El gobernador dijo que apoyaría a la Iglesia católica, afirma obispo

*Alejo Zavala, de la diócesis de Chilpancingo, asegura que Aguirre se comprometió con los cuatro obispos de Guerrero en una reunión

*“Es algo muy desagradable lo que nos hizo”, reclama

*La iniciativa dice que después de 12 semanas de gestación se castigaría a las mujeres que aborten pero no con cárcel, sino con trabajo comunitario, revela la feminista Garfias

*Comenzó en el Congreso el proceso legislativo para la despenalización

“Es algo muy desagradable lo que nos hizo” Aguirre, reclama el obispo de Chilpancingo

*El gobernador apoyó a la Iglesia católica cuando los cuatro obispos nos reunimos con él, afirma Alejo Zavala. Buscarán reunirse con diputados para solicitarles que voten contra la despenalización del aborto

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro, rechazó de manera contundente la iniciativa de despenalización del aborto que analiza el Congreso local, anunció manifestaciones pacíficas de católicos y dijo que el proyecto obedece a interes de empresas trasnacionales.
En conferencia de prensa realizada en la casa diocesana de Villa Lucerna, Zavala dijo que los obispos promoverán “la oración para que conceda a nuestros gobernantes sabiduría y valor para defender la vida, para que rechacen iniciativas que propicien el desprecio de la vida humana”.
Recordó que los obispos de Guerrero –el de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga,  el de Ciudad Alta-mirano, Maximino Martínez Mi-randa, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, y él mismo–, tuvieron una reunión con el gobernador Ángel Aguirre, quien expresó en ella su apoyo a la Iglesia católica.
“Nos enteramos de esta noticia y la verdad nos sentimos desconcertados porque esto es algo muy desagradable, lo que él nos hizo”, afirmó.
Durante la conferencia subrayó que espera que los diputados “legislen a favor de todo aquello que propicie un ambiente cada vez más propicio para vivir de manera digna”.
Dijo que los obispos se acercarán a presidentes municipales y diputados para concientizarlos de que son representantes de ciudadanos que “defienden la vida humana desde la concepción hasta la muerte” y manifestarles las razones de la postura de la Iglesia católica.
El decreto de reforma al Código Penal del estado que presentó el Ejecutivo propone que las instituciones públicas deban proceder a la solicitud de una interrupción del embarazo “en forma gratuita y en condiciones de calidad”, siempre y cuando ésta sea antes de las 12 semanas de gestación.
El obispo manifestó que la despenalización del aborto satisface intereses de empresas transnacionales de Francia, Alemania y Estados Unidos, que presionan a diversos grupos políticos y empresariales del país para que se legisle.
Anunció que los católicos se manifestarán en diversos foros de manera pacífica y pedirán a los diputados católicos que asuman su compromiso en defensa de la vida; además, lamentó que el gobernador no haya consultado a los obispos a  pesar de que mantenían un diálogo constante.
Alejo Zavala no descartó la posibilidad de reunirse con diputados locales para hacerlos desistir de la aprobación de la propuesta del gobernador
Durante la conferencia, se le preguntó sobre si se excomulgaría a las mujeres que se practicaran un aborto cuando fuera aprobada la iniciativa del gobernador, y Zazvala respondió: “Depende de la gravedad del acto, y ver si en realidad queda excomulgada, no toda la mujer que aborta queda excomulgada, hay ciertas cosas que deben ser tomadas en cuenta”.
Otro reportero le preguntó al obispo si existía la posibilidad ante el derecho canónico de excomulgar al gobernador Ángel Aguirre Rivero por la iniciativa “de muerte” que presentó al Congreso.
El obispo Alejo Zavala declinó responder, regresó a ver al  juez del tribunal eclesiástico, el sacerdote Pablo Alarcón Velázquez, quien explicó que se puede dar el proceso, y puede ser iniciado por cualquier ciudadano sea religioso o no, pero que la diócesis de Chilpancingo-Chilapa aun no lo tenía considerado ni analizado.
“Ha habido alguna recomendación, está de por si a nivel universal, la recomendación a los legisladores católicos de evitar el promover este tipo de practicas, no se ha hecho una declaración tal cual de que ellos sean excomulgados pero si es una cosa así pesante en la consciencia de un católico el promover este tipo de cosas, aquí apelamos a la conciencia de cada uno de los legisladores”, agregó.

Después de 12 semanas de gestación, el aborto será penalizado pero no con cárcel

*El castigo para la mujer no sería la prisión, sino hacer trabajo comunitario, afirma la feminista María Luisa Garfias Marín. Serán necesarios nuevos lineamientos para los servicios estatales de salud, anticipa la activista

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La reforma al Código Penal que envió el Ejecutivo al Congreso del Estado, indica la penalización del aborto sólo después de las 12 semanas de gestación, salvo en las causas que indica el mismo ordenamiento y dos nuevas, cuando el embarazo ponga en riesgo la salud o la vida de la madre, pero el castigo no será prisión, sino trabajo comunitario, explicó la feminista María Luisa Garfias Marín.
Indicó que este criterio no se aplica en el estado, pero así está planteado en la legislación del Distrito Federal, la única entidad del país donde está permitido el aborto antes de las 12 semanas de gestación través de métodos químicos, como se propuso en Guerrero.
Aclaró que si la reforma se aprobara tal cual la envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero a los diputados locales, aún se tendrían que diseñar nuevos lineamientos del sector salud para que los servicios estatales reciban y atiendan a las mujeres que por cualquier razón decidan interrumpir un  embarazo dentro del periodo permitido.
De la propuesta del Ejecutivo, que se consensuó con distintas organizaciones de mujeres del estado, precisó que se trata de dos iniciativas de reforma, una al Código Penal y otra a la Ley de Salud del estado.
En el caso del Código Penal se proponen reformas desde el artículo 116 al 121, del capítulo quinto del aborto, y se hace una redefinición del concepto y del embarazo; “en aborto se dice que es la interrupción del embarazo, y después de la 12 semanas va a ser penalizado”.
Precisó que esta definición se tomó de la jurisprudencia que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2008, a partir de la reforma en el Distrito Federal, para evitar recursos de inconstitucionalidad.
En cuanto al embarazo, señala que es aquella parte del proceso  reproductivo en el cual se implanta el embrión en el endometrio, mucosa que recubre el interior del útero.
Destacó que también se propuso el aborto forzado o provocado, es decir, en contra de la decisión de la mujer, por golpes, violencia intrafamiliar, incluso en un quirófano sin su autorización.
La causa es que se registran muchos casos de mujeres embarazadas que han interrumpido su embarazo por violencia provocada por sus parejas.
Del Código Penal vigente, indicó que el artículo 120 establece sólo dos causales para permitir un aborto, por violación o malformación del producto. Y el 121, qué casos no se van a penalizar, por ejemplo cuando ocurre por responsabilidad de la mujer (cuando se resbala cargando cubetas de agua), “es un evento culposo”.
Y?aseguró que en la iniciativa de Aguirre la penalidad  que se propone para aquella mujer que interrumpa su embarazo después del periodo permitido y de las causales señaladas, será de trabajo en la comunidad. Recordó que el código actual habla de una pena de tres a cinco años de prisión, pero ahora la comunidad sabrá el trabajo que le van a asignar.
Sobre las modificaciones a la Ley de Salud, informó que se establecen campañas de planificación familiar, el acceso a métodos anticonceptivos, (abasto suficiente, centros de salud y clínicas) porque la educación sexual y la planificación son fundamentales en esta reforma.
También informó que desde 2010, los servicios de salud están obligados a proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo, si un agente del Ministerio Público lo solicita, en el caso de mujeres violadas, y los médicos tienen hasta cinco días para prestar el servicio.
Con la reforma, antes de las 12 semanas de gestación podrían acudir a los servicios de salud a que les proporcionen los medicamentos y la vigilancia médica para la interrupción de un embarazo, pero se tendrían que aprobar nuevos lineamientos en los servicios estatales de salud.
Adelantó que la tarea ahora es fortalecer el cabildeo con los diputados y diputadas para recordarles que su moral es muy respetable, pero tienen un compromiso con la sociedad, de ética, de responsabilidad, y con los derechos humanos.
Recordó que en el Encuentro Internacional de las Izquierdas que se realizó el sábado en Acapulco, los representantes y partidos de esa afiliación acordaron ser consecuentes con lo que establecen los principios de la izquierda democrática, que es el respeto a los derechos humanos, a la libertad de las mujeres a decidir sobre su vida, su cuerpo y su maternidad.

Comienza en el Congreso el procedimiento legislativo para despenalizar el aborto

La iniciativa fue turnada a las comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Equidad de Género. Entre 2000 y 2008 hubo 141 mujeres muertas por cien mil hospitalizadas a causa de abortos, la tasa más alta del país; el promedio nacional es de 48 muertes. En el DF, a partir de la despenalización no se ha observado ninguna muerte en los procedimientos realizados en condiciones legales y seguras

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

En la sesión de ayer se presentó al pleno del Congreso del Estado la iniciativa de decreto por la cual el gobernador Angel Aguirre Rivero propone despenalizar el aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación, bajo la premisa de que las mujeres guerrerenses tienen libertad para decidir acerca de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos.
La iniciativa modifica, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado y de la Ley Número 1212 de Salud.
El proyecto afirma que su objetivo primordial es garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a la libertad, a la autonomía, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la protección de la salud, a la vida y a la integridad física y psíquica, así como garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, a educación sexual y a la interrupción legal del embarazo en las modalidades establecidas por la ley del estado.
Después de su tercer informe de gobierno el 28 de abril, el gobernador Ángel Aguirre se interesó en el tema y el pasado domingo anunció en Acapulco que ya trabajaba el tema y el lunes firmó su propuesta.
Así, rápido, este martes el gobernador envió la iniciativa al Congreso local y los diputados, solícitos, hasta realizaron una segunda sesión para presentarla al pleno y turnarla a las comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Equidad de Género.
Aunque en esta segunda sesión que realizaron a las cinco de la tarde, los diputados Germán Farías Silvestre del PRD y Antonio Gaspar Beltrán, del grupo del gobernador, votaron en contra del orden del día, como una forma de mostrar su rechazo a la iniciativa que despenaliza el aborto. El diputado del PT, Jorge Salazar Marchán, se abstuvo.
Los otros 25 diputados votaron a favor del orden del día, de dos temas: el de la iniciativa del gobernador y el dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para nombrar como alcalde sustituto en Cuetzala a Israel León Tabares.
La aprobación del orden del día de las sesiones sirve para conocer los temas que se abordarán, para dar trámite a la correspondencia, para conocer y discutir proposiciones, para denunciar y para turnar a comisiones iniciativas.

La interrupción del embarazo, problema de salud pública

En su iniciativa, el gobernador expone que el derecho humano a la libertad de elección en cuestiones que afectan directamente la vida y dignidad, está implícitamente relacionado con el derecho a tomar estas decisiones sin coacción de ningún tipo o especie, incluyendo el aspecto normativo.
Agrega el gobernador que esta libertad se traduce en el derecho a contar con marcos jurídicos armónicos a los compromisos internacionales y que además permitan ejercer el derecho a la libertad en un marco de plena autonomía y de reconocimiento de la dignidad humana, fomentando también el principio de igualdad y de no discriminación entre las personas.
El gobernador acepta que entre las acciones pendientes en este tema a nivel estatal se encuentra el de reconocer en la norma el derecho de las mujeres a tomar libremente decisiones que de manera directa afectan su vida o sus planes de vida, y que además les garanticen que el Estado les brindará las condiciones necesarias para ejercer este derecho en las mejores condiciones de salubridad posibles.
Argumenta que “la interrupción del embarazo es un problema de salud pública y los instrumentos internacionales adoptados por México lo obligan a atender este tema y a legislar en consecuencia, de estos compromisos”.
Añade que su gobierno, en congruencia con garantizar los derechos humanos a las mujeres, pone a la consideración del Congreso local su iniciativa para armonizar el marco jurídico estatal a lo señalado a nivel internacional en la materia, atendiendo de esta forma la obligación del Estado en el cumplimiento y garantía en el acceso de los derechos humanos de libertad y salud de las mujeres guerrerenses.
Explica que actualmente la legislación sobre aborto en el estado sólo contempla como causas o acciones no punibles cuando es consecuencia de una violación, de una inseminación artificial indebida; cuando el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada.
Enfatiza el gobernador que con esta nueva codificación se pretende homologar la legislación del estado en la materia, al estándar más alto de protección de los derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con la Constitución federal y los tratados internacionales.
Reconoce que la falta de una reglamentación clara para que las mujeres puedan acceder a los servicios públicos de salud para la interrupción del embarazo en las circunstancias reconocidas por la ley penal, orilla a las guerrerenses a continuar con un embarazo no deseado o impuesto, o incluso a poner en riesgo su vida, su salud e integridad personal al verse obligadas a recurrir a la práctica del aborto ilegal en condiciones insalubres.
La iniciativa también tiene como objetivo reglamentar el acceso a los servicios de salud reproductiva, eliminando los vacíos legales que se traducen en barreras para la prestación de servicios de salud reproductiva, estableciendo las obligaciones a cargo de las instancias públicas de salud en la atención de mujeres que se encuentran en alguno de los supuestos de interrupción del embarazo establecidos en la legislación penal del estado.
Aunque el gobernador acota su exposición: “El complejo debate sobre la interrupción del embarazo no puede prescindir de las evidencias médicas y científicas que se producen en el campo de la salud pública, de la práctica clínica y de la investigación médica. Todas las evidencias epidemiológicas recientes a nivel internacional y nacional, relacionan al aborto inseguro, realizado en un marco legalmente restringido, con elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materna. El estado de Guerrero no escapa a esta realidad”.
En sus datos, el gobernador informa a los diputados que en Guerrero, entre  2000 y 2008, hubo 141 mujeres muertas por 100 mil hospitalizadas, la más alta del todo el país, para un promedio nacional de 48 muertes por cien mil.
Argumenta que para fines comparativos, en condiciones de legalidad y de acceso a servicios seguros, esta tasa llega a ser 80 veces más baja, con apenas 0.6 por muertes por cada 100 mil abortos legales en Estados Unidos; en el conjunto de los países desarrollados se reporta asimismo un promedio de apenas 0.7 muertes por aborto por 100 mil nacidos en vivos.
Añade que en la actualidad, tasas similares se pueden observar en la ciudad de México, donde a partir de la despenalización, no se ha observado ninguna muerte entre 100 mil procedimientos realizados en condiciones legales y seguras dentro de las 12 semanas de gestación, en los servicios públicos de la Secretaría de Salud.
Explica que las reformas propuestas en materia penal resultan insuficientes si no se garantiza que las mujeres que se encuentran en las circunstancias determinadas por la ley penal puedan disfrutar de la prestación de los servicios médicos conducentes, sin barreras de acceso, tanto de carácter económico, jurídico como médico.
Indica que en caso de que no sea garantizado tal acceso, resultan perjudicadas principalmente las mujeres de escasos recursos económicos que, ante la imposibilidad de sufragar los costos de la atención médica que requieren, se ven obligadas a recurrir a personas que carecen de conocimientos médicos o a procurarse a sí mismas la interrupción del embarazo, lo que genera un grave problema de salud pública, como consecuencia de las muertes y afectaciones a la salud de las mujeres.
Por lo anterior, el gobernador propone reformar y adicionar diversas denominaciones y contenidos de las Ley número 1212 de Salud del Estado, para establecer la obligación de las autoridades de salud del gobierno, de proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo, de regular la objeción de conciencia y la obligatoriedad del médico de referir a la paciente, así como el interés prioritario de la capacitación y los programas de servicios de salud para evitar embarazos no deseados o no planeados.
Se establece la obligatoriedad de prestar gratuitamente y en condiciones de calidad, los servicios de atención médica que sean conducentes para la interrupción del embarazo, en los supuestos permitidos por el Código Penal, siempre que las mujeres interesadas así lo soliciten, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las mujeres.
Además, se precisa que las disposiciones de adición que se proponen también resultan aplicables a las instituciones de salud de los sectores social y privado del estado, bajo la consideración de que no se les puede imponer la gratuidad en la prestación de los servicios de interrupción del embarazo, en los casos en que tal interrupción está permitida por la ley, sin que ello implique que no puedan prestar tales servicios en los casos en que así proceda.
La iniciativa, dice el gobernador, considera necesario establecer la importancia de que en el articulado propuesto se integre el derecho de las mujeres a que las instituciones públicas de salud y los profesionales de la salud involucradas en su atención proporcionen información oportuna, objetiva y veraz.

Objeción de conciencia

Una vez garantizado el acceso de las mujeres a la prestación de los servicios médicos para la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos por el Código Penal del estado, la iniciativa establece: “Es necesario reconocer la diversidad ideológica de la sociedad sobre el tema, a través del reconocimiento legal de la objeción de conciencia en la Ley de Salud del Estado”.
“El objeto de este reconocimiento es salvaguardar los derechos humanos de los profesionales de la salud que, por convicciones personales, éticas o religiosas, objeten en conciencia el deber jurídico de interrumpir el embarazo”, explica.
Y añade: “La objeción  de conciencia encuentra su fundamento jurídico en la libertad de creencias o de pensamiento y en la libertad de toda persona de profesar o no la creencia religiosa que sea de su elección, reconocidas como garantías individuales en los artículos sexto y 24 de la Constitución federal, cuya concreción en la vida social se ve expresada en los principios de tolerancia, diversidad y autonomía de la persona, principios que permiten que los individuos manifiesten una pluralidad de creencias en la convivencia social y en el ejercicio de sus derechos, dando lugar a la diversidad ideológica característica de las sociedades democráticas”.
Enseguida el gobernador concluye: “No obstante lo anterior, resulta imperioso establecer un equilibrio entre los derechos de los objetores y los derechos de las mujeres, ya que el derecho a la objeción de conciencia, al igual que los restantes derechos humanos, no puede ser ejercido de manera absoluta”.
Cabe destacar que la iniciativa está firmada por el gobernador Angel Aguirre Rivero; el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, y el procurador general de justicia, Iñaki Blanco Cabrera.
No firma la iniciativa el secretario de Salud y aspirante a gobernador por el PRD, Lázaro Mazón Alonso, a pesar de que aparece su nombre.