos manteniendo de forma invariable esa postura de respeto a la diversidad”, abundó.
“Pero mi obligación constitucional como gobernador es ante todo preservar y garantizar los derechos de las mujeres guerrerenses”, dijo Aguirre Rivero.
En declaraciones al concluir la firma de las iniciativas la secretaria de la Mujer argumentó que los médicos tanto del sector público como de la iniciativa privada se pueden negar a practicar los procesos de interrupción de embarazo, toda vez que el personal médico se podría acoger a la figura de objeción de conciencia, que es el derecho que tienen en los centros de salud a rechazar llevar a cabo abortos.
Un tema pendiente en el paquete de iniciativas es el caso de mujeres que son menores de edad, si para poder abortar tendrán que obtener el consentimiento de los padres.

El PRI votará en contra de la iniciativa, adelanta la diputada Julieta Fernández

*Las posturas personales no pueden llevarse al Congreso, porque “hay un problema social más allá de mis convicciones”, dice la perredista Abelina López

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Diputadas locales del PRD, PRI, MC y PVEM afirmaron que conocen su trabajo como legisladoras y que no antepondrán creencias religiosas ante los problemas sociales o de salud pública.
Contestaron así el llamado del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien les pidió que “no les vaya a salir lo religioso” al momento de discutir la iniciativa de decreto para despenalizar el aborto.
La perredista Abelina López Rodríguez afirmó que de manera personal no se practicaría un aborto, pero reconoció que hay un problema social originado por la desigualdad social, y dijo que es más fácil que las mujeres indígenas sean juzgadas y condenadas por interrumpir su embarazo.
Dijo que tiene claro que las posturas personales de los diputados no pueden llevarse a la discusión o a una definición ante el pleno del Congreso, porque “hay un problema más allá de mis convicciones”.
Vamos a dejar claro que hay una problemática social que no podemos ignorar, “cuántas encopetadas no abortan, y acaso ¿han ido a la cárcel?, no, porque tienen dinero para abortar, pero las indígenas y las mujeres pobres no pueden hacerlo y si lo hacen son condenadas”, pero afirmó que tendrá que conocer la iniciativa del gobernador, a la que “seguramente” realizarán modificaciones, e insistió en que será en el debate donde definan su voto.
La priista Julieta Fernández Márquez respondió al gobernador que la religión de cada legislador no tiene “nada que ver” en las decisiones que tomarán en la votación sobre la despenalización del aborto.
La diputada insistió en que se deben hacer foros de consulta para que la decisión que se tome en el Congreso local lleve el consenso de la ciudadanía, aunque adelantó que no hay probabilidades de que la fracción del PRI cambie su postura “a favor de la vida”, aunque no quiso afirmar que están en contra de la despenalización del aborto.
La diputada por Movimiento Ciudadano, Laura Arizmendi Campos, reconoció que es un tema que no han discutido en su fracción, aunque adelantó que a nivel nacional su partido está de acuerdo en la despenalización del aborto y esa posición podrían replicarla en el Congreso local con el voto de los cinco diputados de MC.
Comentó que han tenido reuniones con personal de la Secretaría de Salud (Ssa), que les han explicado que el procedimiento para interrumpir el embarazo no es “como tradicionalmente lo imaginamos, tan grave”, sino que es un tratamiento a base de medicamentos.
Para la aprobación de esta iniciativa dijo que tendrían que dejar establecidos ciertos candados para que no se utilice “como libertinaje”.
Karen Castrejón Trujillo, diputada por el PVEM, también reconoció que el aborto clandestino representa un problema de salud, por lo que propondrá que las modificaciones que se puedan realizar en el sentido de despenalizar la interrupción del aborto estén de la mano con una política integral en el sector salud.
“Es un tema de salud y de prioridad para las mujeres en el estado”, dijo, y agregó que aunque las estadísticas no son graves es una práctica que se da y “nosotras tenemos que velar por ellas”.
Dijo que en cuanto llegue la iniciativa al Congreso “y la tengamos que aprobar como seguramente pasará”, se tendrán que hacer modificaciones en el sector salud, y reforzar los mecanismos para que se cumplan los causales para la interrupción del embarazo, como es la violación.
Explicó que a pesar de que el aborto está permitido por causas como la violación, malformación del producto o si está en riesgo la vida de la madre, esto no se cumple, sobre todo en el primer caso, porque los ministerios públicos no cumplen con su trabajo y no dan la orden a la Ssa para interrumpir el embarazo.
Karen Castrejón recordó que la línea de su partido a nivel nacional es “a favor de la vida” y que no se han pronunciado por despenalizar el aborto, “sin embargo en mi condición de mujer y al ver realmente la situación que hay, puedo adelantar que es un tema a discutir”.
Aunque insistió en que antes de la despenalización se debe reforzar el sistema de salud, porque el gobierno del estado no ha contemplado la disposición de la Ssa y la capacidad que tenga.
Dijo que es necesaria una reforma integral a la ley de salud del estado.